Lunes, 14 de julio de 2025
180 días después del acuerdo de paz
El Gobierno Colombiano y las FARC acuerdan que la guerrilla abandonará las armas
Así se ha anunciado este jueves en La Habana, donde se ha procedido a lectura del comunicado conjunto sobre el Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo; la Dejación de las armas; las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
El acuerdo firmado contempla, como principal punto, un alto el fuego "bilateral y definitivo" y la "dejación de las armas" por parte de las FARC, que aspiran ahora a reincorporarse progresivamente a la vida civil y política.
El texto, que incluye garantías de seguridad, plantea una 'hoja de ruta' que tiene como ultimátum los 180 días posteriores a la firma del acuerdo de paz definitivo. Para entonces, las FARC ya deberán haber entregado todas sus armas a una misión de Naciones Unidas que podrá erigir monumentos en recuerdo del conflicto.
La ONU será uno de los componentes del "mecanismo de monitoreo y verificación" que vigilará el cumplimiento del acuerdo y que contará no sólo con representantes del Gobierno y de las FARC, sino también con un "componente internacional" procedente principalmente de países de la CELAC. Según lo acordado, será "este componente el que presida y dirima controversias".
El acuerdo establece un 'día D' a partir del cual empezarán a contar los plazos. Ese día, aún por cerrar, será aquél en el que el Gobierno de Santos y la guerrilla suscriban el final definitivo de un conflicto que se remonta más de medio siglo atrás.
A partir del día siguiente a la firma del acuerdo, las fuerzas de seguridad "reorganizarán" tropas para facilitar el traslado de los guerrilleros a 22 zonas transitorias y ocho campamentos de los que los miembros de las FARC ya saldrán "sin armas y de civil". El traslado a estas áreas comenzará cinco días después de la firma, "siguiendo las rutas de desplazamiento" pactadas por ambas partes.
En estos campamentos "no podrá ingresar población civil en ningún momento" y, en cambio, se podrán realizar tareas de "capacitación" que puedan facilitar la "reincorporación" de los guerrilleros a la "legalidad".
Estas zonas estarán abiertas durante un máximo de seis meses, ya que en 180 días las FARC deberán haber completado el "proceso de extracción de las armas". Ese día, según el texto, "se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego bilateral y definitivo".
Una de las cuestiones más espinosas a lo largo del diálogo y que también se han perfilado en este último acuerdo tiene que ver con la fórmula de refrendación de todos los puntos que se han ido pactando a lo largo de estos años. Las FARC se han negado durante meses a que el pacto fuese sometido a referéndum pero finalmente han aceptado el mecanismo que sea avalado por la Corte Constitucional.
El enviado noruego para el proceso de paz, Dag Nylander, ha leído en La Habana una parte del comunicado en el que se confirma que las dos partes "van a sanear diferencias al tema aludido en la agenda para terminación de conflicto", de tal forma que "la Corte Constitucional será quien decida sobre los alcances de ley estatutaria para refrendar los acuerdos firmados".
En el acto han estado presentes el presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', así como el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, el presidente de Cuba, Raúl Castro, en su calidad de anfitrión de las conversaciones, así como los mandatarios de Venezuela y Chile, Nicolás Maduro y Michelle Bachelet, cuyos países ejercen de garantes en el proceso.
Asimismo, en representación de Noruega, el tercer país garante, ha estado su ministro de Exteriores, Borge Brende. Igualmente han acudido al histórico anuncio el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, en su calidad de presidente de la CELAC, y el de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y el de México, Enrique Peña Nieto, así como el enviado especial de la UE para el proceso, Eamon Gilmore, y el de Estados Unidos, Bernard Aronson.
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