Martes, 26 de noviembre de 2024
La derrota del 'Brexit' inauguraría el "estatus especial" de Reino Unido en la UE
El 'Brexit' abriría un territorio desconocido que amenaza con años de negociaciones
El referéndum sobre la continuidad de Reino Unido en la Unión Europea expone al proyecto comunitario a un escenario sin precedentes en el que la única certidumbre es que, de vencer la salida, la decisión sería "irreversible", según ha reiterado insistentemente el primer ministro, David Cameron, quien ha avanzado ya que el proceso formal de retirada de los Veintiocho comenzaría de inmediato.
Aunque el Tratado de Lisboa establece las pautas de este procedimiento en el artículo 50, el primer movimiento ha de partir del estado miembro, que debe notificar a la UE su deseo de abandonar. De hecho, Londres no está obligado a proceder inminentemente, es más, los partidarios de romper con Bruselas han manifestado ya su preferencia por aguardar, puesto que, pese a meses de campaña, la fórmula que regiría sigue siendo una incógnita.
Por si fuera poco, tampoco está claro quién capitanearía la partida, puesto que aunque Cameron ha reiterado que no dimitirá si mañana pierde la batalla, su legitimidad quedaría muy dañada, no sólo porque se ha jugado su credibilidad a la carta de la continuidad, sino por el desgaste sufrido tras una enconada campaña y las divisiones internas de un partido, el conservador, que coquetea con la guerra civil.
Los plazos, a priori, están marcados, si bien los dos años establecidos en la normativa comunitaria podrían ampliarse siempre que lo autoricen los otros veintisiete socios. Expertos en Derecho europeo creen que, dada la complejidad, las negociaciones podrían llevar hasta una década y los propios defensores del divorcio asumen que, como mínimo, serían necesarios cuatro años.
Mucho dependerá de la disposición de los líderes de la UE, pero si la opinión del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, es significativa, Reino Unido puede prepararse: Juncker ha avisado ya de que "los desertores no serán tratados amablemente" y, para complicar aún más la ecuación, la Eurocámara tiene derecho a veto.
Si transcurrido el bienio establecido no hubiese acuerdo para ampliar plazos, Londres pasaría a depender de las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que dificultaría su posición, ya que serían precisos pactos en paralelo con los demás 161 integrantes de la OMC y las empresas británicas quedarían expuestas a costosas tarifas de las que actualmente se hayan exentas por formar parte de la UE.
Entre tanto, las leyes de la UE continuarían en vigor, puesto que Reino Unido seguiría siendo considerado miembro, si bien un sector del bando pro-Brexit ha anunciado su intención de ignorar de inmediato la Ley de Comunidades Europeas, el texto que establece la supremacía de la normativa comunitaria, un desafío que polarizaría aún más las posiciones de las partes negociadoras.
Uno de los factores más complejos será el potencial encaje británico en el mercado común, arma e inquietud de referencia del frente a favor de la continuidad. Puesto que tres cuartos del Parlamento apoya la permanencia, se abriría un delicado dilema sobre hasta dónde estarían dispuestos a llegar los diputados británicos para proteger la permanencia en un mercado que da acceso a más de 500 millones de personas y al que Reino Unido exporta actualmente casi la mitad de sus ventas al exterior.
La presión, por tanto, será notable para hallar una solución que implicará delicados compromisos de las partes, un esfuerzo que podría necesitar años antes de que se pueda garantizar el apoyo de una mayoría cualificada de los ministros del ramo para, posteriormente, lograr que la propuesta sea ratificada por los demás estados miembro y, a continuación, por los Parlamentos europeo y británico.
Una de las disyuntivas manejadas pasaría por emplear su aplastante mayoría en la Cámara de los Comunes para evitar romper el acuerdo comercial, pero los partidarios del 'Brexit' han considerado ya esta alternativa un desafío abierto a la voluntad popular: si uno de los catalizadores de la mejora en los sondeos de la salida es el control de los flujos migratorios y el mercado común implica necesariamente la libertad de movimiento, permitirla a través de una alianza en Westminster supondría, alegan, ignorar el veredicto de las urnas.
