Jueves, 10 de julio de 2025
El ministro de justicia relegado a palmero de Rajoy
Catalá hace una defensa innecesaria de la funcion registral
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que los registradores cumplen una "función social", en un momento que "la sociedad demanda que no haya margen para la impunidad ni el enriquecimiento ilícito" y ha señalado que son "garantes del Estado de Derecho" al "proteger" el derecho a la propiedad reconocido por la Constitución.
En este sentido, Catalá también ha destacado que los registradores son "funcionarios imparciales" que califican la validez de los contratos en materia societaria, inmobiliaria y mobiliaria.
El ministro de Justicia ha entregado este martes las Medallas de Honor del Colegio de Registradores a los profesionales que han concluido su etapa de servicio activo. Durante el acto, Rafael Catalá ha defendido el sistema registral español como uno de los "más competitivos del mundo", un modelo, ha dicho, "que muestra el éxito tanto del legislador, como de los registradores".
No obstante, el ministro ha recordado la necesidad de seguir modernizándose para "continuar progresando". En esta línea, ha destacado la reforma de la Administración adoptada por el Gobierno por permitir que haya una red de información sobre inmuebles y empresas que se puede consultar desde cualquier Registro de España y la presentación telemática de documentación.
PROCESO DE MODERNIZACIÓN
En ese proceso de modernización, el ministro ha asegurado que una de las decisiones "más importantes" que se han adoptado desde que existe el Cuerpo de Registradores, es que sean éstos los que asuman la llevanza del Registro Civil, un servicio que, como ha subrayado, acumula la mitad de las quejas del Defensor del Pueblo en materia de Justicia.
Por eso, Catalá ha defendido esta medida porque, ha dicho, "la labor de calificación e inscripción no es una función judicial" y por tanto, es "más propia" de registradores que de jueces o funcionarios de la Administración de Justicia; negando que se trate de una privatización del Registro Civil, y asegurando que éste seguirá siendo "público, gratuito, universalmente accesible" y su información "continuará siendo de titularidad estatal".
GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD
Además, el jefe de la cartera de Justicia se ha felicitado porque las dos encomiendas de gestión de los expedientes de nacionalidad ya suscritas han permitido resolver en dos años más de 425.000 solicitudes, frente a las 735.000 de los doce años anteriores.
Estos datos, ha dicho Catalá, "confirman la eficiencia del trabajo realizado" y son la razón por la que en los próximos días se suscribirá un nuevo acuerdo para poner en marcha una tercera encomienda de gestión, ha anunciado el ministro, que se ha comprometido a dialogar e implicar a los destinatarios.
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