Los policías retirados Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez han declarado este martes en la Audiencia Nacional imputados por presuntos delitos de revelación de secretos en el 'caso Villarejo', que su papel se limitaba a buscar en las bases de datos policiales la información que sus mandos les solicitaban, en algunos casos, mediante un nombre anotado en un 'post-it', sin conocer para qué investigación iban a utilizarse y sin recibir ninguna prestación a cambio.

Ambos habían sido citados por su relación con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, quien, según las pesquisas, lideraba una organización "parapolicial" que parasitó el Estado y contaba con 'topos' que le proporcionaban información sensible sobre personas a las que investigaba por encargo de terceros, a cambio de grandes sumas de dinero.

En el caso de Díez Álvarez, imputado en las piezas 'Land' sobre espionaje entre miembros de una familia adinerada e 'Iron', relativa a la misma práctica contra un despacho de abogados; ha afirmado que su función era recabar datos por orden de sus superiores, entre ellos el entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño.

Desconoce, no obstante, si la información sensible sobre los abogados y la familia Cereceda por la que ha acabado imputado en la Audiencia Nacional la recopiló a petición de este o de otros mandos. Sí ha dicho que era habitual que él le dejase un post-it en la mesa con el nombre o el DNI de la persona sobre la que debía recopilar la información disponible. Estaba autorizado a buscar y proporcionar esa información y no existía un protocolo para hacerlo.

Ha negado, igual que el también ex policía Manuel Novoa, imputado en 'Land', haber recibido ningún sobresueldo, dádiva o contraprestación por aquella labor, así como ha descartado que en alguna ocasión se le hubiese insinuado esa posibilidad. Ambos han insistido en que buscar datos para investigaciones policiales era su labor, sin conocer el sentido de esas pesquisas.

LA FIRMA AUTOMÁTICA DEL PUNTO NEUTRO JUDICIAL

Por otra parte, ha prestado declaración ante el juez también como imputado el responsable informático del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial, Juan Carlos Garcés, cuya firma aparecía en los documentos sobre la familia Cereceda que obraba en poder de Villarejo.

Ha explicado que esta circunstancia se debe a un mero formalismo, ya que como gestor y máximo responsable de la aplicación informática es su nombre el que aparece en todas las consultas de información que tramita la red -36 millones en un año, según las mismas fuentes jurídicas-- y no la del funcionario de cualquier juzgado de España que solicita esos datos. Los juzgados son los únicos que pueden pedirlos.

Esta circunstancia lleva a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar al juez García Castellón que recave del CGPJ el origen de esas consultas presuntamente ilícitas y de fines espúreos que motivaron que la red de Villarejo tuviese acceso a datos privados de distintas personas del entorno de la familia Cereceda. El objetivo es citarles y que expliquen por qué se interesaron por esa información.

Es posible conocer quién realizó la pregunta haciendo un barrido dentro de la petición de información, pero debe hacerse ad hoc, ya que sobre la marcha, Garcés no tiene acceso ni control sobre todas las solicitudes que circulan por el sistema y se 'rebotan' a los organismos que las proporcionan, como Hacienda, Tráfico o la propia Policía Nacional, de acuerdo a las mismas fuentes.

EL FUNCIONARIO DE HACIENDA NO DECLARA

Por último, había sido citado en esta jornada como imputado también por revelación de secretos el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro, que habría proporcionado a la organización de Villarejo datos fiscales privados de los miembros del bufete de abogados al que estaba espiando para otros. Se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que no ha tenido tiempo de preparar su defensa.

Las declaraciones continuarán el miércoles por la tarde, cuando el juez ha citado en calidad de investigados al inspector Antonio Bonilla, que fue detenido en julio de 2018 junto a García Castaño y, al igual que él, quedó en libertad con medidas cautelares.

Bonilla, que ya reconoció en sede judicial haber proporcionado datos privados a Villarejo, vuelve a la Audiencia Nacional por las piezas Iron y Pintor, la que involucra al empresario Juan Muñoz y a su hermano por haber recurrido a Villarejo, presuntamente, para perpetrar un chantaje. Declarará antes de Antonio Serrano, también imputado por revelación de secretos al comisario en prisión.