La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha imputado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a once jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía y los ha citado a declarar entre los próximos días 9 y 12 de junio.

   En un auto fechado el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada imputa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta, a quienes cita a declarar la próxima semana, y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril, a quien imputa pero no cita a declarar.

   Así, y además de a María Carril, la juez ha imputado a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez, y a los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García.

   De igual modo, los nuevos imputados son el jefe de servicio de la delegación de Jaén, José Luis Valentín Martos; el jefe de servicio de Almería, Blas Méndez Capel; el jefe de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores; y los jefes de servicio de las delegaciones de Cádiz y Huelva Antonio Juan Vidal Agarrado y José Ángel Gil Flores, respectivamente.

   Alaya ha imputado a todos ellos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".

"OMITIERON" INICIAR LOS EXPEDIENTES DE REINTEGRO

   A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".

   Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".

   En el auto, y "para un mejor esclarecimiento de los hechos que se investigan y determinación de las correspondientes responsabilidades penales", la juez libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informe sobre el cargo de secretarios provinciales y secretarios generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), "con identificación de las personas que los han desempeñado, así como especificación de sus funciones".

   De igual modo, la UCO deberá informar sobre los jefes de servicio de Formación "en la época" de la exdirectora general de Formación María Teresa Florido, que según su declaración judicial fueron María Carril, Alfredo Bolaños, María Cabanillas y Tomás Domínguez. Así, Alaya pide comprobar la "veracidad" de tal afirmación y las funciones desempeñadas por cada uno de ellos, así como que la UCO informe de la identidad de tales jefes de servicio en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.

RESOLUCIONES DE EXONERACIÓN

   Alaya también solicita a la Guardia Civil que se determine el periodo en que ejerció el cargo como jefa del servicio de Formación de la Delegación Provincial de Sevilla María del Pilar Galán Ruiz y que se informe sobre las funciones de los coordinadores del SAE Miguel Sivianes y María Luz Fernández, "periodo de dichos cargos e identificación de otros anteriores o posteriores, así como relación que en su caso pudiera tener el primero" con José Sivianes.

   Además, la UCO deberá completar el estudio de las resoluciones de exoneración abordadas en su último atestado con las aportadas por el Juzgado y las que en su caso aporte la Junta de Andalucía.

   En este atestado, cabe recordarlo, la Guardia Civil elevó a 1.298.722.878,04 euros la cantidad que la Junta de Andalucía habría concedido en ayudas a la formación entre los años 2002 y 2014 sin que se haya justificado por parte de las distintas entidades beneficiarias el destino dado a esas cantidades.

   Por último, y en relación a las comunicaciones emitidas por la Intervención General a los diferentes órganos gestores en materia de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas, "en los que se haya incluido alguna propuesta de reintegro, ya sea total o parcial", reclama a la UCO que recabe de los correspondientes órganos gestores "las fechas de inicio de los expedientes, estado en el que se encuentren y si en alguno de ellos hubiese caducado el derecho de reclamación por no haberse iniciado el correspondiente expediente".

   En este punto, también solicita que "se identifiquen a las personas que ocupaban los cargos a los que iban dirigidas las referidas comunicaciones" de la Intervención General.

   En esta causa, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas --incluidos 13 exaltos cargos de la Junta-- que fueron detenidas el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.

Cita por cuarta vez este miércoles a Juan

Lanzas por el delito societario en

Mercasevilla

  La juez Mercedes Alaya, que investiga presuntos delitos societarios en Mercasevilla, ha citado nuevamente a declarar este miércoles al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas, imputado en esta rama del caso por presunta facturación "falsa" a la sociedad mixta.

   Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, inicialmente, la magistrada había citado a declarar a Lanzas el próximo 10 de junio, pero finalmente adelantó la comparecencia una semana debido a que, ese día, la defensa del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet tiene señalado otro juicio.

   Se trata de la cuarta ocasión en que la juez cita a declarar a Juan Lanzas después de que las comparecencias fijadas para los día 17 de noviembre y 4 de diciembre de 2014 y 15 de mayo de 2015 fueran suspendidas, la primera al coincidir con la operación 'Madeja' y las dos últimas por problemas en la notificación de su citación.

   De hecho, y tras el último intento fallido de tomarle declaración, Alaya acordó mediante una providencia que la citación se realice a través de la Guardia Civil para que no vuelvan a producirse fallos en la notificación de la citación.

   En octubre de 2014, la juez imputó a Lanzas, a su cuñado, Ismael Sierra, al 'testaferro' Juan Francisco Algarín Lamela, a Francisco José González García, excomercial de Vitalia, y a Francisco Limón Romero, éste último como administrador único de la sociedad Hermes Consulting.

   La juez considera que, en virtud de las diligencias practicadas hasta el momento y del informe pericial de la Agencia Tributaria de fecha 30 de octubre de 2013 y sucesivas ampliaciones, "se infiere que se ha producido una supuesta facturación falsa" de las sociedades Maginae Solutions y Hermes Consulting "en connivencia" con la propia Unidad Alimentaria.

   Así, imputó a Juan Lanzas y a su cuñado Ismael Sierra --también imputados en el caso ERE--, éste último como administrador único de Maginae Solutions, por dos facturas y un traspaso a cuenta "del que no existe factura", emitidas por esta sociedad por importe total de 190.048,20 euros "por supuestos servicios que se dicen prestados" por dicha entidad a Mercasevilla, "pero que no son reales pues como se infiere en el referido informe de 30 de octubre de 2013 en ningún caso pudieron ser prestados tales servicios por aquella sociedad".

   Asimismo, imputó a Francisco José González García y a Francisco Limón Romero por la existencia de dos facturas "que han supuesto un gasto total de 55.000 euros en el ejercicio 2008 al que se debe añadir las cuotas del IVA repercutidas en las mismas --8.800 euros-- así como un anticipo de 6.000 euros". Todo ello, según añade, hace un total de 69.800 euros "por supuestos servicios prestados por dicha entidad a Mercasevilla, que en ningún caso pudieron ser prestados por dicha sociedad por lo que se infiere del citado informe".

   La juez también imputó en esta causa al 'testaferro' Juan Francisco Algarín Lamela "por existir indicios suficientes para considerar que las facturas expedidas por éste por importe de 237.138,92 euros en el ejercicio 2004 y 89.468,11 euros en el ejercicio 2005, IVA incluido en ambos casos, no responden a ventas o servicios prestados realmente".