El ex fiscal ha comparecido en la comisión del fraude, evasión fiscal y la corrupción del Parlament, para dar cuenta del progresivo vaciamiento de fondos por parte de los directivos de Banca Catalana que, pese a sus pérdidas, se repartieron beneficios "acelerando la grave crisis" que sufría la entidad.

   Mena ha explicado que, una vez finalizada la instrucción del caso, presentaron un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que se mostraban indicios de delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil, y maquinación para alterar el precio de las cosas contra 18 de los exconsejeros del banco, entre los que se contaba Pujol.

   El Tribunal sobreseyó el caso con el voto de la mayoría de los magistrados, 33 de 41, que evitaron la apertura del proceso.

   Con todo, ha recordado que en ningún momento se opusieron a los indicios que, junto con Villarejo, habían descifrado del aparato de ingeniería financiera sobre el que operaba Banca Catalana: "Los magistrados eran dispares, la mayoría pensó que se debía archivar el asunto porque hasta la fecha los grandes fraudes se resolvían diciendo que se trataban de una asunto civil y no penal, y no se investigaba. Algunos siguieron la vieja inercia del trabajo más fácil".

SUS DESCUBRIMIENTOS

   Mena ha revelado la existencia de unas cajas B, unas de entidades instrumentales y otras vinculadas a los querellados o a su entorno: "Con estas se absorbían los fondos que debían ir destinados a la entidad. La caja B quedaba oculta para la junta general de accionistas y para la autoridad monetaria".

   Ha explicado que hallaron indicios de instrucción irregular de la entidad hasta el vaciamiento; extratipos pagados a los querellados y a clientes 'vip'; intereses de sociedades instrumentales y vinculadas pagadas con fondos de la caja B; cancelación precipitada de depósitos, y enajenación de acciones, "algunas de ellas en los inmediatos días a la crisis final" --una enajenación de su valor teórico inicial que pagaron con fondos de la caja B momentos antes de que se desplomara su precio--.

   También complementos injustificados, complementos de sueldos que, a juicio de Mena, con menos dinero, posteriormente, ha habido condenas, y créditos ficticios.

   Unos hechos que el exfiscal, ha dicho, llevaban aparejados una documentación alterada o suficientemente cambiada para que, una vez descubiertos, Fiscalía pensara que había también "delito de falsedad continuada".

   Además, en la sesión de este lunes ha sugerido que el Parlament solicite los archivos de la causa al TSJC, porque deben estar los textos de la Fiscalía junto con la totalidad de los datos, empezando por los informes del banco de España, siguiendo por toda la documentación, los testimonios, las declaraciones de los querellados y los formes de Fiscalía.

HERENCIA DE PUJOL

   Mena no ha querido vincular los hechos de Banca Catalana con la confesión en la que Jordi Pujol Soley declaraba el 25 de julio por carta tener dinero no declarado en paraísos fiscales, ya que desconoce su procedencia concreta.

   Sobre si se trataba de una herencia y sobre si su hermana y su cuñado podrían desconocer su existencia, ha dicho que le parece "chocante".

   "No sé si es un conflicto familiar o una escenificación. A lo mejor todos faltan a la verdad al unísono, después de los hechos de 2014, para resolver determinadas situaciones", ha añadido.

LA TÉCNICA DEL SEÑUELO

   Mena ha puesto el foco sobre la confesión como posible intento de Pujol para atraer la atención sobre sí y desviarla de otros asuntos que podrían ser de mayor envergadura y salpicar a más personas del entorno familiar o de CDC.

   "Hay una cuestión curiosa, la técnica del señuelo: producir una pieza que puede ser cazada para que el cazador se olvide de la pieza principal. Es pieza de señuelo. La confesión Millet lo es, y la administración no debe caer en la trampa de no perseguir el resto. En la confesión ¿Pujol hacía técnica cristiana de contricción o estrategia de señuelo?", se ha cuestionado.

INJERENCIAS POLÍTICAS EN LA JUSTICIA ACTUAL

   Mena ha mostrado respeto a la decisión de los 33 magistrados que decidieron sobreseer el caso, pese a todo ha dicho tener datos para suponer que la mayor parte de ellos no leyeron su informe: "Pero eso conecta con el debate de si era necesario o no leerlo, el problema no era de hechos, sino de tipificación, es decir si los descubierto encajaban en artículos penales".

   En este sentido, ha dicho no creer en las injerencias políticas en el ámbito de la justicia, ya que a su juicio "cada uno se adscribe a lo que quiere, recibe las opiniones de sus superiores si quiere, pero todos están en condiciones objetivas de hacer lo que su conciencia dicta".

   En el pasado ha recordado que "el PSOE pidió que no se investigara a la familia Pujol y sí se investigó", ha dicho, poniendo por prueba su propia investigación.

   En el presente, ha opinado que tampoco hay injerencia política, ya que "el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, dijo que si había presión se iba a su casa y se fue para casa".