Para poder hablar de auténtica democracia es preciso que se den tres factores:

  1º Que sea el pueblo quien tenga la capacidad de hacer sus propias leyes

2º Que haya separación de poderes, lo cual garantiza que ninguno tendrá un poder omnímodo.

 3º Que las leyes obliguen a todos por igual siendo, además, un estado de derecho, es decir, que el Estado también esté obligado a cumplir la Ley, como cualquier ciudadano.  

 Actualmente no cabe hablar de democracia en España pues aunque periódicamente vamos a votar, los que salen elegidos no pertenecen al pueblo (demos), sino que pertenecen a un estamento distinto, como la nobleza del antiguo régimen, y esto es así porque los políticos se las han arreglado para conseguir una serie de privilegios que los ponen por encima del resto de ciudadanos (como la antigua nobleza) y no están dispuestos a renunciar a ellos. En definitiva, esos políticos no representan al pueblo porque no comparten sus intereses, sus problemas ni sus ideas. Hay mucha más similitud de intereses (y por tanto de ideas) entre un político del PP y uno de IU que entre cualquiera de esos políticos y sus votantes, pues los privilegios y prebendas de que disfrutan los alejan definitivamente del “pueblo llano”.

 Además, el sistema de disciplina de partido hace que si algún político tuviese la “desfachatez” de votar una resolución en conciencia, no pueda hacerlo, debiendo votar lo que manda el jefe del partido, so pena de ser expulsado del partido y perder la sinecura o canonjía que disfrutaba a la sombra del mismo

. ¿Para qué necesitamos entonces tantos políticos?. Los ciudadanos para nada, pues el resultado sería el mismo si solo estuviesen los líderes de partido y cada uno tuviese una cuota de votos similar al de diputados o concejales, pero de este modo damos de comer a más parásitos y el partido puede satisfacer a más estómagos agradecidos y cultivar su lealtad incondicional, extendiendo así sus tentáculos. Adicionalmente, a base de asesores, consejeros, secretarios, cargos de confianza y cargos directivos de empresas, fundaciones, patronatos, etc., todos ellos creados con dinero público, y en los que se coloca por libre designación a quien dictan los partidos, han creado una infraestructura de clientelismo de proporciones mastodónticas. Todo creado por y para los partidos, no para dar un servicio al ciudadano, el cual se limita a pagar sus impuestos para mantener ese sistema clientelar.

 Otra perversión de la democracia, que la hace menos representativa (si cabe) es el sistema de circunscripciones electorales, que permite que partidos con muchos menos votantes (CIU, PNV) obtengan más representantes que otros, con muchísimos más votos, pero más repartidos por toda España (IU, UPyD).

 Y aun otra perversión son las listas cerradas, que permiten a la cúpula del partido elegir a quienes van a tener posibilidades de obtener escaños, y lo suelen hacer en términos de lealtad al jefe y no de capacidad.

 En cuanto a la separación de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), en España, esa separación no existe ni remotísimamente. Aquí se elige, con las perversiones antes vistas, al Legislativo, y el Legislativo elige directamente al Ejecutivo y a la cúpula del Judicial (TC y CGPJ). ¿Dónde está pues la separación de poderes?. Ni está, ni se le espera.

 Y la puya definitiva es que España no es un estado de derecho. Las administraciones públicas y sus representantes incumplen sistemáticamente la Ley sin que nadie responda de nada. Los ciudadanos, en cambio, no tiene el más mínimo margen, con el desamparo que produce tener una legislación errática, sobredimensionada, y diferente, dependiendo de cada región.

