El paquete de reformas incluye 26 artículos. La mayoría son progresistas y no han generado ninguna controversia, incluido el artículo que facilitaría la responsabilidad del Ejército ante los tribunales civiles, pero las propuestas de modificación del Tribunal Constitucional y del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HYSK), el organismo del Estado encargado de designar a los magistrados, han disparado las alertas respecto a la independencia del sistema judicial.

   Recep Tayyip Erdogan ha advertido reiteradamente de la necesidad de introducir cambios en la Constitución, aprobada en 1982 después de un período de régimen militar, para reforzar la democracia y aumentar las posibilidades europeas del país.  

  Por su parte, la oposición laica considera que las reformas suponen un intento del Gobierno y de la formación gubernamental, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de hacerse con el control de la Justicia.

El AKP lleva ocho años en el poder, durante los cuales ha gozado de una amplia mayoría parlamentaria y ha consolidado una fuerte base de poder.

   Los sondeos de opinión están lejos de esclarecer la orientación de los votantes y reflejan las fuertes divisiones que existen en este país, mayoritariamente musulmán y candidato a la Unión Europea.

   En todo caso, los resultados del referéndum podrían dar alguna pista sobre las posibilidades reales de Erdogan de gobernar en solitario por tercer mandato consecutivo tras las elecciones generales de julio de 2011.

En 2007, el partido obtuvo el 47 por ciento de los votos, pero el año que viene se presenta más complicado para el AKP y la victoria del no en el referéndum podría ayudar a galvanizar a la oposición.

EL ESTABLISHMENT

   Desde que llegó al poder en 2002, el AKP ha gozado de un periodo de crecimiento económico y de relativa estabilidad, en un país cuya historia reciente está llena de desfalcos financieros y trastornos políticos.  

  El AKP, cuyos apoyos se encuentran sobre todo en una creciente clase media muy cumplidora con el Islam, ha negado que tenga intención alguna de atacar las tradiciones seculares y republicanas de Turquía y se ha comparado a sí mismo con los conservadores partidos cristiano-demócratas europeos.

   El referéndum supone un nuevo choque entre Erdogan y el establishment laico que controla el poder desde 1923, cuando Kemal Ataturk fundó la moderna Turquía. Después de una larga serie de golpes de Estado militares, las reformas promovidas por la UE han recortado los poderes del antaño todopoderoso Ejército, por lo que el sistema judicial se ha convertido en el último reducto de los sectores conservadores recelosos con el AKP.  

  Se da la circunstancia de que el referéndum coincidirá con el trigésimo aniversario del golpe de Estado militar que derivó en una brutal represión, y el Gobierno no ha desaprovechado esta oportunidad. 

  Por ejemplo, Erdogan ha participado en varias manifestaciones en todo el país para reivindicar el papel de la política frente a la fuerza del Ejército, que desde 1960 ha derrocado hasta cuatro gobiernos elegidos democráticamente. Aparte, recientemente fue inaugurado en Ankara el Museo de la Vergüenza,e n el que se exhiben los aparatos de tortura utilizados después del golpe de Estado de 1980.

   Asimismo, la votación supone también una prueba para Kemal Kilicdaroglu, el nuevo líder de la principal formación laica del país, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), un partido que, pese a haber sido fundado por Ataturk, lleva décadas sin conocer el poder.

LA UNIÓN EUROPEA  

  El referéndum podría tener también importantes repercusiones internacionales. Turquía pertenece a la OTAN y ocupa una posición estratégica entre Europa, Asia Central y Oriente Próximo. Desde que gobierna el AKP, el país ha revisado su política exterior y en este periodo ha profundizado sus relaciones con Irán, Siria e Irak y ha enfriado sus relaciones con su viejo aliado regional, Israel.

   En todo caso, la Comisión Europea ha advertido de que quiere permanecer al margen del "intenso debate" previo al referéndum y que no le corresponde "decir cómo deben votar los ciudadanos turcos". Bruselas respetará el voto, sea cual sea, porque representa la voluntad del pueblo, según aseguró este viernes la portavoz comunitaria de Ampliación, Angela Filote.

   Sin embargo, la portavoz ha añadido que el paquete de medidas "podría resolver algunos problemas del funcionamiento de la democracia en Turquía". Para el Ejecutivo comunitario, la reforma constitucional "va en la buena dirección" e incluye medidas reclamadas por la UE, tales como la creación de un defensor del pueblo o la limitación de los poderes de los tribunales.