El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado las diligencias abiertas a los 33 jueces de Cataluña que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir en Cataluña al entender que no incurrieron en falta disciplinaria alguna. Censura no obstante su profesionalidad porque el contenido del documento contradice la doctrina constitucional al reconocer a Cataluña como sujeto soberano.

   El acuerdo de archivo señala que la actuación de los magistrados queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y opinión, por lo que el asunto queda archivado y ni siquiera será discutido por la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.

   Fonseca-Herrero incide en que el manifiesto, aisladamente considerado y en función de los datos que obran en su poder, "no puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político, actuación que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión consagrados por el artículo 20 de la Constitución Española".

   Según el promotor, los 33 jueces denunciados por Manos Limpias se limitaron en el citado Manifiesto a dar su opinión jurídica en defensa del derecho del ciudadano a participar en asuntos públicos, de decidir sobre posibles jurídicos "conducta que, como se acaba de adelantar, debe quedar amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresión y de opinión", añade el texto.

   Por todo ello, Fonseca-Herrero concluye que no se puede mantener la imputación de ilícitos sancionadores y archiva la información previa.

CENSURA SU DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

   No obstante, el promotor considera que, en el plano de la deontología profesional, la actuación de los jueces y magistrados es censurable en la medida en que su actuación viene a menoscabar la confianza de los ciudadanos en la judicatura.

   Y ello es, según el magistrado encargado de vigilar disciplinariamente a los jueces, porque partieron "de una afirmación que carece de todo apoyo normativo y contradice la doctrina constitucional cuando, en forma implícita, vienen a reconocer a Cataluña la cualidad de sujeto jurídico y político soberano.

   Se refiere así a la parte del manifiesto en la que los 33 jueces afirman de forma tajante:  "Hay que partir de un hecho que -pensamos- no admite discusión: Cataluña es una nación' 'Este hecho -la realidad nacional de Cataluña- radica en la base de la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006'".

   El acuerdo ha sido notificado tanto a los firmantes del manifiesto como al denunciante, Miguel Bernad, que actuó en representación del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.

SE LES PREGUNTÓ SI ACTUARON POR ENCARGO

    A finales del pasado mes de junio Fonseca-Herrero se dirigió a los 33 jueces para preguntarles,  entre otros extremos, si su intervención en este documento responde a petición de terceros o a una colaboración con alguna entidad política.

   Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalaron entonces a Europa Press que esta petición era lógica dentro de la investigación disciplinaria que se les realiza, puesto que este tipo de colaboraciones están vetadas a los jueces ejercientes.

   La misma pregunta le realizó el promotor al juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, que forma parte del grupo investigado, cuando le citó en Madrid para preguntarle por la naturaleza de su participación  en la redacción de una futura Constitución para una hipotética Catalunya independiente, según las mismas fuentes.

   En concreto, Fonseca-Herrero preguntaba a cada uno de los 33 jueces investigados si es firmante del manifiesto, si lo firmó por encargo o por decisión propia, si lo ha hecho en consideración a su condición de magistrado, cuál es la finalidad de su actuación y cuándo se dio a conocer el documento; se encuentra a la espera de recibir las respuestas.

   La investigación del promotor se inició el pasado mes de febrero a raíz de una denuncia de Manos Limpias, que considera que los magistrados catalanes podrían haber incurrido en una falta muy grave "por no acatar el mandato de la Constitución".

   La denuncia del colectivo de funcionarios señalaba también que la declaración que suscribieron los citados jueces excedía del derecho a la libertad de expresión y de manifestación.

   Los magistrados firmantes defendían en su manifiesto que la consulta de autodeterminación que defiende el Govern para que los catalanes ejerzan su 'derecho a decidir' cabe perfectamente en el actual marco de la Constitución.

   "La negación del 'derecho a decidir' solo puede entenderse por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Catalunya", rezaba el texto.