La Policía impidió que los Mossos d'Esquadra destruyeran en una incineradora una ingente documentación entre la que se halló una nota informativa que sitúa el inicio del plan independentista en una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011 a la que acudieron los "máximos dirigentes" de la entonces Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Dicha cita se repitió a finales de diciembre, sumándose los hijos del expresidente Jordi Pujol (Jordi, Oriol y Josep).

Tras esta segunda reunión, de la que fueron informados "un grupo de personas afines de los círculos empresariales, económicos y de la comunicación", se decidió que asumiera el rol de "controlador" Felip Puig, consejero de Interior entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012. Entre los empresarios que se cita figura José Antich Valero, "actual fundador y director del diario digital ElNacional.cat", del que se dice que tiene "carácter político y afín al PDeCAT".

Así consta en las conclusiones policiales del informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía, al que ha tenido acceso Europa Press, en base a la documentación intervenida el 26 de octubre cuando los Mossos pretendían quemar varias cajas en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

De acuerdo a una nota informativa sin membrete de fecha 12 de octubre de 2012 "sobre el Plan Independentista de CDC", el inicio del "hipotético" plan nació de una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011. La Policía califica esta nota como un "resumen" de actuaciones de "ciertos dirigentes de CDC y de Unió para camuflar el cobro de comisiones y/o sobornos".

En este plan, "Puig se encargaría de las tareas de controlador y de inteligencia" y, para tal fin, se dispuso de "tecnología y comunicaciones que operativamente se encuentran instaladas en vehículos --furgonetas camufladas-- adscritas a la Unidad Tecnológica de los Mossos de la Central de Sabadell".

FONDOS RESERVADOS Y ESTRUCTURAS OPACAS

Entre la documentación operativa de las áreas de Interior y Exterior, la Policía halló un centenar de impresos justificativos en diferentes cajas pertenecientes a la Unidad Central de Recursos Operativos (UCRO), actualmente denominada UCOINF, a la que se incardina en la Comisaría General de Información de los Mossos.

"Su estructura y componentes no se han hecho públicos y", según la Policía, "se le atribuyen investigaciones de carácter más delicado". Los investigadores subrayan que existe "numerosa documentación relativa a gastos reservados generados por las diferentes unidades centrales y regionales de la Comisaría General de Información".

Una furgoneta camuflada, por ejemplo, se colocó durante meses "en una plaza de parking frente al domicilio particular de la entonces presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho", siguiendo órdenes directas atribuidas a Felip Puig.

La Policía recuerda en su informe remitido a la Audiencia Nacional que, coincidiendo con el presunto espionaje a Alicia Sánchez Camacho y otros dirigentes del PP catalán, la seguridad de la presidenta de los 'populares' en esta comunidad autónoma estaba asignada a cuatro miembros de los Mossos.

Estos agentes de la policía catalana "tenían la instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de Alicia Sánchez Camacho al propio Puig". Esta misma estrategia se seguía con el ministro del Interior, por entonces Jorge Fernández Díaz, "cada vez que se trasladaba a Barcelona".

"TEJER ALIANZAS" CON JUECES, IGLESIA Y PNV

La Policía concluye que el proceso iniciado por CDC en 2011 "tenía como prioridad tejer alianzas con la patronal FEMCAT", a la que se define como fundación privada de empresarias que comparte la misión de que Cataluña se convierta en un país, así como con "destacados miembros de la judicatura y fiscalía, con especial atención a la iglesia y partidos políticos como el PNV".

Los investigadores destacan la "estrategia ofensiva-defensiva" con la que los dirigentes de CDC pretendían disponer de información sensible del PP para, dicen, "poder negociar con éste en caso de que las cosas se pusieran difíciles". Aquí se destaca el papel jugado por la familia del empresario Vicente Monje Tuñón, "quien presionó a terceros para que denunciaran sobornos por parte de dirigentes del PP".

La nota informativa del 12 de octubre de 2012 que los Mossos querían quemar incluía también una serie de datos bancarios sobre los Pujol y otras personas del denominado 'caso Palau', "todo ello", según la Policía, "aportado por Falciani", el ingeniero de sistemas italo-francés que reveló datos bancarios en masa.