 Después de más de 35 años de democracia en España, hay varias cosas que han quedado claras de nuestra clase política:

 1º. No representan al pueblo

 2º. Los políticos no se han distinguido por su habilidad para gobernar, ni por su inteligencia, ni por su preparación, ni por su honradez

3º. Han logrado formar una clase social distinta, con vocación hereditaria

4º. No los anima una vocación de servicio a la sociedad sino tan solo un afán de beneficio personal

5º. No están dispuestos a renunciar voluntariamente a todos los privilegios que han ido acumulando. ¿En qué se distinguen, pues, de la nobleza del antiguo régimen?. Solo en pequeños detalles, como que aquella fundaba sus privilegios en un derecho divino y estos en una supuesta representación de la soberanía popular, y en que aquella tenía, al menos, la obligación de servir al Rey con las armas y estos no tienen obligación ninguna. Pertenecer a esta nueva nobleza es mucho más chollo que pertenecer a aquella, pues estos siempre te pueden escupir que los ha elegido el pueblo, lo cual no deja de ser una falacia, pues en realidad los ha elegido el partido.

Y visto esto, ¿se puede tener realmente una democracia?. Pues sí, pero para ello se debe suprimir a los partidos políticos como intermediarios de la voluntad popular, máxime cuando han demostrado fehacientemente que no se distinguen apenas entre sí, ya sean de derechas, centro o izquierda. Además, puede ser infinitamente más económico y funcional que el actual, suprimiendo la monarquía, el senado, las autonomías, las diputaciones provinciales y el 75% de los municipios, de modo que el más pequeño no tuviese menos de 5000 habitantes. Todos esos organismos son estériles (salvo para los políticos que viven de ellos) y carísimos, además de servir solo para crear desigualdades jurídicas entre los españoles.

 La descentralización administrativa sería, por regla general, directamente del nivel estatal al nivel municipal.

 Las únicas normas que pueden ser diferentes de un lugar a otro son las que responden a realidades físicas, climáticas u orográficas. Las personas somos todas iguales.

Y si suprimimos los partidos ¿quién gobernaría?. Pues el propio pueblo, extrayendo de entre las filas de los buenos ciudadanos a un grupo representativo como diputados y concejales.

 De aquí saldría el PODER LEGISLATIVO, en forma unicameral (Congreso). Este poder, que en teoría lo tiene el pueblo, actualmente lo tienen los partidos.

Para que lo tenga realmente el pueblo, y respondiendo al principio de que lo lógico es que se elija solo a los que estén intelectualmente preparados para la tarea de legislar, para lo cual hace falta buen sentido y un mínimo nivel intelectual, habría que empezar por poner el listón mínimo de estudios en el bachiller, la FP-2 o niveles semejantes. Esto no tiene nada de particular, a partir del momento que se siguen criterios similares para formar parte de una mesa electoral o de un jurado popular, solo que en estos otros casos se pone el límite en el graduado escolar. Si la tarea, en lugar de distinguir la culpabilidad o garantizar el correcto desarrollo de una votación, es algo supuestamente más complejo, como legislar, lógico es poner el listón más alto. Y el que prefiera estar gobernado por ignorantes, que siga con el actual sistema, en que se pide más preparación para ser conserje, policía o celador que para ser diputado, ministro o concejal.

Para intentar elegir solo a los que tengan buen sentido habría que adoptar, adicionalmente, otros criterios selectivos. Para empezar, y para garantizar la madurez de nuestros próceres, debería elevarse la edad mínima de los aspirantes a unos 35 o 40 años. Y no es porque no pueda haber personas maduras de menos de esa edad, pero cuanto más joven se es, estadísticamente es más difícil tener suficientes experiencias vitales para garantizar madurez y perspectiva.

 Otro factor a tener en cuenta es que no deben tenerse antecedentes penales, ni aun prescritos, de delitos dolosos (los de mala fe, como la estafa o el robo), y los demás antecedentes deben tenerse ya prescritos con un mínimo de 5 años. Así se garantiza la honradez y rectitud de ideas.

También deben descartarse aquellos que tengan deudas pendientes, pues podrían tener la tentación de valerse del cargo para saldarlas (tener una hipoteca no es tener deudas, siempre que se estén pagando las letras)

Y finalmente, para asegurarse de que son personas que saben lo que es el trabajo, y que no se trata de parásitos sociales, deben tener un mínimo de 10 años cotizados en los últimos 15 ,o de una experiencia laboral demostrable similar, en el caso de las profesiones liberales, que no tienen obligación de cotizar.

