En una respuesta parlamentaria con fecha de 22 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo se refiere a la situación del interno Jordi Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y en prisión por orden judicial desde el 16 de octubre, al igual que el líder de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

"Se indica que la condición de candidato a unas elecciones carece de relevancia respecto al incumplimiento de las normas de convivencia establecidas reglamentariamente en un centro penitenciario", sostiene el Gobierno en esa respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha iniciado este lunes la ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat, después de que el pasado jueves Carles Puigdemont (JxCat) diera un paso al lado para proponer en su lugar a Jordi Sánchez, que integraba la lista del expresidente.

EXPEDIENTES ABIERTOS A SÁNCHEZ Y JUNQUERAS

En su respuesta en el Congreso, el Gobierno ofrece otros detalles de la situación de Jordi Sánchez en Soto del Real, por ejemplo en lo referente a las comunicaciones de este preso: "Cabe señalar que solamente se le ha restringido la comunicación con una persona determinada, que no es familiar. Así, el interno comunica y puede seguir comunicando con su familia".

Fuentes de la defensa de Sánchez aseguraron el 18 de diciembre, coincidiendo con el tramo final de la campaña de las elecciones del 21D, convocadas en aplicación del artículo 155 de la Constitución, que Instituciones Penitenciarias había prohibido de forma expresa que Sánchez pudiera recibir la visita o comunicarse con la candidata número 31 de la lista JxCat, Núria Guillaumes, al sospechar que grabó un audio que se difundió en un mitin.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior también expedientó al exvicepresidente del Govern y candidato de ERC, Oriol Junqueras, por incumplir el régimen interno para conceder una entrevista radiofónica.

El 27 de noviembre Prisiones abrió otro expediente a Jordi Sánchez por camuflar cartas entre sus enseres personales para saltarse el reglamento común para todos los internos de la madrileña cárcel de Soto del Real.

Las comunicaciones de Jordi Sánchez con el exterior de la prisión no están intervenidas y puede enviar a sus familiares paquetes con su ropa para que sea lavada fuera de las instalaciones de Soto del Real. Según fuentes de este centro penitenciario, fue en estos paquetes donde ha sido interceptada parte de la correspondencia.

NO SE HA REFORZADO LA SEGURIDAD

En su respuesta de 22 de febrero, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que la separación de celdas corresponde a la dirección del centro penitenciario. También confirma que la celda de Sánchez fue "registrada por razones de seguridad interior". "Sobre el interno", especifica, "no existe ningún reforzamiento de la seguridad, más allá de la que aconseja la necesidad de preservar su seguridad e integridad física".

"Cabe recordar", sostiene el Ejecutivo, "que cualquier interno de un centro penitenciario que infrinja las normas reglamentarias puede incurrir en responsabilidad disciplinaria, independientemente de su condición, personal, penal y/o penitenciaria, en los términos previstos en la normativa penitenciaria".

El Gobierno, que recuerda que ningún miembro del Ejecutivo forma parte de los órganos administrativos encargados de hacer cumplir el régimen disciplinario en las cárceles, concluye su escrito señalando que "la condición de candidato a unas elecciones carece de relevancia".

El TC estudia desde mañana el desbloqueo

de la Legislatura en Cataluña y el recurso

contra la investidura de Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) debatirá a partir de este martes dos asuntos que pueden tener consecuencias de cara a un posible desbloqueo de la situación política en Cataluña. Uno es el presentado por el PSC que solicita la fijación de un plazo para la celebración de Pleno de Investidura en el Parlament --en protección de los derechos de los diputados de cumplir con su función legislativa--, mientas que el segundo supondrá la admisión finalmente o no a trámite del recurso presentado por el Gobierno --con el informe contrario al Consejo de Estado-- contra el anuncio de investidura de Carles Puigdemont.

Ambos recursos, el del PSC y el presentado en su día por la Abogacía General del Estado se han incluido el orden del día de la sesión plenaria de esta semana, que se desarrollará entre mañana y el jueves 8 de marzo.