Los Mossos tenían documentación en la que se detallaban "otras líneas de investigación" que deberían iniciarse en torno a otros miembros de CDC. Se citan datos sobre Andorra de María Victoria Álvarez Martín, la exnovia de Jordi Pujol Soley, la compra de casinos en Argentina y México por parte de los Pujol, la compra de varios edificios en Panamá a través de sociedades y otras inversiones en Houston o Miami.

"CDC pretendía ocultar todo el entramado de cobros por comisiones de los denominados 'caso 3%' y 'caso ITV", dice la Policía. En otra nota informativa sin membrete de fecha 1 de julio de 2014, en la que se incluye a bolígrafo "Doc.8" y la palabra "Reservado" impresa, se aborda el dinero offshore de la familia Pujol. "Son datos aportados por varias entidades bancarias en Andorra", según los investigadores.

Los Mossos tenían informes "reservados" de

Villarejo de 2014 sobre la fortuna de la

familia Pujol

Los Mossos d'Esquadra disponían de informes "reservados" elaborados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de enero de 2015 sobre la fortuna de la familia Pujol, documentos que otro comisario, Marcelino Martín Blas, también poseía y que no habría puesto a disposición de la autoridad judicial, según consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que elaboró la Policía Nacional a raíz de la documentación que se incautó el pasado 26 de octubre a la policía autonómica cuando ésta la llevaban a quemar a la incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona).

La primera "nota informativa" escrita por Villarejo y que fue intervenida a los Mossos data del 1 de julio de 2014. Es una nota "sin membrete", escrita a bolígrafo y con la palabra "Reservado" impresa. Trata sobre "el dinero 'offshore' de la familia Pujol", explica la Policía.

INFORMACIÓN APORTADA POR LOS BANCOS

Se trata de "datos aportados por varias entidades bancarias en Andorra sobre dicha familia". "En concreto, la BPA comunica que Marta Ferrusola y tres de sus hijos eran titulares de cuentas bancarias en dicha entidad, con movimientos en Luxemburgo. Los Pujol también habrían trabajado con otros bancos andorranos como Andbank, Banca Mora, Banca Dorca, Banc Catalana y Banca Cassany", resume el informe policial.

Junto a estos datos, la nota de Villarejo hace "un detallado estudio de la BPA, que pasa a ser controlada con 100% de capital andorrano por parte de los hermanos Cierco y su expansión internacional, cómo quieren crecer en España con la adquisición de Banco Madrid, siendo su denominación social Nordinvest Sil y los Pujol los aportadores más significativos de la misma".

El siguiente documento, también escrito a bolígrafo, está fechado unos días después, el 4 de julio de 2014, y explica que la nota del día 1 "fue elaborada por orden de la superioridad como maniobra de distracción para evitar que se detectara a los que en realidad consiguieron los datos aportados de la BPA, que vinculaban a los Pujol y responsables indirectos de su filtración al periódico 'El Mundo'".

En otra de las notas, un "informe sin membrete" que data del 20 de enero de 2015 y en el que también figura impresa la palabra "Reservado", se hace referencia a "datos que se debían aportar al sumario Pujol y de las discrepancias entre órganos judiciales", presumiblemente en referencia al conflicto planteado acerca de qué tribunal debía hacerse cargo de la investigación.

En el folio tercero del citado "informe sin membrete" se hace constar, según la Policía, que el autor de estas notas informativas es el comisario jubilado Villarejo, quien "da cuenta de una serie de datos relativos al caso Pujol que estarían en manos de otro comisario", Marcelino Martín Blas.

SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES

JUDICIALES

Villarejo comenta que Martín Blas no habría puesto esta información "a disposición de la autoridad judicial, finalmente presentando un escrito para ponerse él mismo a disposición de la autoridad judicial, tanto española como andorrana".

La investigación judicial sobre el origen supuestamente ilícito de la fortuna del clan Pujol comenzó a raíz de que el expresidente catalán admitiese en un comunicado a finales de julio de 2014 que tenía dinero en paraísos fiscales, un dinero que, según explicó, su padre le dejó en herencia.

A raíz de ello, todos los miembros de la familia --Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y los siete hijos de ambos-- han sido imputados por blanqueo de capitales. El hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, estuvo ocho meses en prisión provisional por ocultar presuntamente al fisco más de 30 millones de euros como resultado de una estrategia con la que se puso en marcha una estructura societaria para evadir el capital al extranjero y de controlar las cuentas de los demás miembros de la familia.