La juez Mercedes Alaya ha aplazado al próximo día 25 la comparecencia para que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado ratifiquen su informe sobre los ERE irregulares y ha justificado que dicha ratificación se haga en su Juzgado y no en el Tribunal Supremo porque la competencia de éste "ha quedado constreñida" a cinco aforados y ella sigue instruyendo la causa en lo relativo a los 266 imputados no aforados, para los que este informe "sigue siendo la pieza fundamental".

   En un auto fechado este martes, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora aplaza la ratificación de dicho informe a fin de que las partes personadas tengan tiempo para estudiarse el 'contrainforme' pericial presentado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y en el que los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago "vienen a contradecir las conclusiones obtenidas" por los peritos de la Intervención del Estado.

   La juez responde en el auto a la petición de suspensión planteada por las defensas del exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro y de los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Antonio Lara y asevera que "no ha lugar a dejar sin efecto la ratificación" del informe pericial presentado por la Intervención del Estado, de manera que únicamente aplaza la comparecencia "para el adecuado estudio" del 'contrainforme' presentado por la defensa de Griñán.

   Al hilo de ello, recuerda que, el pasado 30 de septiembre, dictó un auto acordando "demorar" la ratificación del informe pericial "para que fuera su práctica en su sede definitiva, señalando que este auto fue dictado "una vez había sido remitida exposición al Tribunal Supremo en la que razonaba, entre otros, los motivos que tenía para considerar que la causa era inescindible y que su conocimiento correspondería al Alto Tribunal".

EL INFORME PERICIAL, "LA PIEZA FUNDAMENTAL"

   Alaya añade que, en un auto fechado el 13 de noviembre, el Tribunal Supremo "acordó, entre otros pronunciamientos, la apertura de procedimiento para continuar la investigación sobre los hechos y la posible participación en los mismos de personas aforadas, ordenando que el resto del procedimiento continuara ante los órganos competentes, que es sin duda este Juzgado, sin perjuicio de lo que pueda acordar en su momento el TSJA" tras la exposición razonada sobre los cuatro aforados andaluces que elevó el 22 de enero pasado.

   "Dado que la competencia del Tribunal Supremo ha quedado constreñida, por ahora y sin perjuicio de lo que resulte de la investigación a cinco aforados --los expresidentes Manuel Chaves y Griñán y tres exconsejeros--, y que el resto de la causa con más de 250 imputados, para los que el informe pericial sigue siendo la pieza fundamental, está residenciada por ahora en este Juzgado, no debe dilatarse más la práctica de la ratificación ordenada", argumenta la juez en el auto.

   En esta línea, la juez Alaya recuerda que, en la instrucción de la causa que lleva a cabo el Supremo, y en la cual obra el informe emitido por la Intervención General del Estado, "se ha presentado por la defensa de varios de ellos informe emitido por dos catedráticos de Derecho Tributario de fecha 21 de enero de 2015, que viene a contradecir las conclusiones obtenidas en el informe pericial cuya ratificación se acuerda".

EL INFORME "CONTRADICTORIO" DE GRIÑÁN

   "Por ello, aún sin ser un trámite necesario pero sí conveniente para obtener los resultados más clarificadores de la diligencia ordenada, esta instructora considera apropiada que los peritos de la Intervención se ratifiquen en su dictamen con pleno conocimiento de dicho informe contradictorio, y que las partes asimismo conozcan previamente el contenido del citado informe", dice la juez.

   De este modo, y "habiéndose recibido en el día de hoy --por ayer-- el 'contrainforme' elaborado por los catedráticos a instancias de la defensa de Griñán, la magistrada acuerda darle traslado del mismo a las partes personadas y aplazar al próximo día 25, "y en las sesiones que sean necesarias", la ratificación del informe pericial de la Intervención.

   Cabe recordar que, en su informe, los peritos de la Intervención General del Estado consideraban "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas, de las que se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.

"IRREGULARIDADES"

   Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.

   "A la vista de las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y conforme a lo establecido en el artículo 9. e) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no consta que en el período 2000-2009 el consejero de Economía y Hacienda, en el ejercicio de sus competencias, haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades", señala el informe.