Sin embargo, quienes amparan la ruptura con Bruselas tampoco han especificado una fórmula específica, es más, el bando se encuentra dividido. No en vano, una de las más inmediatas reacciones a tener en cuenta el viernes será la de los mercados. El veredicto se conocerá ya a su apertura y, a la vista de la evolución de las últimas semanas, es improbable que una potencial salida sea bienvenida. Los analistas han advertido, además, de una acusada depreciación de la libra.
Junto a la City y Downing Street, la atención estará en el continente, donde se espera que los demás líderes, que han mantenido en secreto su plan de acción en caso de 'Brexit', se reúnan a la máxima urgencia y exijan a Reino Unido clarificaciones sobre las áreas más delicadas, como el futuro de los casi tres millones de ciudadanos comunitarios que residen al norte del Canal de la Mancha. Hasta tres cuartos de éstos no responderían a los criterios de visado que actualmente pesan sobre los trabajadores de fuera de la UE, si bien es improbable que las restricciones afecten a quienes ya residen en suelo británico.
Este ajuste, con todo, constituye tan sólo una pieza más del complejo puzzle legislativo de un proceso que obligaría a revisar hasta 80.000 páginas de acuerdos comunitarios, con el objetivo de decidir descartes, qué áreas enmendar y cuáles mantener, un sumario que, inevitablemente, querrá supervisar el Parlamento británico y cuya duración constituye un enigma.
La elección de la brigada negociadora constituye otro los rompecabezas, puesto que los ministros de mayor rango en el Gobierno --Tesoro, Exteriores e Interior-- apoyan la permanencia, lo que, como en el caso del 'premier', podría cuestionar su capacitación para pilotar una travesía a la que se habían opuesto.
En cualquier caso, quienes defienden romper no han manifestado, de momento, oposición alguna a que Cameron esté al frente, sobre todo porque, de continuar, se da por hecha una remodelación de gobierno que permita reconciliar a las partes y, crucialmente, promocionar a quienes apoyaron el 'Brexit', desde el titular de Justicia, Michael Gove, quien podría convertirse en número dos de Ejecutivo, al ex alcalde de Londres, Boris Johnson, actualmente presente en los Consejos de Ministros, aunque sin cartera.
En consecuencia, junto a la resolución de una profunda crisis política en casa, esta potencial nueva administración tendría que resolver un proceso sobre el que no hay precedentes, tan sólo la salida de Groenlandia, ni siquiera un estado, sino un territorio que formaba parte de Dinamarca, hace más de 30 años, cuando la UE no era tampoco la unión política en la que se ha convertido hoy en día.
Por si fuera poco, este nuevo capítulo tendría que acordarse con socios que difícilmente mostrarán empatía hacia quien ha decidido abandonar, a pesar de los compromisos que tanto costaron en febrero y que garantizarían para Reino Unido el ansiado estatus de verso libre de una Europa cada vez más cohesionada.
No en vano, a escala europea, el temor es que la partida británica genere un efecto dominó entre otros integrantes de los Veintiocho y, sobre todo, que desencadene un peligroso auge del populismo. En casa, mientras, la salida incrementaría el riesgo de una crisis constitucional para la unión británica, puesto que territorios como Escocia, protagonista de un plebiscito de independencia hace menos de dos años, apoyan mayoritariamente la continuidad en la UE.
La victoria de la permanencia en la Unión Europea en el referéndum que se celebra este jueves en Reino Unido inauguraría una nueva era para un bloque que se ha comprometido a garantizar un estatus especial para el más reticente de sus miembros, garantizando su exención de la paulatina integración comunitaria y la posibilidad de limitar los derechos de los ciudadanos comunitarios.
En consecuencia, independientemente de un veredicto aguardado en suelo británico tanto como en el continente, el plebiscito cambiará las reglas de juego en los Veintiocho, donde existe el riesgo de que se genere una Europa de dos velocidades y de que las concesiones a Londres desencadenen un efecto contagio que empuje a otros países a plantear sus propias demandas, complicando todavía más la cohesión de una UE en busca de identidad.
