` El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reconocido ser autor de un delito de alzamiento de bienes y el "grave error" que cometió al "confiar" en el empresario Ángel de Cabo para reflotar el Grupo Marsans, que acabó quebrando dejando un déficit patrimonial superior a los 200 millones de euros y 11.409 acreedores.

   En el escrito de defensa presentado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Europa Press, el antiguo dueño del grupo turístico solicita que se rebaje la condena que le pueda ser impuesta en el juicio de la 'Operación Crucero' con las atenuantes de reconocimiento de los hechos y reparación del daño.

   El ex responsable de la patronal dice "lamentar la situación a la que Ángel de Cabo condujo al Grupo Marsans" y admite que aceptó del empresario valenciano "sucesivas" entregas de dinero en una cuantía inferior a la señalada por la acusación. La Fiscalía hablaba de que De Cabo prometió dar a Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual ocho millones de euros en mensualidades de 100.000 euros.

   El testaferro de Ángel de Cabo, Jorge García Téllez, declaró en comisaría que este prometía a los empresarios arruinados salvar su negocio y entregarles dinero para afrontar sus necesidades. Sin embargo, dijo, la entrada de De Cabo terminaba agravando la situación de insolvencia de las empresas al apoderarse de todos sus activos líquidos y posesiones de alto valor económico.

CREYÓ QUE ÁNGEL DE CABO ERA UN "GRAN GESTOR"

   El abogado de Díaz Ferrán, Nicolás González Cuellar, relata que durante 2009 y principios de 2010 las empresas que eran propiedad de Díaz Ferrán y Pascual empezaron a atravesar una situación complicada tras la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. "Hicieron todos los esfuerzos posibles para mantener los negocios en funcionamiento y los empleos de sus trabajadores" poniendo como garantía su patrimonio personal y el de sus cónyuges.

   Su estado financiero se agravó cuando la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión y exigió un aval multimillonario. Al no estar en condiciones de aportarlo por haber agotado su capacidad de crédito y comprometido sus bienes, recurrieron a Ángel De Cabo bajo la "errónea" convicción de que era "un gran gestor" para la "salvación" de sus negocios.

   En junio de 2010, vendieron sus empresas a Posibilitum Business S.L., sociedad de De Cabo, quien se comprometió a poner avales que sustituyeran a los que prestaron él y su socio Gonzalo Pascual. Sin embargo, el empresario valenciano "incumplió" sus obligaciones al no sanear la compañía turística ni liberar su patrimonio personal.

   "Ángel de Cabo incumplió sus obligaciones, no liberó el patrimonio de mi mandante mediante la sustitución de las garantías que había prestado y en una angustiosa situación económica Gerardo tuvo que aceptar de De Cabo sucesivas entregas de dinero en una cuantía inferior a las que las acusaciones relatan", señala.

   Dicho esto, detalla todas las actuaciones que ha podido hacer en favor de sus acreedores y de los concursos de sus empresas. Entre ellas, cita la reclamación de 1.600 millones de dólares a Argentina por la expropiación de la compañía de Aerolíneas o el destino de los 10.000 euros a los que fue condenado el juez Elpidio Silva a la masa activa de concurso de acreedores.

    El juez Velasco dictó el pasado abril el auto de apertura de juicio oral y acusó a Díaz Ferrán y De Cabo de la comisión de delitos de alzamiento de bienes continuado, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. Además, acordó abrir juicio contra 26 empresas, en su mayoría relacionadas con De Cabo, como responsables civiles subsidiarias.

   La Fiscalía pide 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE y 8 años para el liquidador de empresas De Cabo, que se encargó de la operación de vaciamiento. Solicita, además, 8 años y nueve meses para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría. Por su parte Iván Losada, número dos de De Cabo, se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses.