Welsh ha sido llamado a declarar como testigo en el marco del proceso judicial contra cinco acusados de orquestar los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, después de que los abogados de algunos de ellos denunciaran escuchas ilegales. 

  En su comparecencia ha admitido que los detectores de humo son micrófonos "no detectables" y ha detallado que lo sabía desde enero de 2012, cuando vio a un agente de seguridad escuchar con unos auriculares una reunión on the record entre fiscales, abogados y presos.  

Welsh ha explicado que preguntó al jefe de Guantánamo, que le aseguró que no espiaban las reuniones confidenciales. Sin embargo, los correos electrónicos de sus antecesores revelan lo contrario. "Si necesitas una declaración jurada de que no hemos guardado grabaciones, estaré encantado de dártela", dice uno de los e-mail. 

  Welsh ha subrayado que los micrófonos no se usan para escuchar las conversaciones privadas entre los presos y sus abogados o los representantes del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) que acuden a visitarlos. "No las escuchamos, al menos no bajo mi supervisión", ha dicho.

   Por su parte, el director de Tecnología de Guantánamo, Maurice Elkins, ha confirmado que los taquígrafos y los agentes de Inteligencia reciben a través de los micrófonos la información de todo lo que ocurre en la sala del tribunal para que puedan elaborar las transcripciones. 

   La polémica sobre las audiencias previas de los presos de Guantánamo se desató hace una semana, cuando la celebrada en el caso de Jalid Seij Mohamed, acusado de ser uno de los cerebros del secuestro de los aviones del 11-S, se interrumpió durante unos minutos, dejando al descubierto que alguien estaba manipulándola. 

  La audiencia previa se celebró en un edificio de alta seguridad en el que el público -incluida la prensa- se encuentra detrás de una pared de cristal insonorizado, en la que ven y escuchan las declaraciones con unos 40 segundos de retraso. 

  Un funcionario de seguridad que se encuentra sentado al lado del juez militar controla, a través de un botón, la emisión de la audiencia previa, interrumpiéndola para el público cuando se revela información clasificada. 

  No obstante, en este caso la emisión se interrumpió por una tercera persona durante la intervención del abogado de Mohammed, David Nevin. El juez militar James Pohl ha considerado que fue un error porque en ese momento no se estaba revelando información clasificada. 

  Tras el fallo, Pohl se reunió con los abogados de las partes, incluida la Fiscalía, para explicarles que "hay una autoridad original" que se encarga de controlar la emisión de las audiencias, aunque no detalló de quién se trata. 

  Finalmente, el magistrado castrense ordenó desmantelar el sistema de control, subrayando que él y el funcionario de seguridad son los únicos autorizados para controlar la emisión de las audiencias. Al parecer, la orden se ejecutó durante el fin de semana.