en la que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo a un total 16 personas, incluidos 13 exaltos cargos de la Junta, todas las cuales fueron puestas en libertad con cargos.

   En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la magistrada ha dictado un auto con fecha de este lunes en el que levanta el secreto parcial de las actuaciones que decretó el pasado 13 de febrero tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas" por la Intervención.

   La juez declaró secretas estas actuaciones, que concluyeron con la operación de la Guardia Civil, "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".

   Las mismas fuentes han indicado que, inicialmente, no será hasta la próxima semana cuando las partes personadas en este procedimiento tengan acceso a la documentación afectada por el secreto de sumario, entre ellas la declaración como testigo, el pasado viernes, de un interventor de la Junta de Andalucía que participó en la elaboración de los informes que alertaron de irregularidades y que dieron lugar a la operación 'Barrado'.

   Lo que continúa vigente es el secreto que la juez decretó el día 20 de enero ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

UNA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA SECRETA

   Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".

   En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto.

   En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".

LA OPERACIÓN 'BARRADO'

   Fue el pasado martes cuando los agentes de la UCO realizaron la operación 'Barrado' de manera simultánea en las ocho provincias andaluzas, deteniendo a un total de 16 personas, entre ellas cuatro exdirectores generales de la Junta, nueve exdelegados provinciales de Empleo y tres responsables de dos consorcios de formación, por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.

   Entre los detenidos se encontraban los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla, Aurora Cosano, y Huelva, Eduardo Muñoz, quienes fueron cesados de inmediato.

   Tras su detención, las primeras en comparecer ante la magistrada fueron las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo María José Lara --para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón-- y María Teresa Florido; la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

   A excepción de María Teresa Florido, todas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la juez, quien las dejó en libertad con cargos ya en la madrugada del miércoles.

FIANZA CIVIL DE 6 MILLONES DE EUROS

   A continuación, y en la mañana del miércoles, la instructora dejó en libertad, después de negarse a declarar, a las exdelegadas de Empleo en Sevilla, y Almería, Francisca Pérez Laborda; a la exdelegada del ramo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, y a la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán.

   La Fiscalía Anticorrupción, cabe recordarlo, pidió una fianza civil de más de seis millones de euros para esta última imputada, una cantidad parecida a la que solicitó ya en la tarde del miércoles para el exdirector gerente de este consorcio, José Gutiérrez, quien también quedó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar.

   En la tarde del miércoles también comparecieron ante Alaya los exdelegados provinciales de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas --también imputado en el caso de los ERE irregulares--; Cádiz, Juan Bouza; el de Córdoba, Antonio Fernández; el de Huelva, Eduardo Muñoz, y el de Málaga, Juan Carlos Lomeña, quienes también quedaron en libertad tras negarse a declarar.

"RED DE CLIENTELISMO POLÍTICO"

   En los autos de imputación de todos los exdelegados provinciales de Empleo, Alaya pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".

   Los últimos en comparecer ante la instructora, ya el pasado jueves, fueron el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes y el exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, que se negaron a declarar y quedaron libres, como todos los demás.