El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este miércoles que convocará una mesa sectorial para hablar sobre tasas judiciales y justicia gratuita, entre otros asuntos, y ha prometido a las comunidades autónomas abordar con "absoluta transparencia" estas y otras cuestiones.

   Así se ha pronunciado en el Pleno del Congreso preguntado por el diputado del PNV Emilio Olabarria, que ha calificado la ley de tasas judiciales de "fraude" a las comunidades autónomas, a los operadores jurídicos y a los ciudadanos. Esa norma vinculaba los gravámenes a la financiación de la justicia gratuita, sin embargo las comunidades con las competencias transferidas han tenido que cargar este servicio a sus presupuestos.

   Catalá se ha mostrado a favor de que existan tasas al recordar que durante su etapa como secretario de Estado de Justicia de José María Michavila se aprobaron unos gravámenes asociados al orden mercantil ya las personas jurídicas. Eso sí, es partidario de "mejorar" la ley de tasas y hablar sobre financiación de justicia gratuita "sin contaminar un debate con otro".

   El nuevo ministro de Justicia se ha comprometido a evaluar el "impacto real" que han tenido las tasas judiciales y ha apuntado que el 83% de los ocho millones de asuntos que entran cada año a los tribunales están libres de tasas ya que estas solo se aplican en lo civil o lo contencioso-administrativo. "Me propongo a sentarnos con los operadores jurídicos y grupos parlamentarios para evaluar esta situación", ha añadido.

   Antes, el diputado Olabarria le ha deseado suerte en su nuevo destino mientras que ha criticado que la actividad legislativa de Justicia está "empantanada" y que se ha reducido la litigiosidad por la causa "perversa" de provocar indefensión a los ciudadanos. "Han visto vaciado de contenido su derecho a la tutela judicial efectiva", ha remachado.

UNA PRIORIDAD CLARA: "ASEGURAR LA LEY Y LAS

SENTENCIAS"

   Antes, el diputado socialista Antonio Hernando ha preguntado cuáles son las prioridades del Gobierno en materia de Justicia tras el "ascenso, caída y dimisión" de Alberto Ruiz-Gallardón, cuya gestión durante 1.000 días fue un "despropósito" contestado desde todos los ámbitos. "Conteste a todos los ciudadanos que han sufrido las injusticias del Ministerio de Justicia, aclare si retirarán las tasas y arreglarán el desaguisado del Ministerio", ha conminado.

   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que tiene dos prioridades, con independencia de quien sea el titular de este Ministerio. Una "clara" que es la de asegurar el funcionamiento del Estado de Derecho", que consiste en respetar la ley y las sentencias de los tribunales, y otra que reside en la agilización y eficacia de la Justicia para proteger los "derechos de todos".

   Sáenz de Santamaría ha recordado que el nuevo ministro ha mostrado su deseo de alcanzar el "consenso" y ha pedido al PSOE su apoyo para dos leyes que se tramitan en el Congreso como son la de jurisdicción voluntaria y el Estatuto de la Víctima.

   Finalmente, ha recordado que Gallardón no es el único ministro que ha afrontado una huelga de jueces pues la primera la sufrió el socialista Mariano Fernández Bermejo por "circunstancias que no vienen al caso".