A corto plazo, no obstante, el triunfo de la continuidad supondría un alivio para un proyecto comunitario que se enfrenta a desafíos como el encaje de la unión política, la crisis de los refugiados y el estancamiento de la Eurozona. En consecuencia, una vez confirmada una potencial permanencia, se prevé que los líderes europeos agilicen al máximo los mecanismos para garantizar las prebendas pactadas en febrero tras maratonianas jornadas de negociaciones.
En casa, el reto inmediato para el primer ministro británico, David Cameron, será hacer entender que este "estatus especial" constituye "lo mejor de los dos mundos" a una ciudadanía que, según ha quedado patente durante la campaña, siente una profunda desafección hacia la UE.
Además, resulta improbable que la victoria sea aplastante, a juzgar por las encuestas, o incluso satisfactoria para el 'premier', dadas las críticas en su propio partido y en un notable espectro mediático y social, que han considerado la revisión de la relación con Bruselas una claudicación.
Como resultado, incluso de obtener el respaldo en las urnas, Cameron estará obligado a capear la presión doméstica con el malestar entre unos líderes comunitarios que no sólo desconfían de las potenciales ventajas que Londres podría obtener del acuerdo, como es el caso de Francia, sino que temen el peso de los cambios planteados, especialmente el bloque del Este, inquieto ante la reforma de las prestaciones sociales.
No en vano, el éxito de la permanencia iría más allá de territorio doméstico, puesto que además de modificar el vínculo entre Bruselas y Londres, obligaría a la UE a abdicar de algunos de sus principios fundamentales para acomodar al más díscolo de sus miembros.
A escala interna, la brecha abierta en el Gobierno y en el partido que lo sustenta amenaza con una seria escisión entre los conservadores británicos, que en lo único que coinciden es en que el plebiscito constituye una de las decisiones más importantes que Reino Unido ha tenido que gestionar en décadas.
La cuestión que más polémica genera es la moratoria para las prestaciones de los ciudadanos de la UE. La fórmula sería gradual, es decir, aunque las ayudas se limitarían durante un cuatrienio, se irían otorgando paulatinamente a medida que los ciudadanos comunitarios permaneciesen en Reino Unido.
Con todo, Londres tendría que demostrar que, efectivamente, la dotación de ayudas como los complementos de sueldo para los bajos salarios representan una presión insostenible para su sistema de bienestar. Como contrapunto, contaría con la posibilidad del polémico freno de emergencia al menos siete años.
Además, después de que Cameron admitiese retirar su ambición inicial de introducir un veto al envío de ayudas por hijo al país de origen, la solución implicaría adaptarlas a la de los estándares de vida del lugar de procedencia. A partir de 2020, las restricciones se aplicarían a solicitantes existentes.
Asimismo, si mañana apuesta por continuar, Reino Unido contaría con el compromiso de no tener que sumarse a una mayor integración comunitaria y, adicionalmente, con la denominada 'tarjeta roja', un mecanismo que aspira a ir más allá de la 'amarilla' introducida en 2009 en el Tratado de Lisboa para defender el principio de subsidiaridad, es decir, la preeminencia de los parlamentos nacionales sobre la Eurocámara.
Si el sistema vigente da a los legislativos de cada país dos votos, el nuevo les permitiría unirse para detener, o enmendar, leyes comunitarias en nombre de sus intereses, a partir de un umbral mínimo de un 55 por ciento del total de votos de cada parlamento.
En materia monetaria, la UE establecería que la divisa común no es la única en la Unión, una admisión que implicará una protección especial para los países ajenos al euro, y crucialmente para la City de Londres, de las normativas de la Eurozona. De esta manera, no sólo Reino Unido quedaría exento de rescates financieros, una bandera agitada por quienes defienden el 'Brexit', sino que se aseguraría de estar al mando de la legislación fundamental de su industria financiera.
Por último, a raíz del debate británico, Bruselas se ha comprometido a "aumentar los esfuerzos destinados a reforzar la competitividad" y reducir las "cargas administrativas", una demanda que atribuye un notable punto a las aspiraciones de Cameron, puesto que se trata de una de las reivindicaciones fundamentales de los negocios británicos.
Columnistas
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