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   El mandatario ha asegurado durante una reunión con sus ministros que no dimitirá y que dejará que la justicia siga su curso, lo que implicaría el inicio de un antejuicio en su contra por el caso 'La Línea', según ha informado el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.

   "El fin superior es resguardar la institucionalidad y avanzar en las transformaciones urgentes en lo político y legal", ha dicho el presidente en un mensaje a la nación emitido a última hora de este domingo.

   Pérez Molina, que ha tildado como "graves" las acusaciones vertidas contra él, ha rechazado cualquier vinculación o haber recibido dinero de la trama corrupta del caso 'La Línea'.

   "Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad, mediante el debido proceso, que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos", ha subrayado el mandatario.

   "Entiendo la lógica de los fiscales, pero no hay una línea, son dos y hasta ahora solo ha aparecido la que recibe y no la que paga, sin duda enraizada en el sector empresarial", ha argumentado. Así, ha denunciado la existencia de "una estrategia intervencionista" que quiere tomar decisiones políticas.

   Por otra parte, ha pedido perdón por el escándalo de corrupción, apuntando que no se puede dejar de reconocer que afecta a varios altos cargos cercanos a su persona. "Eso me obliga a pedir una disculpa pública y desde el fondo de mi corazón pedir perdón a los guatemaltecos", ha dicho.

   "En nuestro país, lo importante es que no se rompa el orden de nuestro pueblo, la ciudadanía debe entender que la única manera es elegir a las autoridades es por la vía del voto consciente", ha resaltado.

   "Hago un llamado a que se manifieste esa Guatemala profunda, las organizaciones sociales, rural, plural y diversa; los insto a defender nuestra incipiente democracia, que nos abra el camino a una Guatemala más segura, más justa, más participativa y más próspera", ha remachado Pérez Molina.

NUEVAS DIMISIONES

   Durante la reunión han dimitido los ministros de Agricultura y Salud, Sebastián Marcucci y Luis Enrique Monterroso, respectivamente, uniéndose así a los titulares de las carteras de Economía y Educación de Guatemala, Sergio de la Torre y Cynthia del Águila.

   Monterroso ha explicado que su renuncia llega en respuesta a las "voces ciudadanas" y con la intención de apoyar la legitimidad de las instituciones. Sin embargo, Pérez Molina no ha aceptado estas dos últimas dimisiones.

   Las dimisiones de De la Torre y Del Águila, a las que se sumó la del comisionado para la Competitividad, Juan Carlos Paíz, tuvieron lugar un día después de que fiscales e investigadores acusaran Pérez Molina de estar implicado en un fraude aduanero que llevó al arresto de su exvicepresidenta Roxana Baldetti.

PETICIÓN DE ANTEJUICIO CONTRA EL PRESIDENTE

   La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por Naciones Unidas y Estados Unidos, solicitó a la Corte Suprema un antejuicio contra el mandatario, lo que abriría el camino para que el Congreso decida si le retira la inmunidad a Pérez Molina para poder investigarle.

   La posibilidad del antejuicio surgió el 3 de julio, cuando una comisión de investigación del Congreso decidió --por cuatro votos a favor y uno en contra-- autorizar este mecanismo para esclarecer la implicación del presidente en el caso conocido como 'La Línea'.

   El punto de partida fue la petición cursada por el movimiento político Winaq, que denunció a Pérez Molina por los delitos incumplimiento de deberes, asociación ilícita y encubrimiento propio.

   El incumplimiento de deberes se basa en la designación de su secretario privado, Juan de Dios Rodríguez, como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a pesar de que fue condenado en 2007 por delitos contra la vida y la integridad.

   Los otros dos cargos obedecen a 'La Línea'. Winaq acusa al mandatario de "ocultar la actuación de Baldetti sobre el paradero de su entonces secretario privado Juan Carlos Monzón", ambos imputados por este caso.

LA LÍNEA'

   La trama en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se destapó el 16 de abril gracias a unas escuchas practicadas durante meses por la CICIG y la Policía, según las cuales había una estructura criminal encargada de cobrar sobornos en las aduanas para favorecer la importación de ciertos productos y evitar el pago de impuestos a otros.

   Las escuchas revelaron también que la jefa de esta red de sobornos era una mujer a la que los implicados se referían como 'la señora', 'la dos' y 'la R', lo que condujo las investigaciones directamente contra Baldetti, que tuvo que dimitir el 9 de mayo y este viernes ha sido detenida e imputada.

   'La Línea', junto a otros muchos casos de corrupción, ha hecho tambalearse al Gobierno de Pérez Molina, hasta el punto de que la oposición ha pedido cancelar las elecciones presidenciales del próximo 6 de septiembre al considerar que no se dan las condiciones adecuadas.