El exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce ha asegurado que España tiene "el peor Código Penal de toda Europa", un instrumento "muy deficiente para cumplir el pacto social", ha informado el ICAM a través de un comunicado.

Reunidos en el Patio de la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), empresarios y juristas han reclamado la importancia de "mejorar la calidad del sistema jurídico como factor determinante para impulsar el desarrollo económico y el bienestar social".

En presencia de autoridades del ámbito económico y jurídico, el decano del ICAM, José María Alonso, junto al exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce; el expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala; el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane; y la vicepresidenta del Círculo y copresidenta del Grupo de Trabajo, Isabel Dutilh, han presentado las conclusiones del documento 'La calidad del sistema jurídico como clave del crecimiento económico y del progreso social', elaborado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Jurídica del Círculo de Empresarios.

Torres-Dulce ha puntualizado que la modificación del Código Penal casi 30 veces desde 1995 hasta este momento "revela un enorme desorden del legislador a la hora de abordar un instrumento tan importante para la convivencia social como es el Código Penal".

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala ha abogado por una reforma de la Constitución que solucione la cuestión autonómica, para evitar que la Justicia acabe resolviendo las discrepancias "a golpe de sentencia". Especificando qué competencias son del Estado y cuáles de las comunidades autónomas, ha señalado Sala, se evitarían los constantes "procesos de descentralización y centralización" derivados de las resoluciones judiciales.

"La calidad del sistema jurídico es uno de los factores más determinantes para el desarrollo económico", ha señalado en las palabras de apertura José María Alonso, copresidente del Grupo de Trabajo impulsor del informe, recordando que la seguridad jurídica es uno de los principales elementos que tienen en cuenta los inversores extranjeros a la hora de invertir en un país.

"Si la seguridad jurídica y el Estado de Derecho no funcionan, si las reglas de juego no se cumplen, los empresarios se deslocalizan allí donde las reglas se cumplen y donde hay estabilidad regulatoria", advirtió por su parte Seoane.

"El mal funcionamiento de la Justicia genera costes que lastran el crecimiento y el dinamismo económico", se advierte en el informe. Por ello, aseguran, para mejorar la calidad del sistema jurídico resulta necesario lograr "una Justicia más rápida y segura, con criterios claros y comprensibles, con una adecuada coordinación de todas las Administraciones implicadas y en la que se fomenten los medios alternativos de resolución de los conflictos, como el arbitraje o la mediación".

En ese sentido, Dutilh ha expuesto las principales recomendaciones que incluye el documento, como "aumentar la calidad de las normas y dotarlas de mayor estabilidad, mejorar los mecanismos judiciales, revisar el actual sistema de selección de los jueces, profundizar en la modernización tecnológica de la justicia y aumentar el gasto público destinado a la justicia gratuita".

JUSTICIA GRATUITA

Sobre este último punto, José María Alonso ha considerado "absolutamente preciso y urgente" aumentar en los Presupuestos Generales del Estado el gasto público dedicado a la justicia gratuita. "Teniendo en cuenta que la asistencia gratuita garantiza que los ciudadanos que no tienen recursos puedan recibir la tutela de sus derechos, no podemos exigir a los abogados que la prestan que dediquen toda su actividad profesional, toda su vida, toda su capacidad cuando están retribuidos de forma miserable", ha señalado el decano.

Respecto al papel de los abogados en la mejora del sistema jurídico, "la abogacía debe jugar un papel fundamental en todos los procesos de elaboración y modificación de las normas jurídicas", ha reivindicado Alonso, exigiendo a la Administración de Justicia la "máxima calidad" en sus resoluciones judiciales.

Para concluir, el decano ha confiado en que los poderes públicos se tomen "muy en serio las recomendaciones incluidas en el informe, porque con ello se mejora la seguridad jurídica, el desarrollo económico, el empleo y, en definitiva, el bienestar social de todos los ciudadanos".