Mediante un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press, Urdangarin se opone de este modo a las condiciones que estipuló Castro para que los Duques pudieran vender su vivienda: que ambos se comprometieran a ingresar de forma prioritaria en la cuenta del Juzgado los 2,3 millones de euros que obtendrían como efectivo por la mitad del palacete, embargada al acusado.

   En el escrito que ha presentado ante el juez, la defensa del Duque asevera que la resolución dictada por Castro con los términos para llevar a cabo la operación inmobiliaria "no se ajusta a derecho" y asevera que, en el caso de que el magistrado le permitiera saldar su deuda con Hacienda con el dinero procedente de la venta, podría igualmente depositar en el Juzgado la suma "nada despreciable de más de 2,1 millones de euros".

   Es más, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, compara su situación con la del exsocio de éste, Diego Torres, al recordar cómo el Juzgado autorizó el desbloqueo de 271.272 euros los fondos que le fueron intervenidos en una cuenta de Luxemburgo, "que había resultado previamente embargada de un monto superior, localizado y trabado en el extranjero".

   Frente a ello, recrimina, ninguna de las partes, "ni la acusación popular, ni la pública ni especialmente la representación de la Comunidad Autónoma balear nada dijo, nada impugnó ni en cuanto al pago, con cargo a la cuenta de consignaciones del Juzgado" ni sobre el hecho de que 113.272 euros del importe se destinara a la Agencia Tributaria por el impago también del IRPF.

   Por el contrario, lamenta, "la misma representación de la Comunidad Autónoma balear se opone ahora, de manera especial y concreta, a que mi mandante pueda cumplir, utilizando parte del importe derivado de la venta del 50 por ciento" del palacete de Pedralbes, "con las mismas obligaciones tributarias que el otro corresponsable civil por impago del IRPF".

   Un pago a Hacienda que, añade el letrado, no provendría "de cuenta alguna en el extranjero sino que se derivará de la venta de una finca a terceros, operación ésta además intervenida por fedatario público, resultando igual de sencillo y acreditable el pago a la Agencia Tributaria".

   Además, afirma que con ello no se causaría "ningún grave perjuicio a las presuntas expectativas pecuniarias que pueda supuestamente pretender la referida Comunidad, ni ninguna de las demás acusaciones".

EMBARGO DE LA MITAD DEL PALACETE

   Cabe recordar que la mitad del palacete, de cuya venta Urdangarin extraería el dinero a pagar a la AEAT, le fue embargada al Duque tras no haber hecho éste frente a la fianza civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con Torres.

   Después de que la Infanta y su marido solicitasen a Castro autorización para vender el inmueble, el juez dio el visto bueno a la operación, si bien teniendo en cuenta para ello el destino que se pretendiera dar al efectivo obtenido de la misma, de tal manera que "en el orden de preferencias se conserve el lugar que en la actualidad corresponde a este Juzgado".