En su recurso, el PSC pide a los magistrados del tribunal de garantías que en el momento de admitir a trámite su recurso fije unas medidas cautelares que podrían suponer el desbloqueo de la actual situación política.

EL PSC PIDE UN PLAZO PARA EL PLENO DE INVESTIDURA

Solicita concretamente que el TC fije un plazo para celebrar el Pleno de investidura o una fecha límite a partir de la cual deba considerarse que ha tenido lugar un "hecho equivalente" a una primera votación, lo que permitiría dejar correr los plazos legales para convocar unas nuevas elecciones.

El presidente del Parlament, Roger Torrent aplazó el pleno de investidura de Carles Puigdemont (JxCat) que había anunciado inicialmente para el pasado 30 de enero después de que el TC dictara que no podría celebrarse a no ser que el candidato estuviera en el pleno y con autorización judicial.

ACTIVACIÓN DE LA CUENTA ATRÁS

El presidente de la Cámara pidió entonces un informe a los letrados del Parlamento catalán para que dijeran si la cuenta atrás de dos meses para investir a un presidente había empezado a correr, si bien los juristas dictaminaron por unanimidad que los plazos no habían empezado y que el calendario se había congelado. Indicaron a Torrent que la situación no podía eternizarse y que tenía en sus manos activar la cuenta atrás.

Por lo que respecta al cuestionado recurso del Gobierno contra la investidura de Puigdemont, su admisión o no a trámite parece haber perdido cierto interés después de que el cabeza de lista del Junts per Catalunya (JxCAT) anunciara al finales de la semana pasada que renunciaba a optar a la Presidencia de la Generalitat en favor del número dos de su lista, el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, en prisión desde mediados del pasado mes de octubre por presunta rebelión o sedición y malversación de fondos públicos.

El requisito de que Puigdemont estuviera presente en su Pleno de investidura, sumado al de que tuviera que acudir con autorización expresa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena --que le investiga en la causa del 'procés'-- se adoptó de forma inédita por el tribunal de garantías como medida cautelar previa a admitir o no el recuso del Gobierno. En dicho momento se dio además plazo a los diputados electos de JxCat, entre ellos al propio Puigdemont, y al Parlament para que presentaran alegaciones antes de decirse sobre la admisión del recurso.

En sus alegaciones JxCat ha argumentado que el requerimiento que le hizo en su día el TC al dictar sus requisitos para la investidura vulnera la "autonomía" de la Cámara. Dicho requerimiento consiste en no iniciar, tramitar, informar ni dictar ningún acuerdo o actuación para un debate de investidura de Carles Puigdemont (JxCat) como candidato a presidir la Generalitat que no respetara las medidas cautelares del TC, y les avisaba de posibles responsabilidades, incluida la penal.

Según JxCat, la orden de impedir o paralizar iniciativas parlamentarias dirigida al presidente y al resto de la Mesa de una asamblea legislativa es "una clara extralimitación del ejercicio de la función de control de constitucionalidad", y también argumentan que el acto que se impugna es obligado y tasado según el Estatut, y constituye un acto parlamentario de trámite.

DERECHOS DE LOS DIPUTADOS

También alegaban que el requerimiento va dirigido a personas que no tienen intervención directa alguna en los actos que se impugnan, y que la indicación del TC, sin sentencia previa, limita "gravemente" derechos de los diputados y calificaban las medidas cautelares de "monstruosidad jurídica". Por su parte, el Parlament también pide que desestime el recurso del Gobierno.

La solución alcanzada en su día por el TC, que se reunió de forma extraordinaria en sábado para adoptar sus medidas cautelares, permitió superar las tesis contrarias a la admisión del recurso planteadas inicialmente por el ponente de la resolución, el magistrado progresista Juan Antonio Xiol.

Actualmente se busca un acuerdo unánime respecto de este asunto, para evitar una imagen de fractura del tribunal en un tema que se considera de gran trascendencia para el futuro de Cataluña en los próximos meses.