Turquía ha despedido o suspendido a más de 80.000 funcionarios, entre los que se encuentran militares, jueces y policías, después de que una facción del Ejército intentara perpetrar un golpe de Estado. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha justificado la purga alegando que los funcionarios suspendidos o despedidos son seguidores del clérigo opositor, Fetulá Gulen.

Gulen, antiguo aliado de Erdogan, vive desde 1999 exiliado en Estados Unidos para evitar la persecución por parte de las autoridades turcas. El Gobierno de Erdogan, que culpa a Gulen por el golpe de Estado, en el que perdieron la vida más de 200 personas, ha solicitado en más de una ocasión al Gobierno estadounidense que extradite al clérigo islamista.

Según Ankara, los seguidores de Gulen han estado durante décadas infiltrándose en el sector público de Turquía, como parte de una conspiración que desencadenó el intento fallido de tomar el Gobierno turco por parte de un grupo de militares rebeldes.

Biden defiende ante Erdogan el derecho de

Turquía a proteger su frontera

El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, ha defendido este miércoles, ante el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el derecho de la nación euroasiática a proteger su frontera con Siria, después de que las fuerzas turcas hayan irrumpido en Siria para apoyar la toma rebelde de la localidad de Jarablus, en manos del Estado Islámico.

En la rueda de prensa que ambos han ofrecido al término de su reunión en Ankara, Biden ha expresado el apoyo de Estados Unidos a la incursión turca, subrayando que la aviación norteamericana ha proporcionado cobertura aérea.

Biden ha afirmado además que Siria debe salir unida de la guerra, en línea con los últimos pronunciamientos de las autoridades turcas, que han advertido de que no permitirán que los kurdos se hagan con una entidad política propia en el país.

Erdogan, por su parte, ha explicado que el objetivo es expulsar al Estado Islámico y a las Unidades de Protección Popular (YPG) --brazo armado del principal partido kurdo de Siria-- de la frontera. "Sea el DAESH o las YPG, son organizaciones terroristas", ha dicho.

Turquía vincula a los kurdos con los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), a los que considera una organización terrorista --igual que la UE y Estados Unidos-- y combate desde hace décadas en el sureste del país.

Sin embargo, los kurdos han sido durante los últimos años la principal arma de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, contra los terroristas del Estado Islámico, que han logrado instaurar un 'califato' en la franja norte de Siria e Irak.

El gran avance que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), coalición rebelde de la que forman parte las YPG, han realizado en las últimas semanas en el norte de Siria ha activado las alarmas de Turquía, que teme que el peso militar de los kurdos sirios les dé la autonomía territorial que reclaman desde hace años para el norte del país.

SIN "EXCUSAS"

Por otro lado, Biden ha intentado rebajar la tensión bilateral por la solicitud de extradición cursada por las autoridades turcas contra el influyente clérigo Fetulá Gulen, exiliado en Estados Unidos, al que Erdogan acusa del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio.

Biden, que ha enfatizado que los implicados en la asonada militar son terroristas, ha asegurado que Estados Unidos tiene a más funcionarios dedicados a valorar la extradición de Gulen que en otras peticiones similares.

"Seguiremos cumpliendo nuestro sistema y, si Dios quiere, habrá suficientes pruebas para reunir los criterios necesarios" para entregar a Gulen, ha dicho. "No tenemos ninguna razón para acoger a alguien que atacaría a un país aliado", ha recalcado.

Erdogan ha considerado que Estados Unidos "no tiene excusas" para no enviar a Gulen ante los tribunales turcos "tan pronto como sea posible". "El acuerdo bilateral requiere la detención de este tipo de gente", ha recordado.

Turquía ha puesto en marcha una purga para erradicar "el virus 'gulenista'" de la sociedad turca que se ha saldado con más de 40.000 detenciones, 4.000 empresas cerradas y 70.000 trabajadores públicos cesados.