El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda civil contra S&P y su matriz McGraw-Hill, en la que acusaba a la agencia de crear un esquema para defraudar a los inversores con productos financieros como RMBS (valores respaldados por hipotecas) y CDOs (obligaciones de deuda coleteralizada).

   En rueda de prensa, Holder aseguró que S&P era consciente de que estaba inflando los ratings de los CDOs, ya que falseó su solvencia y subestimó sus riesgos, y acusó a la agencia de engañar a sus inversores, incluidas muchas instituciones financieras aseguradas por el Gobierno federal, provocándoles pérdidas de miles de millones de dólares.  

  Asimismo, alegó que S&P afirmó "falsamente" que sus calificaciones eran independientes, objetivas y no estaban influenciadas por la relación de la agencia con el emisor que le había contratado, cuando, "en realidad, los ratings se vieron afectados por significativos conflictos de intereses".  

  "S&P estaba motivada por su deseo de incrementar sus beneficios y su cuota de mercado a la hora de favorecer los intereses de los emisores sobre los de los inversores", remarcó Holder.

   El fiscal general estadounidense argumenta que la Ley de Cumplimiento, Ejecución y Reforma de Instituciones Financieras de 1989 permite al Ejecutivo presentar demandas civiles por las pérdidas sufridas por las instituciones financieras aseguradas por el Gobierno federal.

   "Hasta la fecha, hemos identificado más de 5.000 millones de dólares (3.690 millones de euros) en pérdidas de este tipo como consecuencia de CDOs calificadas por S&P entre marzo y octubre de 2007. Durante este periodo, casi todos y cada uno los CDOs respaldados por hipotecas que fueron calificados por S&P no solo dieron un rendimiento inferior, sino que quebraron", subrayó.

INVESTIGACIÓN

Holder explicó que la investigación a S&P comenzó en noviembre de 2009 y ha desvelado que, incluso desde 2003, analistas de la agencia mostraron sus preocupaciones por la exactitud del sistema de rating de la agencia, así como por su metodología.  

 Sin embargo, los directivos ignoraron estas advertencias y ocultaron hechos, hicieron declaraciones falsas a inversores e instituciones financieras y tomaron otras medidas para manipular los criterios y los modelos empleados.

   Así, añadió que, incluso en 2007, cuando datos internos mostraron un grave deterioro en la solvencia de los RMBS calificados, la agencia continuó calificando CDOs por valor de cientos de miles de millones de dólares, ignorando las previsiones de sus analistas.   

 Por otro lado, Holder defendió que esta decisión es "el último paso en los esfuerzos en marcha para proteger a los ciudadanos del fraude financiero, hacer rendir cuentas a aquellos que violaron la ley y abusaron de la confianza pública y buscar justicia para todos aquellos que viven devastados por la reciente crisis económica".