En una entrevista concedida a Europa Press, Emilio De Llera ha explicado que, en la actualidad, Andalucía cuenta con una ratio de 10,5 profesionales por cada 100.000 habitantes, inferior a la media nacional situada en un 11,1, así como al promedio europeo, que es del 21,3, según ha explicado.

   "Cada día es más imprescindible incrementar las plantillas de jueces y fiscales, y más ahora con los atascos que están sufriendo todas las jurisdicciones" debido a la crisis económica, ha aseverado el consejero del ramo, que se ha referido por ejemplo a lo mercantil, cuya situación de "enorme" atasco "nos obliga a adoptar decisiones creativas".

   También se ha referido a los juzgados de lo Social, que "están soportando una carga terrorífica para la que no tienen capacidad de respuesta", punto en el que ha precisado que hay juzgados que necesitan de un especial apoyo, pero los medios que tiene la Junta "son limitados".

"PARA DARTE UN EURO SON MUY CICATEROS"

   Y es que, según ha añadido el consejero de Justicia de la Junta, "el Estado nos prohíbe que contratemos más personal de justicia" y al mismo tiempo "no amplía las plantillas de funcionarios", lo que "nos impide crecer".

   Sobre las relaciones Estado-Junta, De Llera ha vuelto a reclamar al ministro del ramo, Rafael Catalá, que haga entrega a la comunidad del dinero recaudado con las tasas, pues la Ley de Tasas "ordena expresamente que el dinero recaudado se destine a la justicia gratuita", pero "se han saltado la Ley que aprobó el propio PP".

   "Para darte un euro, son muy cicateros", ha lamentado el consejero, que ha recordado que la Junta presentó sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Tasas, que "aunque se modificó en 2015 y exoneró a las personas físicas, las mantuvo para Pymes y cooperativas", añadiendo que "machacar a esta gente pequeña no me parece sensato ni justo, por eso mantenemos los recursos".

ASISTENCIA JURÍDICA PENITENCIARIA

   Por otro lado, De Llera se ha referido al restablecimiento el pasado mes de marzo del servicio de orientación jurídica a la población reclusa de Andalucía, algo que fue posible tras la firma del convenio de colaboración con el Ministerio del Interior, como responsable de las instituciones penitenciarias, y los órganos colegiados de letrados.

   "Está funcionando muy bien, estupendamente", ha valorado el consejero de Justicia, agregando que los servicios que se ofrecen con esta asistencia jurídica penitenciaria "pacifican mucho la vida en las prisiones".

   Con este servicio gratuito, se facilita a los internos asistencia sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita.

ABOGADOS ESPECIALISTAS

   La orientación jurídica la llevan a cabo abogados especialistas en materia penitenciaria y en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro.

   El convenio por el que se rige esta prestación gratuita tiene una vigencia de tres años prorrogables y está financiado al completo por la Junta con una dotación inicial de 140.000 euros anuales, una cantidad que se abona en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados.

   En el convenio no se consideran las asistencias de este servicio como guardias, ya que éstas forman parte de la prestación de asistencia jurídica gratuita que ya se encuentra garantizada por la Junta a la ciudadanía que cumpla los requisitos necesarios para ser beneficiaria.