En concreto, los de Albert Rivera quieren que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a que de forma "inmediata" articule "una clara y abierta defensa" de la jurisdicción española, de sus principios de integridad e inmunidad jurisdiccional frente a la demanda civil presentada en Bélgica por Puigdemont y sus consejeros, prófugos de la justicia.

Así consta en la proposición no de ley que registraron el pasado 27 de agosto en el Congreso, donde su líder, Albert Rivera, habló de la necesidad de que el Ejecutivo apoye a Llarena "ante la indefensión y el acoso independentista a la jurisdicción española en el extranjero".

EL GOBIERNO RECTIFICÓ

En un principio, el Gobierno señaló que no defendería a Llarena en los tribunales belgas porque las palabras del juez asegurando que en España no existen presos políticos se pronunciaron en un acto privado, "ajeno a su función". Posteriormente, el Ejecutivo cambió de criterio al considerar que la de Puigdemont fue una demanda "instrumental" para "someter a escrutinio" las decisiones del magistrado del Supremo en un tribunal ordinario de otro país.

Así lo ha asegurado precisamente este martes la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha acudido para aclarar el criterio del Gobierno sobre la defensa del magistrado en los tribunales belgas. En su comparecencia, Delgado ha asegurado que el Gobierno se encargará de la defensa de Llarena porque "no se puede permitir que en Bélgica se cuestione la soberanía jurisdiccional española".

En su demanda, Puigdemont, procesado por rebelión y malversación, denunció la forma en que el citado juez está realizando la investigación y, en concreto, afirmó que su instrucción del 'procés' vulnera su derecho a un juez imparcial e independiente, a un procedimiento judicial equitativo y a la presunción de inocencia.

La primera sala del Juzgado de Primera Instancia francófono de Bruselas acordó citar para el pasado día 4 de septiembre a Llarena, que no acudió y pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerar que la demanda no busca censurar un acto particular, sino la soberanía jurisdiccional española.

"ES UNA OBLIGACIÓN"

Pese a que el Gobierno ha garantizado que defenderá a Llarena, la iniciativa que Ciudadanos someterá el próximo martes a votación en el Pleno emplaza al Ejecutivo a cumplir con las medidas que le ha solicitado el órgano de gobierno de los jueces y a asumir la defensa de Llarena, "que no es otra cosa que defender a la justicia española en su conjunto a la soberanía del Estado español". "Es una obligación", no "una opción como pretende el Gobierno", aseveró en su día el líder de Cs.

Asimismo, la propuesta 'naranja' persigue que el Congreso reconozca la labor de jueces y fiscales frente al "acoso y presión totalmente inaceptables e incompatibles" que llevan sufriendo en los últimos tiempos en Cataluña. Singularmente, Rivera denunció las padecidas por Llarena y su familia, con pintadas en su domicilio o la necesidad de que saliese escoltado de un restaurante en el que fue increpado por clientes separatistas.