De entre ese espectro de aspirantes se elegirían, por azar, y para un periodo de un año, a un número fijo de tres por provincia, para garantizar que el muestreo no da excesiva preponderancia a las provincias más pobladas, y luego un número de ellos proporcional a la población de cada provincia, de uno por cada 200.000, con lo cual saldría un total aproximado de 400, lo cual es ya una muestra suficientemente representativa, teniendo en cuenta los filtros previos.

 Los elegidos podrían renunciar voluntariamente, pues si están a desgana, o no creen estar bien remunerados, vale más que no estén, pues podrían manifestar su frustración actuando irracionalmente. Es preferible tener solo a ciudadanos con un mínimo sentido de la responsabilidad.

 La lista de representantes sería pública y permanentemente actualizada.

Las propuestas legales las podría hacer cualquier grupo de 5 diputados.

Las iniciativas ciudadanas las podría presentar cualquier colectivo de 100 ciudadanos debidamente identificados, que las podrían mandar a cualquier diputado o diputados, por medio de cualquier oficina de registro de la administración (Ayuntamientos, Hacienda, Juzgados, Policía, etc) para que el diputado las pueda someter a otros colegas y, una vez convencidos 5 diputados, llevarlo a debate parlamentario. Esto garantiza, por un lado, un filtro para evitar que cualquier iluminado intente colar una propuesta legislativa extravagante ,y por otro, la posibilidad de que cualquier ciudadano que tenga una idea viable la pueda proponer al parlamento.

Todo ello muy lejos de las actuales exigencias de 500.000 firmas que hacen tan difícil hacer llegar desde el pueblo una propuesta legislativa. Las leyes serían, realmente emanadas del pueblo y no de los partidos políticos, que las hacen acordes a sus propios intereses.

 Los diputados y concejales votarían de forma secreta todas las propuestas, garantizando con ello que realmente se vota en conciencia.

Los plenos deberían ser una vez por semana, en donde se presentarían, debatirían y votarían las propuestas. Una propuesta se presentaría por sus promotores y se divulgaría entre los diputados para que pudiesen estudiarla y debatirla en futuras sesiones, donde se podrían presentar enmiendas y finalmente se votarían las enmiendas y el texto final consensuado, si se llegase a ello. Para modificar normas anteriormente aprobadas sería necesario un periodo de carencia mínimo de un año y al menos una mayoría de un 60%, de modo que la legislación tenga una mínima estabilidad.

Por ese trabajo, de elaboración y estudio de propuestas y por la asistencia a los plenos, se recibiría una indemnización, de unos 300€ por semana (una proporción fija sobre el Salario Mínimo Interprofesional). Por la ausencia injustificada se dejaría de percibir la indemnización y se pagaría una sanción de unos 50€ (otra proporción sobre el SMI), y por tres ausencias se causaría baja, siendo elegido un suplente. Cada seis meses se cambiaría la mitad de los diputados, de modo que de cada provincia se renovasen la mitad y que siempre quedase una mitad con al menos seis meses de experiencia.

 La asistencia no tendría que ser necesariamente en persona, pudiendo ser por videoconferencia para los que, siendo diputados, viviesen fuera de Madrid. Asimismo, las votaciones podrían ser por medios telemáticos. Para los temas de gran trascendencia sería preceptivo hacer referéndums, y en todo caso, antes de aprobar una ley debería ser preceptivo consultar con expertos en la materia a legislar, tratando de reducir al mínimo el número de leyes y tratando de que sean de larga duración, como antaño.

  EL PODER EJECUTIVO lo ostentaría el GOBIERNO, que tiene por misión la administración diaria del estado. Una vez suprimida la monarquía, el sistema idóneo es la república presidencialista, donde el jefe del estado es también el jefe del gobierno, como en USA. Para disociarlo totalmente del Legislativo, el Presidente sería elegido por 4 años, en un sistema a dos vueltas, de entre los que se presenten candidatos, con sistema de circunscripción única nacional. A la segunda vuelta irían tan solo los más votados en la primera vuelta. El más votado en la segunda vuelta sería el presidente y el siguiente sería el vicepresidente. El presidente elegiría a los ministros, en número máximo de 12, los cuales a su vez elegirían, cada uno, a su viceministro (no subsecretario, como actualmente) y un número limitado de directores generales.

