Cataluña cobra a partir de este sábado un euro por cada receta que tramite el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), una medida única en España y que entra en vigor una semana antes de que funcione el nuevo copago farmacéutico decretado por el Gobierno.  

  La tasa, bautizada por el Govern como "tique moderador", se solapará así a partir del 1 de julio con el aumento del porcentaje que pagan los ciudadanos por cada medicina, que oscilará en función de la renta entre el 40% y el 60% del total, y que en el caso de los pensionistas será del 10%.

   El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha insistido en que el euro por receta es "plenamente legal", ha reiterado que la intención es fomentar un consumo más responsable de las medicinas y un uso más eficiente de los recursos sanitarios, y ha calculado que con la nueva tasa se recaudarán unos 100 millones de euros cada año.

   Asociaciones de usuarios y pacientes han criticado el proyecto e incluso han solicitado al Gobierno que la impugne para evitar su aplicación, una eventualidad que no se ha concretado ante la petición de la Generalitat de que se entienda que el objetivo final de reducir el déficit sanitario es compartido por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.   

 Adicionalmente, los colegios de farmacéuticos y enfermeras han criticado el euro por receta, alegando que va contra la equidad del sistema y penaliza a los más enfermos, y el sindicato Metges de Catalunya (MC) ha lamentado la imposición de una medida que ven injusta.  

  En 2011 el CatSalut cursó 155 millones de recetas en Cataluña que supusieron un desembolso de 1.692 millones de euros, lo que, junto con los 600 millones que costaron los medicamentos dispensados en hospitales, llevaron a la comunidad a que uno de cada cuatro euros gastados en salud se destinaran a pagar medicinas.   

 Así las cosas, las farmacias catalanas han registrado un aumento de entre el 15% y el 20% en la dispensación de fármacos durante el mes de junio respecto al mismo mes del año pasado.

SALVEDADES EN EL PAGO

   El Govern ha excluido a 127.000 personas del pago: los beneficiarios de una pensión no contributiva, y los incluidos en el programa de la renta mínima de inserción, en la Ley de integración social de minusválidos (Lismi) y en el Fondo de Asistencia Social (Fas).  

  La exclusión, sin embargo, no alcanza a los pensionistas del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, que no superan los 400 euros mensuales, y las cifras del aumento de la pobreza fruto de la crisis, que alcanza ya al 20% de la población, demuestran que las salvedades solo alcanzarán a un porcentaje mínimo de los catalanes.   

 Asimismo, para no penalizar excesivamente a los enfermos crónicos, Salud ha marcado un tope máximo de 61 euros al año por persona, una casuística que afectará a cerca de 800.000 personas cada año --el 30% de los catalanes no reciben ninguna receta--, y ha eximido también del pago a los fármacos que cuesten menos de 1,67 euros.  

  Los usuarios que se nieguen a pagar la tasa serán considerados "deudores" de la Generalitat, y por ello ésta les reclamará el pago y el consiguiente recargo por morosidad; además deberán rellenar un formulario con sus datos, y si se niegan el farmacéutico no les dispensará el medicamento.