El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha  mostrado este martes más proclive  a ajustar la actual Ley de Tasas para lograr un sistema "proporcionado y equilibrado"  que a derogarla.  A su juicio, deben introducirse "elementos de colaboración y copartición de los costes  para aquellos que son unos usuarios cualificados", aunque todo ello está aún bajo estudio.

   Así se ha manifestado el titular de Justicia durante su primera intervención pública tras la toma de posesión del cargo, tras clausurar un congreso de arbitraje y  ser preguntado por sus planes respecto a la contestada norma aprobada por su predecesor en el cargo Alberto Ruiz-Gallardón.

  "Vamos a estudiar la aplicación de la Ley de Tasas, y por lo tanto vamos a evaluar el impacto que está teniendo y en la medida que los operadores jurídicos y el conjunto de la comunidad jurídica valoremos la conveniencia de su ajuste lo tendremos en consideración", ha manifestado.

   Sobre la posibilidad de retirar la Ley, el nuevo ministro de Justicia ha dicho que él trabajó en 2003 en un Gobierno que implantó las tasas y cree "razonable" que exista un sistema de tasas "proporcionado, equilibrado y que en ningún caso evite el acceso a la Justicia, por supuesto, pero que sí introduzca un elemento de colaboración y co-partición de los costes para aquellos que son unos usuarios cualificados"

    "Vamos a estudiarlo, el sistema actual y en su caso a proponer las mejoras que el sistema necesite", ha insistido ante las preguntas de los periodistas.

   Catalá ha elegido para estrenarse en la escena pública la clausura del XXV Congreso Internacional sobre Arbitraje convocado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA). En su intervención, ha transmitido en primer lugar a todos los asistentes su "sincera voluntad de diálogo por alcanzar acuerdos para promover una Justicia más ágil y eficaz, al servicio del progreso de España".

   Esta voluntad, ha manifestado, "no es incompatible con la firmeza a la hora de sacar adelante aquellas iniciativas irrenunciables para alcanzar un objetivo demandado desde todos los sectores sociales y económicos".

   El ministro ha recordado su etapa como secretario de Estado de Justicia, durante la cual, gracias al Pacto de Estado por la Justicia suscrito en 2001, pudo aprobarse la actual Ley de Arbitraje, que experimentó alguna reforma posterior.

   Catalá ha destacado igualmente la absoluta vigencia de la práctica del arbitraje en un entorno en el que las relaciones comerciales entre empresas o entre empresas y consumidores o usuarios se han multiplicado exponencialmente y se han deslocalizado. "El desafío consiste - ha indicado el ministro- en consolidar una nueva cultura de resolución de conflictos".

   En la actualidad, según los datos facilitados por el ministro, la Administración de Justicia registra un total de 8,6 millones de asuntos anuales.

   "Hay que insistir - ha subrayado Catalá- en que el arbitraje y la mediación ofrecen esa solución rápida y especializada que demandan una sociedad y una economía avanzadas. Son alternativas y complemento de la Administración de Justicia con una innegable dimensión de servicio público".

   El ministro de Justicia se ha mostrado dispuesto a reforzar todos aquellos aspectos que entran en el ámbito de competencia del Ministerio para fortalecer la institución del arbitraje.

   También se ha referido la renovación de diferentes ámbitos del Derecho privado, como por ejemplo la Ley de navegación marítima, aprobada el pasado mes de julio, o el futuro Código Mercantil, "instrumento que proporcionará marcos normativos de referencia a muchas realidades que hoy carecen de regulación y que facilitará el recurso al arbitraje", en palabras del ministro.

   Por otro lado, ha destacado "el empeño de este Gobierno para homologar nuestro modelo de Justicia al de las economías más competitivas del mundo. Hay que conseguir -ha explicado el ministro- que los agentes económicos y el conjunto de la sociedad se conozcan y valoren los principios de inmediación, audiencia, celeridad, contradicción e igualdad de las partes que presiden el procedimiento arbitral".

   En alusión a las palabras que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pronunció ayer en la apertura de este Congreso Internacional, Catalá ha señalado que "en este inicio de un nuevo ciclo de nuestra economía marcado por la recuperación y el crecimiento, nuestro modelo de Justicia tiene que contribuir a este objetivo: la seguridad jurídica que ofrece y garantiza España, lejos de ser un freno, tiene que ser un factor de competitividad que atraiga nuevas inversiones".

   Por último, el ministro de Justicia ha resaltado la excelente labor realizada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) durante sus 25 años de existencia, "fruto de la iniciativa privada, de la voluntad de la sociedad civil, de los juristas y abogados que decidieron constituirse en Corte arbitral en 1988, del trabajo bien hecho desde entonces por unos árbitros y unos profesionales serios y rigurosos que les ha situado a la vanguardia jurídica, tal y como se les reconoce dentro y fuera de nuestro país", ha concluido.