El asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que desconocía que sus integrantes tuvieran cuentas bancarias en el extranjero y que tuvo conocimiento de la supuesta herencia que el expresidente de la Generalitat de Cataluña guardaba en Andorra "unas semanas antes" de su confesión, cuando este le pidió "consejo", informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

   Sánchez Carreté, uno de los ocho testigos que ha comparecido este viernes en el marco de la causa en la que se investiga el origen de la fortuna del primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, ha señalado que, a pesar de que gestiona los asuntos fiscales de la familia desde 1983, nunca tuvo constancia de que él o su padre  tuvieran depósitos fuera de España.

   Según ha explicado, se enteró de las cuentas en Andorra del 'expresident' poco antes del 25 de julio, cuando Pujol confesó a través de un comunicado que tenía fondos no declarados a Hacienda desde 1980 que provenían de una herencia que le dejó su padre, Florenci Pujol. "Me preguntó cómo tratar este asunto y si debía regularizar esos fondos", ha explicado, según los abogados presentes en la sala de vistas.

   El fiscalista, representante de la empresa Consultores de Economía y Tributos, ha detallado que cobraba 5.000 euros al año a Jordi Pujol Ferrusola por gestionar el Impuesto de Sociedades de sus empresas y que, como "bonus" de esta actividad, le hacía gratis la declaración de IRPF a él y a su exesposa, Mercè Gironés. El matrimonio está imputado por un delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

   También ha declarado el administrador de la empresa Audigest, Joan Mallafre, que se encargó desde 2007 de las declaraciones de IRPF e IVA de las empresas del matrimonio. En la línea de Sánchez Carreté, ha señalado que únicamente se ocupó de gestionar fondos que provenían de sociedades radicadas en España y que no le consta ningún tipo de operación en el extranjero.

"MI HERMANO NO TIENE RELACIÓN CON JORDI"

    Jordi Puig, hermano del consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig (CiU), ha sido preguntado por dos negocios que realizó con Jordi Pujol Ferrusola en Ibiza y Gabón aunque en un momento del interrogatorio la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, le ha cuestionado por las labores que su allegado había ejercido para la Administración pública. "Eso tendrán que preguntárselo e él", ha contestado. "Se lo pregunto a usted porque usted está aquí", ha replicado la representante del Ministerio Público.

   "Lleva más de treinta años en la Administración pública pero no sé en qué cargos", ha dicho entonces Puig poco antes de asegurar, esta vez taxativamente, según las citadas fuentes, que su hermano "no ha tenido ninguna relación" con Jordi Pujol Ferrusola y que es él quien lo conoce desde el colegio y quien llegó a compartir unas oficinas en las que cada uno tenía su despacho.

   En relación con los negocios que hizo con el imputado, Puig ha dicho que en el de Ibiza se limitó a presentar a Pujol Ferrusola con el promotor del proyecto (unos apartamentos de lujo con servicios en los que el hijo del 'expresident' perdió 200.000 euros). Sobre el de Gabón, del que ha asegurado no saber nada hasta que la fiscal le ha exhibido varios correos que él mismo envió sobre el proyecto, ha acabado reconociendo que su empresa, Ibadesa Cat, se encargó de mediar en el proyecto hasta 2006 y que a partir de ese año esta labor fue asumida por una empresa del imputado.

PUIG NO COBRÓ EN GABÓN, PUJOL 600.000 EUROS

   El negocio, consistente en la ampliación del tendido eléctrico del país africano, fue desarrollado por la empresa Isolux y reportó una comisión a Pujol Ferrusola de 600.000 euros, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Puig, sin embargo, ha asegurado que su empresa no cobró nada por sus servicios.

   Sobre esta actividad, el director general del área Internacional de Negocio de Isolux, Óscar Vía, ha detallado que el contrato fue ampliado en 2009 y que entonces recibió la orden de seguir pagando a las empresas de Pujol Ferrusola. No obstante, ha asegurado no saber si existen facturas porque es un tema del que se ocupaba el entonces director general financiero de la compañía, Antonio Martínez Borrallo, quien previsiblemente será llamado a declarar. Las labores de ejecución del proyecto, según ha explicado, las llevaba el responsable del Departamento de Transmisión, José Augusto Ferreiras.

   Por su parte, el director de los Servicios Jurídicos de Isolux desde 2011, Cristian Gómez, ha declarado que le ha entregado a la UDEF todos los correos electrónicos, cartas, faxes o mensajes que justificarían la labor de consultoría desarrollada por el hijo mayor del exjefe del Gobierno catalán en el país africano.

EL PROYECTO DE MÉXICO NO FUE BIEN

   También ha comparecido ante el juez el propietario de la empresa Juandro Consultores, Julio Bonis, que fue consejero del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria y participó junto a Pujol Ferrusola en el proyecto inmobiliario Azul de Cortez, promovido también por Isolux en la Baja California mexicana. Según ha explicado, el hijo del 'expresident' invirtió casi dos millones de euros en calidad de fideicomisario (un 21,5 por ciento de las acciones) aunque, según ha dicho, el negocio no le salió muy rentable porque tuvo que pagar una buena parte a Hacienda.

   El director general de Azul de Cortez, Javier Puerta, ha dicho que vio una vez a Gironés en "un desayuno de cortesía" y que no sabe cómo se gestó el negocio porque lo asumió en 2008. Según ha detallado, en la actualidad la urbanización tiene agua, luz y electricidad y sólo falta la construcción de los edificios.

FIN DE LAS DECLARACIONES

   Con estos interrogatorios concluye la ronda de comparecencias de 11 imputados y 27 testigos --dos no han acudido a la Audiencia Nacional-- que ha llevado a cabo el juez Ruz en el marco de esta causa, en la que investiga los cobros de más de 8,5 millones de euros que Pujol Ferrusola y su exmujer cobraron de empresas que "directa o indirectamente" declararon "ingresos procedentes de distintos organismos de Cataluña".