 En cada provincia se nombraría un Delegado del Gobierno. Y aquí se acabaría la capacidad de nombramientos de libre designación. De ahí para abajo, todos deberían ser funcionarios de carrera por oposición.

Todos los emolumentos de los miembros del gobierno deberían ir en una proporción fija sobre el salario mínimo interprofesional, de modo que solo se modificaría al modificarse el SMI.

  EL PODER JUDICIAL

Suprimir el tribunal constitucional  y la Audiencia nacional, que no dejan de ser tribunales especiales.

 Los jueces deberían ser nombrados, por elección de abogados y fiscales, de entre los candidatos de ambos gremios, que tengan al menos 10 años de experiencia. Eso garantiza que están acostumbrados a lidiar los asuntos judiciales antes de llegar a ser jueces, no como ahora en que la mayoría llegan , sin ninguna experiencia, tan solo por ser hijos de otros jueces.

Una vez dentro de la carrera, la promoción debería ser, igualmente por elección, incluyendo esta vez también entre los votantes al propio gremio de los jueces. Así se garantiza que solo irán ascendiendo los que más prestigio tienen entre la profesión, y no los más serviles con el poder.  

 LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Sería el único nivel intermedio de la administración, siendo el medio de la descentralización administrativa. Se reduciría su número actual, agrupando los pequeños hasta que ninguno tuviese menos de 5000 habitantes. En todo municipio habría una oficina central administrativa donde poder hacer cualquier trámite administrativo. Los concejales serían elegidos como los diputados, en un número variable, según la población del municipio, de entre 8 y 18. El alcalde sería elegido por el mismo procedimiento, en la misma fecha, y por los mismos plazos que el presidente del gobierno, para unificar los días de las elecciones. La principal misión de los ayuntamientos sería la prestación de servicios públicos y ordenación del territorio, de acuerdo con las necesidades de cada municipio.

Para aquellos servicios que un solo municipio no pudiese prestar, sería obligatorio el sistema de mancomunidades o comarcas, agrupando a varios municipios para esas prestaciones.

El urbanismo, principal fuente de corrupción, dejaría de ser competencia exclusivamente municipal. Los ayuntamientos se limitarían a aplicar una normativa urbanística uniforme en todo el Estado, que se basaría en criterios de carácter objetivo para el distinto destino de los terrenos y la edificabilidad de los mismos, de modo que se siguiesen criterios lógicos de crecimiento urbanístico, sin admitirse “saltos” en el crecimiento urbano. Es decir, hasta que no sea declarada urbana una parcela anexa a la ciudad, no puede ser declarada urbana la siguiente, y hasta que no sea edificada una franja, no puede ser declarada urbanizable la siguiente. De este modo el crecimiento urbanístico es previsible y lógico, no favoreciendo la especulación, pues todo el mundo sabría lo siguiente que se va a urbanizar. Todas las empresas públicas, fundaciones, observatorios, organismos, etc. que no presten servicios esenciales o  que dupliquen estos servicios, han de ser eliminados, y en todo caso, han de ser controlados por funcionarios de carrera que accedan al cargo por oposición.  

Cláusula de revisión periódica. Esta constitución tendría una cláusula según la cual cada 25 años debería ser, OBLIGATORIAMENTE, revisada, independientemente de que antes se pudiese hacer modificar algún artículo concreto, con una mayoría del 75% de votos y con referéndum posterior. Al congreso que le tocase la revisión periódica aprobaría las modificaciones, que luego serían sometidas a referéndum ARTÍCULO POR ARTÍCULO, no como la actual, que nos colaron a un “todo-o-nada”, haciéndonos creer que tenía que ser o eso o el caos y cuyas modificaciones posteriores no fueron sometidas a referéndum.  

 Y de esta manera podríamos tener un Estado realmente democrático y en el que las seguridades jurídicas estarían mucho mejor garantizadas que ahora.

César Montero Dabouza