Viernes, 26 de abril de 2024

en el contexto de crisis actual ?

UGT ve "incoherente" que el Gobierno suba el impuesto de matriculación, que afectará al empleo

En un comunicado, UGT ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que desista en su empeño de intentar incrementar dicho impuesto en el contexto de crisis actual y que apueste directamente por impulsar la recuperación del sector automovilístico español abordando medidas consensuadas con los agentes sociales.

La organización sindical ha puesto el foco en que en los primeros cuatro meses del año las ventas de coches han caído un 13,4% en comparación con 2019, último año antes de la pandemia.

"Se da la circunstancia, además, de que un incremento como el planteado repercutirá en el precio de adquisición de un vehículo entre 600 y 1.500 euros, dependiendo del tramo de emisiones de dióxido de carbono (CO2)", ha lamentado UGT FICA.

UGT entiende que en el momento actual es preciso articular medidas de apoyo a la industria en lugar de optar por encarecer el precio de los vehículos, tal y como están haciendo buena parte de los países europeos. De lo contrario, la media contraerá aún más las ventas y, en consecuencia, afectará a la producción y al empleo.

"Consideramos más oportuno que el Gobierno opte por paralizar la subida del impuesto temporalmente o, en su defecto, por ampliar los tramos de las emisiones, a la espera de que el sector se recupere y alcance, como mínimo, los niveles de matriculación y producción prepandemia. Lo contrario será un error estratégico de consecuencias muy negativas para la industria automovilística en general y para el empleo en particular", ha lamentado el sindicato.

Por ello, no entiende el "cambio de actitud" de las fuerzas políticas y pide que se revierta la subida.

Todo ello después de que este martes el Grupo Parlamentario Socialista del Senado presentase una enmienda para eliminar el cambio del impuesto de matriculación, una iniciativa puesta en marcha en el Congreso de los Diputados por el PDeCAT a través de una enmienda en la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que fue aceptada a finales de mayo con los votos del PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, PRC y el propio PDeCAT, mientras que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra y el PNV se abstuvo.


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