El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha estrenado este martes en el Congreso de los Diputados con una densa intervención en la que ha prometido diálogo, "pocas leyes pero buenas" y "acotar los problemas de la Justicia" con el fin de mejorar el servicio abordando  mejoras en lo que restan de legislatura. Entre ellas, agilizar los macroprocesos y establecer un plazo máximo "orientativo" para la instrucción de los asuntos.

     A lo largo de su comparecencia también se ha comprometido a mantener la estructura actual de partidos judiciales en el Proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder judicial (LOPJ),lo que a su juicio "no es contradictorio con la voluntad de introducir mejoras". El proyecto será presentado para que pueda ser aprobado en la actual legislatura.

   Catalá también ha prometido en el Congreso la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales, la revisión de las tasas -planteamiento que no ha precisado-, y se ha declarado proclive a que sean los registradores quienes gestiones los registros civiles.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

   Catalá ha asegurado que "es política del Gobierno no escatimar medios en la lucha contra la corrupción" y por ello se han aprobado todas las medidas de refuerzo solicitadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el orden penal y la Audiencia Nacional y por la Fiscalía.

   Catalá ha apostado por agilizar la investigación de los macroprocesos que suelen sufrir una "larguísima" duración, establecer un plazo máximo de instrucción y sustituir el término de 'imputado' por otro que no lleve aparejado esta "especie de precondena" y visión negativa que a menudo percibe la ciudadanía. "Es un tema más terminológico pero trabajaré para encontrar en una solución", ha remachado.

   "Los ciudadanos perciben en ocasiones que se alargan durante años sin que parezca que llega el día en que se dicta sentencia", ha advertido, para explicar que la "concatenación" de piezas conexas genera "ventajas" a los delincuentes que ven con sus investigaciones se diluyen en el tiempo.

   Además, el ministro se ha mostrado partidario de mantener la estructura actual del modelo judicial en lo relativo a "los partidos judiciales como elementos que permiten prestar un servicio público de Justicia".

   Eso no quiere decir que no se vayan a introducir las mejoras que sean necesarias para que la distribución territorial judicial funcione de un modo más eficaz en cuanto al tiempo de respuesta al ciudadano, según el ministro. Para ello se estudiará cómo racionalizar el reparto de las cargas de trabajo a través de las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos en coordinación con el CGPJ.

TASAS Y JUSTICIA GRATUITA

   El ministro ha anunciado asimismo que tras el análisis y estudio de los datos relativos a los ingresos generados por las tasas, así como a conocer la repercusión real que han tenido en ciudadanos y empresas se sentará con "todos los operadores jurídicos y con los grupos parlamentarios para escuchar sus puntos de vista y así analizar si procede una mejora de la aplicación de la ley".

   Ha justificado la necesidad de este análisis en que según los últimos datos del CGPJ donde más ha caído la litigiosidad ha sido precisamente en las jurisdicciones en las que no hay tasas (Penal y Social) frente a las de Civil y de lo Contencioso, y que además estas se aplican en tan sólo el 17 por ciento de los más de 8 millones de asuntos que se generan anualmente.

   En cuanto a la justicia gratuita, ha apuntado a que en las comunidades competencia del Ministerio su presupuesto se ha incrementado un 2,3 por ciento respecto a los dos años anteriores hasta alcanzar los 34,9 millones de euros. La financiación del mayor número de beneficiarios de justicia gratuita se abordará directamente en los presupuestos para que mediante convenios con las comunidades autónomas se garantice la prestación del servicio

NUEVAS PLAZAS

   Catalá también ha hecho hincapié en que la profesionalización de la carrera judicial y por ello ha anunciado la creación de 282 unidades jurisdiccionales con las que se resolverá la disfunción que se producía con el hecho de que desde 2011 la planta judicial permanecía inalterada y al mismo tiempo seguían convocándose oposiciones. Algo similar ocurría con los fiscales, por lo que se crearán 46 plazas.

   Igualmente ha recordado que por primera vez en esta legislatura los presupuestos, con todos los programas y organismos adscritos al Ministerio de Justicia, experimentan un incremento respecto al ejercicio anterior (1.599,49 millones de euros).

   El capítulo que más incremento experimenta es el de inversiones que contará con 16 millones más hasta situarse en 77,5 millones, de los que más de 59 se destinarán a la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y los 18 restantes al Plan de Infraestructuras y Equipamientos.

REGISTRO CIVIL

   Durante su intervención, Catalá también ha dicho que considera que los registradores son el cuerpo designado para la gestión del Registro Civil, pero ha anunciado que revisará el proyecto inicialmente concebido desde un principio de diálogo con los colegios profesionales en los que estos operadores jurídicos, a los que se ha referido como "funcionarios públicos", sin necesidad de crear una corporación para articular este proceso.

   Por ello se ha comprometido a constituir una comisión mixta integrada por el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores que estudiará cómo diseñar un sistema que haga posible la máxima mejora del servicio con los recursos existentes y garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos, así como la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección.

INDULTOS

   Sobre su política en materia de indultos, ha recordado el anterior Gobierno llegó a conceder 521 indultos -más de uno de cada diez que le eran solicitados-, mientras que en lo que llevamos de 2014 solo se han concedido 65, poco más de una cada cien solicitudes

   Ha indicado que para su aplicación es exigencia la "máxima cautela", especialmente respecto aquellos delitos que despiertan una mayor alarma social. Desde este compromiso, propone una reforma enfocada a la introducción de un mayor control sobre su concesión atendiendo a las circunstancias de la persona y no al tipo de delito.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

   Finalmente, sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), ha anunciado la presentación de un proyecto acordado con los profesionales, la Fiscalía y la judicatura para llevar a cabo una reforma para que la instrucción de los asuntos complejos siga su curso sin necesidad de una concatenación sucesiva de piezas para acabar con la sensación del retardo de procesos que tienen repercusión social sin que se afronten responsabilidades penales", ha indicado.

   A pesar de ser "realista" en el calendario y el escaso tiempo de legislatura pendiente, Catalá ha anunciado que propondrá reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces estén centrados en los casos de complejidad y no en faltas sin autor conocido o causas por conducción en estado de embriaguez, que suponen un gran volumen de los asuntos penales y que podrían tener un mejor sistema de conformidades o una tramitación más sencilla.

   Además, se incluirán mejoras en las medidas de investigación como la intercepción de las conversaciones, la custodia de datos o la autenticidad de los soportes de grabación; al tiempo que se articulará la doble instancia penal y mejoras técnicas para aplicar las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España a través de un cambio en el recurso de revisión