Jueves, 26 de junio de 2025

Por seis posibles delitos

Manos Limpias estudia personarse en la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre El Musel

El sindicato Manos Limpias ha anunciado este jueves que va a estudiar "de manera inminente" su personación en la investigación abierta desde la Audiencia Nacional por supuestas irregularidades en las obras de ampliación del puerto de El Musel, al considerar que tienen "mucho" que decir y  también aportar "en una de las mayores presuntas estafas de Asturias", según estos.

   Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

   Así lo ha informado a través de un comunicado, en el que se ha congratulado por esta decisión de la Audiencia Nacional. Cabe recordar que, según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

   Manos Limpias, a este respecto, ha recalcado que el sindicato es "parte activa" de que la Audiencia Nacional abra diligencias a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ya que fue su sindicato quien en abril de 2014 presentó denuncia ante la Fiscalía Superior de Asturias, siendo la misma trasladada a la Fiscalía Anticorrupción.

   En esa denuncia ponían en conocimiento de La Fiscalía una serie de supuestos hechos delictivos cometidos por varios cargos públicos, desde el ex presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, o los ex responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach y Luis Díaz Rato, e incluso se mencionaba a ex ministros de Fomento.

   La denuncia fue ampliada el pasado noviembre, por la expropiación de la zona del Alto Aboño, "dónde bajo la excusa de un desmonte con el fin de obtener materiales para la macro obra de El Musel, lo que se hizo fue destruir todo un pueblo, dejando a sus vecinos indefensos y lo que es más grave el material supuestamente no se utilizó sino que se trajo desde otros lugares de fuera de Asturias, lo que ha llevado consigo como es lógico un incremente descomunal en la obra del Puerto de El Musel", se recalca en el comunicado.

   Según Manos Limpias, a través de una gran obra civil, se ha supuestamente "estafado a todos los asturianos, beneficiado a determinadas empresas intervinientes en la obra y finalmente abandonado a decenas de vecinos del Alto Aboño que han visto cómo sus fincas han sido destruidas bajo un pretexto que nunca llegó a cumplirse, ni por asomo".

   "Manos Limpias sólo quiere llegar al fondo de este presunto terrible caso de corrupción, dónde confiamos que el magistrado de la Audiencia Nacional  encargado de este caso, llegue hasta el final, para que los verdaderos culpables, los cuales muchos pensamos quienes son, paguen por lo presuntamente mal realizado", ha incidido.

UNA GRAVE REPERCUSIÓN

   Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez será el encargado de investigar todas estas supuestas  irregularidades, que supuestamente se produjeron en las obras de ampliación del puerto de El Musel, en las que, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se produjeron sobrecostes en la compra de los materiales que podrían motivar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos.

   En un auto fechado el pasado 8 de agosto, el magistrado admite a trámite una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar "las actuaciones de representantes y administradores" de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.

   La Fiscalía justificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, al considerar que podrían tener "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional".


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