El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, propone al Ejecutivo una "ley especial y limitada" para permitir la doble nacionalidad a británicos que residan o trabajen en España desde hace 10 años y que las asociaciones cifran en unas 50.000 personas. El total de residentes británicos en España podría alcanzar los 315.000, según la estimación más alta que manejan estas asociaciones.

Eurocitizens (asociación radicada en Madrid), ECREU (Alicante) y Brexpats (Málaga) apuntan a esta posibilidad tanto para el caso de un Brexit sin acuerdo como de uno con acuerdo, porque el acuerdo de salida también implicaría pérdida de derechos para los británicos que residen en la UE --y los ciudadanos comunitarios en Reino Unido--.

Según su análisis, "romper todos los lazos con Reino Unido supone perder el derecho de volver a instalarse allí, aun en caso de tener que volver por razones familiares". También, dicen, perderían otros derechos, como la posibilidad de ofrecer servicios en otros países de la Unión.

Este colectivo, sin embargo, se muestra relativamente tranquilo sobre su derecho al voto, porque entienden que los Gobiernos de España y Reino Unido están cerca de un acuerdo que les permita votar en las elecciones municipales pese a que dejarán de ser ciudadanos comunitarios.

La clave es que el acuerdo, que seguirá el modelo de reciprocidad que España tiene firmado con Noruega, esté listo a tiempo de las municipales de mayo de 2019. En ello está un grupo de trabajo del que forma parte personal de Exteriores, de Interior y de Administraciones Públicas.

Por el momento, la Oficina del Censo Electoral mantiene a los británicos en la formación del censo electoral para las municipales aunque, si no hay un acuerdo que lo permita, dejarán de estarlo el 30 de marzo de 2019.

El acuerdo para el derecho de voto es necesario tanto si el Brexit se produce con acuerdo como si no, porque esta cuestión no está recogida en las decisiones para el periodo transitorio. Eso sí, ante la posibilidad de una salida sin acuerdo, Eurocitizens ha pedido al Gobierno que publique sus planes de contingencia para el caso de un no acuerdo, ha explicado a Europa Press su presidente, Michael Harris.

En su documento, las asociaciones plantean situaciones de colectivos que pueden ser particularmente vulnerables, tanto en caso de un Brexit acordado, porque el acuerdo de salida prevé limitaciones de derechos, como, peor aún, si finalmente no lo hay.

MÁS DE 100.000 PENSIONISTAS

"Estamos muy preocupados por la situación", admite Harris, que pone el caso de los pensionistas británicos residentes en España, unas 107.000 personas que, si se convierten en "nacionales de un tercer país", pueden no llegar a los 26.000 euros anuales de ingresos mínimos que se exigen para tener la residencia no lucrativa. "La pensión estatal británica es de 9.000 euros, y puede bajar con el cambio entre la libra y el euro", añade.

Los pensionistas viven preferentemente en zonas costeras, en algunos municipios suponen hasta el 50 por ciento de la población y en ocasiones no hablan castellano, con lo que eso implica de dificultad para relacionarse con las administraciones españoles. Está por resolver también la situación de los funcionarios de nacionalidad británica, aunque Eurocitizens no tiene un cálculo de cuántos afectados puede haber.

Incluso si el Parlamento británico aprueba el acuerdo negociado, hay casos como los de jóvenes británicos nacidos en España que se marcharon a estudiar o a trabajar fuera antes del referéndum del Brexit y temen no poder volver a España si pasan más de cinco años. También los de residentes británicos que regresan a su país para cuidar a un familiar mayor y pueden perder su estatus de residente europeo permanente al cabo de cinco años.

Las asociaciones estiman que, entre los británicos residentes en España, alrededor de 65.000 son residentes y trabajadores permanentes y sus familias, unos 30.000 son residentes o trabajadores no permanentes. Entre estos dos grupos habrá hasta 20.000 menores y jóvenes nacidos o criados en España y luego están, además, quienes reciben una pensión británica pero residen en España, unos 107.400.