En declaraciones a los periodistas en Málaga, Catalá ha recordado que el TC se ha pronunciado sobre un recurso que puso el Ejecutivo y "nos da la razón a nuestros argumentos; por tanto, lógicamente tenemos la satisfacción de ver fortalecida una posición que desde el Gobierno mantenemos permanentemente que es el concepto de la unidad de España, de la igualdad de todos los españoles en derechos y obligaciones".

Ha indicado que "el Constitucional hace un gran trabajo porque ayuda a interpretar cuáles son los límites competenciales", además de que "va estableciendo el modelo del estado de las autonomías"; apuntando que, en este caso, la sentencia del TC, de la que ha dicho no tiene el texto, "da un paso en esa dirección de delimitar claramente qué competencias son del Estado y cuáles, por tanto, no son de las comunidades autónomas".

Catalá ha reiterado que se pone de manifiesto "cuáles son los límites de las competencias que una comunidad autónoma tiene", explicando que los parlamentos autonómicos "existen porque los prevé nuestra propia Constitución, fuente de todas las instituciones". "Por lo tanto, nadie puede estar al margen de la Constitución, al margen de la ley y eso es lo que recuerda en esta sentencia, como en otras muchas, nuestro Tribunal Constitucional", ha indicado.

Al respecto, ha considerado que es "una pieza más que nos ayuda a construir un estado de las autonomías, con pleno respeto a las competencias autonómicas, pero también del Parlamento nacional y del Gobierno nacional". "Es un equilibrio complejo, pero que fortalece nuestro modelo de convivencia y nuestro sistema constitucional", ha apostillado.

El ministro de Justicia en funciones ha destacado que la resolución ha sido por unanimidad y ha explicado que el Constitucional está "para ordenar el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas" y viceversa, "porque muchas veces son las comunidades autónomas las que impugnan leyes del Estado", incidiendo en que es "el normal funcionamiento de las instituciones".

"La ley que adoptó el Parlamento de Cataluña iba más allá de sus competencias y es lo que ha determinado ahora el Constitucional", ha destacado Catalá, quien ha subrayado que ha sido "un ejercicio de alta calidad constitucional porque también interpreta que algunos preceptos de las normas impugnadas pueden mantenerse y ser constitucionales si se interpretan de determinada manera".

Al respecto, ha considerado que "hace un análisis muy interesante de lo que sí es competencia de una comunidad autónoma y lo que no es, porque es propio del Parlamento nacional" y ha manifestado que determinadas infraestructuras estratégicas que en aquella norma se preveía "el TC declara que esas previsiones legales son inconstitucionales", lo que "significa nulidad absoluta como si nunca hubiese existido".

Por esto, ha dicho que "no puede llevar a cabo ninguna actuación en esa dirección", añadiendo que cuando se notifique la sentencia a las partes, los órganos de la Generalitat "tendrán que tomar las medidas y si han dado pasos en esa dirección, tendrán que paralizar absolutamente esos procedimientos".

Catalá ha asegurado que habrá que leer la sentencia para concretar las estructuras, aunque ha incidido en que el TC "lo que ha dicho es que no puede haber unas instituciones propias de Cataluña cuando estamos hablando de derechos y obligaciones", afirmando que esas estructuras "son comunes en todo el territorio nacional y están previstas como reserva de competencias del Estado".

El TC anula las estructuras del Estado

creadas por la Generalitat de Cataluña

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido de forma unánime algunos artículos y disposiciones de la Ley por la que la Generalitat de Cataluña estableció la creación de sus propias estructuras del Estado.

El asunto ha sido tratado este jueves por el tribunal de garantías y se ha llegado a un fallo que estima parcialmente el recurso que interpuso el Gobierno contra esta norma. Falta aún redactar la sentencia y notificarla a las partes interesadas, según han señalado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías.

El recurso del Gobierno solicitaba la anulación de estructuras como la Agencia Tributaria de Cataluña y otras disposiciones como las referidas al plan rector de infraestructuras y energías.

Según las mismas fuentes, el TC declarará en su resolución la nulidad de algunas de ellas mientras que respecto de otras realizará una interpretación de cómo deberán funcionar para adaptarse a los criterios constitucionales.

En su día, el tribunal de garantías ya suspendió, a petición del Gobierno, algunos artículos de la Ley 3/2015 de 11 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas del Parlamento de Cataluña, concretamente el 69 y el 95 y varias disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la norma.

Los dos artículos señalados se referían también al Servicio Meteorológico de Cataluña, cuya regulación se modificaba con esta Ley, y a la normativa sobre equipamientos comerciales. Sobre este último aspecto, la ley modificaba la regulación existente para regular su localización en zonas portuarias de titularidad pública.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

En cuanto a las disposiciones adicionales impugnadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, se referían entre otros asuntos al Plan Director de la Administración Tributaria de Cataluña.

Sobre este asunto la Generalitat se daba un plazo de cinco meses para aprobarlo con el objetivo de que éste fuera ejecutado en 12 meses para que fuera un "Instrumento de Planificación Estratégica de una Administración Tributaria preparada para una eventual asunción de nuevas funciones y competencias tributarias" en Cataluña.

El Plan debería tener en cuenta soluciones tecnológicas e incluir una propuesta de normativa tributaria para Cataluña.

El resto de disposiciones que el Gobierno pidió anular vía recurso ante el TC se refieren al inventario de patrimonio de las Administraciones públicas de Cataluña y al catálogo de infraestructuras estratégicas -con el fin de garantizar la continuidad del servicio en dicho territorio.

También se pidió la nulidad de la norma en cuanto a las pretensiones de la Generalitat para la creación de una agencia catalana de la Protección Social y la creación de un Plan Director relativo a los sectores de la Energía de las Telecomunicaciones y los Sistemas de Información y del transporte ferroviario.