Merino, que ha declarado como testigo en el juicio por el caso Malaya, en concreto en el bloque de Crucero Banús, ha insistido en que esa representación del también ex asesor de urbanismo "era por delegación del alcalde", por lo que "cualquier requerimiento que él nos hacía por información, asesoramiento o una asistencia a una reunión, efectivamente, se cumplía".   

Según el fiscal, Roca, el ex edil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela sobre la que conseguir, con un convenio, el aumento de edificabilidad y la reducción de los aprovechamientos para el Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas.

   A preguntas de la abogada de Roca, quien ha señalado que el Consistorio cobró 40 millones de pesetas por el convenio, aunque la licencia fue anulada y no se ha devuelto ese dinero, Merino ha indicado que "tal y como se plantea, no hay perjuicio para el Ayuntamiento", pero ha precisado que "hay un contrato incumplido y tendrá que resolverse jurídicamente en la manera que proceda".  

  Sobre este punto ha sido cuestionado también por la defensa del que fuera alcalde de Marbella Julián Muñoz y ha insistido en que "es un hecho cierto que el convenio se firmó, el Ayuntamiento ha ingresado una cantidad de dinero y, sin embargo, lo que el convenio proponía no se ha cumplido".

"Desde el punto de vista que estamos hablando, claro que no ha habido un perjuicio para el Ayuntamiento", ha dicho.    Después de ser interrogado por la defensa de Roca, la Sala ha pedido Merino que comparara los dos convenios que existen para el desarrollo de ese suelo, uno de 1996 con el anterior propietario y otro del 2001, con los cuatro acusados; y, además, que explicara si existía alguna irregularidad entre ambos.

   Al respecto, ha indicado que no ve "más diferencia", además de la altura del edificio que se proyecta o la edificabilidad completa, que "la parte de cesión que le corresponde al Ayuntamiento", ya que "en el segundo incluye un 22 por ciento y en el primero es menor", por lo que ha afirmado que hay en este último hay "más aprovechamientos para el Ayuntamiento".

   Ha considerado que el segundo convenio es "más beneficioso" para el Consistorio por esa cesión. No obstante, a preguntas del fiscal, al que la Sala le ha vuelto a dar la palabra para preguntarle sobre ambos convenios al igual que a las otras acusaciones, ha añadido que en el segundo convenio es "muy baja" la valoración del metro construido.

FUNCIONAMIENTO DEL URBANISMO

   Por otro lado, Merino ha señalado que se inició la obra antes de disponer del proyecto de ejecución y ha dicho que no es la única vez que se realizó así, ya que "hay más casos", aunque "no era práctica habitual". Ha aclarado que era "frecuente" que los informes para la concesión de licencias que hacía el servicio técnico de obras y urbanismo "se retrasaran" porque "había una cantidad enorme", aunque ha dicho que no es justificación para que la obra empezara antes.

   Sobre la práctica de otorgar licencias, ha apuntado que era "de dominio público" y "muy conocido" en Marbella que se hicieran según el planeamiento en revisión. Además, ha indicado que "seguro" la Junta de Andalucía tenía conocimiento de que se otorgaban en Marbella licencias acorde a ese planeamiento en revisión, ya que este organismo "impugnó muchas" de ellas.

   Ha reconocido que hubo reuniones y también "enfrentamientos" del Ayuntamiento con el Gobierno andaluz en relación con el plan, y que, en algunos casos, la relación entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, "a la vista de la práctica que se seguía en el Ayuntamiento, llegó a ser compleja".

   En la sesión de este martes también han sido interrogados los peritos que han analizado el análisis económico de la operación inmobiliaria denominada Crucero Banús, aunque no han terminado de contestar las preguntas de las defensas, por lo que, previsiblemente, continuaran el interrogatorio este miércoles, tras lo que tendrán que declarar agentes que investigaron la operación urbanística.