El acuerdo de justicia transicional, firmado el pasado miércoles en La Habana, crea una jurisdicción especial para la paz con tres vías posibles para determinar la responsabilidad de los distintos actores del conflicto armado en Colombia.

   La vía "restaurativa" servirá para imponer "restricciones de derechos y libertades" a quienes confiesen su culpabilidad y aporten "toda la verdad" de los hechos. Las sanciones en este caso consistirán "en prestaciones de servicios, como retirada de minas y tareas agrícolas", pero "no habrá una colonia penal".

   La opción intermedia es la de las penas alternativas a la cárcel para "quienes se sumen tardíamente" a la vía restaurativa. "Aquí sí habrá privaciones de derechos y libertades que, en función de la verdad ofrecida, irán sustituyéndose por regímenes abiertos", ha dicho Santiago.

   La tercera vía será para aquellos que se declaren inocentes. En estos casos habrá un juicio contradictorio --como en la jurisdicción ordinaria-- y, si se demuestra su culpabilidad, enfrentarán penas de entre cinco y ocho años de cárcel.

   Interrogado sobre la posibilidad de que los guerrilleros y agentes del Estado que sean responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad --enjuiciados por el TPI-- opten por la justicia restaurativa y eludan la cárcel, Santiago la ha admitido. "Por supuesto", ha dicho.

SIN IMPUNIDAD

   A pesar de ello, el abogado español ha sostenido que el hecho de que los crímenes internacionales no se purguen entre rejas no significa que haya impunidad.

   "Es un sistema construido para acabar con la impunidad y para recuperar la verdad", ha afirmado, recordando en este sentido que la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, "ha dicho que el acuerdo le parece maravilloso".

   Santiago se ha mostrado seguro, además, de que la justicia transicional "sentará un precedente internacional". "A partir de ahora será muy difícil eludir este sistema porque se ha puesto el baremo muy alto", ha destacado.

   Así ha restado importancia a las críticas procedentes de ciertos sectores colombianos sobre la posible impunidad. "Solo son tres voces, las del procurador general (Alejandro Ordóñez), el ex presidente Álvaro Uribe y José Miguel Vivanco (director regional de HRW)", ha sostenido.

"NO SE AMNISTIARÁ EL NARCOTRÁFICO"

   Otro de los puntos polémicos del acuerdo es la amnistía general concedida a los guerrilleros por los delitos políticos y "conexos" que hayan cometido en la guerra interna.

   El asesor jurídico ha subrayado que los delitos políticos son "los actos de rebelión", mientras que los "conexos" son los necesarios "para llevar adelante esta rebelión", es decir, los necesarios para financiar la lucha armada.

   "No se va a amnistiar el narcotráfico", ha dicho tajante. "Exportar cocaína a Estados Unidos para enriquecerse evidentemente no es un delito conexo, pero el gramaje --cobrar un impuesto a cultivadores de hoja de coca-- sí es claramente amnistiable", ha esgrimido.

SIN EXTRADICIÓN

   También ha generado dudas la decisión de Gobierno y FARC de cerrar la vía a la extradición de cualquier actor del conflicto armado, lo que ha irritado especialmente a algunos congresistas de Estados Unidos, donde muchos guerrilleros están acusados de narcotráfico.

   "No va a haber extradición de ningún guerrillero, eso está expresamente previsto en el acuerdo", ha indicado. Santiago ha argumentado que se ha pensado así para evitar que "se oculte la verdad" de lo ocurrido.

   A este respecto, ha señalado que con la Ley de Justicia y Paz del Gobierno de Uribe para la desmovilización de grupos paramilitares "se utilizó la extradición para evitar que los paramilitares contaran la verdad". "Justo cuando estaban dispuestos a hacerlo, los enviaban a Estados Unidos", ha recordado.

BENEFICIOS COLATERALES

  El acuerdo de justicia transicional podría tener efectos no previstos por las partes o, al menos, no buscados en la mesa de negociaciones, que beneficiarán a los guerrilleros y agentes del Estado que ya cumplen condena.

   "Habrá supuestos de personas que estén condenadas y sus delitos no sean amnistiables, que es lo que les va a pasar a los pocos paramilitares y agentes del Estado que están encarcelados", ha apuntado.

   Pero también podría pasar que los reos con delitos amnistiables sean excarcelados inmediatamente o que los condenados por delitos no políticos pidan unirse a la justicia transicional, cuenten la verdad y consigan revisión de sus penas.

Solo el 25% de los colombianos está a favor

de la justicia transicional

Solo el 25 por ciento de los colombianos está a favor del acuerdo sobre justicia transicional suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según una encuesta elaborada por Opinómetro para La W y 'El Tiempo'.

   El 70 por ciento de los interrogados considera que el acuerdo "en modo alguno garantiza justicia y reparación a las víctimas", los objetivos principales de este punto de la agenda de paz.

   En concreto, el 63,2 por ciento está en contra de que los guerrilleros solo cumplan entre cinco y ocho años de penas alternativas a la cárcel si reconocen su culpa, frente al 29 por ciento que apoya el hecho de que suplan la prisión con tareas sociales.

   Para Centro Democrático, que se ha encargado de difundir la encuesta a los medios de comunicación, se trata de "un duro revés para Santos, que no logra que el pueblo colombiano reciba positivamente su acuerdo con las FARC".

   El partido político del ex presidente Álvaro Uribe --uno de los más firmes detractores del proceso de paz-- ha augurado que "con estos datos es muy difícil que los acuerdos puedan ser refrendados", condición necesaria para que surtan efecto.

JUSTICIA TRANSICIONAL

   El acuerdo suscrito este miércoles en La Habana por el Gobierno de Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.

   Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.

   Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.