El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha concretado que acudirá a los tribunales para reclamar "medidas cautelares" contra su expulsión de la organización si se agota la vía interna.

   "Con la ley interna en la mano no se puede hacer --IUCM tiene personalidad jurídica propia y él, como cargo público de IUCM, sólo podría ser expedientado por la organización madrileña-- y con la ley externa creo que se está cometiendo un delito contra la participación política en este país", ha señalado en una entrevista a Europa Press, en lo que ha considerado un ataque a sus "derechos constitucionales".

   Tanto él como el portavoz en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, agotarán las vías internas "pero si IU Federal sigue transitando ese camino se puede acabar en los tribunales" porque no va a permitir que se le "difame políticamente".

   A eso añade que en todo el proceso de expulsión se ha seguido el proceso inverso. "Aquí primero se buscaron los reos, luego los criterios, luego la condena y finalmente se hace el juicio, que se hace en una semana", ha descrito.

   Así, explica que el pasado día 13 se le llamó a declarar ante la instructora del expediente, a quien le explicó que no podía acudir por sus obligaciones municipales, la comisión de Urbanismo de la que es portavoz. Volvió a ser citado y después llegó un burofax, fechado en Logroño, pero no señala "ni hora, ni sitio ni día".

   "No sé si quería que fuera a Logroño y que me imaginara la hora en un sitio que se supone que debo conocer por estas paradojas cuánticas", ha ironizado. La instructora cerró el expediente "en una semana, sin trámite de audiencia" e ignorando que tiene un periodo de alegaciones. "Aquí no se ha garantizado ningún derecho durante el proceso", ha remachado.

IRÁ A LA COMISIÓN REGIONAL DE GARANTÍAS

   Lo que tiene claro es que no presentará un recurso al expediente "porque podría ser entendido como una aceptación de la intervención de la Federal". "Tengo una resolución de la Comisión de Garantías regional que me dice que los órganos de dirección deben velar por mis derechos para que no se produzca acoso y que quien puede abrir un expediente en primera instancia es la dirección regional", ha recordado.

   Ahora volverá a dirigirse a la Comisión de Garantías regional para que hagan efectivo sus derechos y para que no se le "acose", el mismo camino que seguirá Gregorio Gordo. También dirigirá una "nota de protesta o de contestación" a la decisión de la Presidencia Federal.

   "Cuando ese proceso acabe, si los compañeros de la dirección federal quieren que sigamos adelante pues seguiremos adelante, pero yo no voy a dejar que nadie diga que yo he tenido que ver o he tenido alguna responsabilidad con el uso de unas tarjetas", ha subrayado.