Este informe del pasado 29 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que las actuaciones fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo (los OCEX de cada una de las comunidades autónomas) incluyeron ese año 1.436 entidades públicas, lo que supone una disminución de 157 respecto al año anterior.

   La mayor parte eran empresas y entes públicos (560), seguidos de las fundaciones (345), los consorcios (223), los organismos autónomos (151), los entes públicos (87), las universidades (47), las cámaras de comercio, industria y navegación (17) y otras entidades públicas (6).

   Por comunidades, las que más entidades públicas tenían eran Cataluña (221), Madrid (163) y Andalucía (137). Por detrás se sitúan Galicia (128), Comunidad Valenciana (94), Murcia (77), Aragón (68), Baleares (67), Extremadura (65) y Asturias (63).

FUNDACIONES Y CONSORCIOS, LOS MÁS OPACOS

   Según el documento, entre las 219 entidades que no entregaron sus cuentas al Tribunal destacan las fundaciones (83) y los consorcios (86), siendo 28 los que corresponden tanto a Cataluña como a la Comunidad de Madrid. Y de las 204 entidades que presentaron sus cuentas pero lo hicieron fuera de plazo, 112 eran empresas y entes, 42 eran fundaciones y 39 eran consorcios, correspondiendo, fundamentalmente, estos últimos a Cataluña, Extremadura y Murcia.

   El porcentaje de rendición de las cuentas presentadas en plazo asciende al 71%, las que están fuera de plazo representan el 14% y las no rendidas el 15%, porcentajes similares a los de los dos ejercicios anteriores.

   De las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de las que tiene conocimiento el órgano fiscalizador, dos no rindieron cuentas y otra lo hizo una vez expirado el plazo establecido, siendo las tres de Galicia. Por último, el informe indica que no se dispone de datos sobre la rendición de cuentas de las universidades andaluzas.

   El Tribunal señala que las cuentas de las 17 Administraciones Generales autonómicas y las de Ceuta y Melilla se presentaron dentro de los plazos establecidos, y que los principales retrasos e incumplimientos se produjeron en los organismos autónomos, entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios.

IMPORTANTES DEFICIENCIAS

   Además, con excepción de los organismos autónomos, las cuentas rendidas por el resto de esas entidades presentan en determinados casos "importantes deficiencias", como la no inclusión de la documentación legalmente exigible, la falta de aprobación de las cuentas por los órganos competentes, la falta de firma de todos los miembros del patronato en el caso de fundaciones o la no aportación de los certificados de aprobación de las cuentas.

   También añade que sigue siendo "diversa y fragmentaria" la legislación autonómica fundamentalmente en lo relativo a los consorcios. Otra crítica es que hay 26 organismos autónomos y cinco entes públicos que deberían disponer de presupuesto y contabilidad independientes y, sin embargo, sus cuentas están incluidas indebidamente en las correspondientes a las Administraciones Generales autonómicas.

   Esa circunstancia afecta a organismos autónomos de seis comunidades --Cantabria, Extremadura, Navarra, Baleares, La Rioja y Comunidad Valenciana-- y a los cinco entes públicos de Extremadura.