Además, pide al Fiscal que emita informe sobre si debe llamarse como imputado a J.S.C., J.A.M.G., J.F.C.A., y F.P.J, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

   Cabe recordar que este procedimiento investiga una presunta trama de corrupción en torno a la construcción del complejo 'Novo Carthago', un proyecto que consistía en la construcción también de hoteles y más de 10.000 viviendas.

   En la causa está también imputado el ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que ocupó el cargo ininterrumpidamente desde 1999 hasta este mismo jueves, cuando decidió dimitir alegando razones personales.

   Asimismo, en el procedimiento se encuentra imputada la alcaldesa de Cartagena y diputada, Pilar Barreiro, quien ha sido citada a declarar por el Tribunal Supremo el próximo el 5 de marzo; y el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".

   En el auto, el juez instructor recuerda que, desde su declaración como imputado, el presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, "no pudo dar respuesta del regalo que le había hecho a la hija de Ramón Luis Valcárcel al contraer matrimonio, en consideración al cargo que tenía su padre, porque era confesar algo que le perjudicaba y le podía descubrir como autor de un delito de cohecho".

   Al no revelarlo, el instructor considera que "ya se comprendía que era una cantidad económica fuera de todo uso social"; pero un estudio exhaustivo revela que "han aparecido múltiples indicios unidireccionales e inequívocos que apuntan todos a Ramón Luis Valcárcel Siso", a través de testaferros, como cuñados, y utilizando a su propia hija.

   Así, añade que las investigaciones desarrolladas últimamente "revelan que la hija de Valcárcel trabajó para una consultoría, domiciliada en Jerez de la Frontera, que era un despacho que realizaba trabajos para Hansa Urbana, que llegó a ser algún año su mejor cliente con más de un 40 por ciento de facturación".

   Recibida declaración al administrador más antiguo del despacho, el instructor explica que "no supo explicar por qué contrató" a M. R. V. C., domiciliada en Murcia, y en el interrogatorio de preguntas llegó a reconocer que, efectivamente, al inicio del trabajo no "podía contar con ventaja alguna en la contratación de ella, pues al no ser residente en Andalucía no llevaba ningún cliente a la empresa". En realidad, el juez sostiene que el cliente que llevaba la hija Valcárcel "sí que existía y era Hansa Urbana".

   De igual modo, el administrador "tampoco supo responder a las preguntas del instructor sobre si allí en Andalucía había llevado asuntos de Hansa Urbana, destacando finalmente que es la última que entra en la empresa y es la que más retribución percibe de los 13 que trabajaban en el despacho".

VENTA DE TERRENOS DE HANSA URBANA

   El instructor también se refiere a la venta de terrenos de Hansa Urbana a la sociedad Promociones Faromur S. L. y adquisición por el cuñado de Valcárcel, J.A.C.A., del 40 por ciento de la sociedad "al precio de un euro la acción".

   En los años de la recalificación de Novo Cartago, el instructor recuerda que Hansa Urbana vendió en escritura de 12 de Febrero de 2004 suelo urbanizable para la construcción de 34 viviendas "a un precio antieconómico y fuera de toda explicación lógica y razonable a Faromur S.L., cuyos socios iniciales eran J.S.C. y J.A.M.G.".

   Concretamente, la venta se produjo a 25,24 euros el metro cuadrado y "cuando ya han ingresado los terrenos de Hansa Urbana en el patrimonio de la sociedad, aparece el J.A.C.A., hermano de la mujer de Valcárcel y compra el 40 por ciento del capital a un euro por acción". Por el contrario, explica que cuando Faromur Promociones S.L. adquiere de Asicomur S.L. terrenos, el precio satisfecho por la compra asciende a 105,59 euros por metro cuadrados, es decir, "un 400 por ciento más".

"REGALOS Y DÁDIVAS EN EFECTIVO"

   El juez también destaca que cuando fue llamado a declarar como testigo F.P.J., yerno de Valcárcel, "no fue capaz de decir el regalo que le hizo Galea".

   Tras una primera investigación que abarca el año 2007, fecha del matrimonio de la hija de Valcárcel, el juez detectó en un primer momento que hay unas "entradas reiteradas de ingresos en efectivo que no se ajustan a las fuentes de rentas conocidas y declaradas en el IRPF por sus titulares". Según el juez, "quedaban por depurar en las cuentas del citado matrimonio unas imposiciones de 117.070 euros en efectivo y 6.000 euros de un traspaso, lo que asciende en total a 123.070 euros".

   Destacan, "30 operaciones llevadas a cabo por importe de 1.000 euros cada una de ellas que se realizan el mismo día", en un intervalo de cinco minutos, "antes de que la oficina abriera al público, y todas ellas fueron realizadas a cabo por el propio F.P.J. en su condición de empleado subdirector de la sucursal".

   En su opinión, es significativo que las 30 operaciones del día 27 de septiembre de 2007 como las dos del 14 de septiembre de 2007, "eran ingresos en efectivo, (no titular) y en todas ellas no se hizo constar en el apartado relativo a ordenante y concepto el nombre y apellidos y DNI de quien las hacía".

   Dichas operaciones, explica el juez, "constituyen un supuesto de fraccionamiento de una sola operación de 30.000 euros y 4.000 euros respectivamente y la finalidad de dicho fraccionamiento sería aparentar que son imposiciones en efectivo inferiores a 3.000 euros y evitar la identificación del impositor, decisión plenamente deliberada por cuanto llegó a utilizar hasta 32 nombres de pila, simulando que se trataban de regalos de boda".

   La condición de F.P.J. de empleado de la propia entidad, en cuya sucursal ocupó el cargo de subdirector entre las fecha 1 de marzo de 2007 y 5 de febrero de 2009, "hace incuestionable que conocía tanto las instrucciones internas de la entidad sobre identificación de las operaciones en efectivo, como la normativa que sobre blanqueo de capitales se encontraba en vigor en dichas fechas".

"INDICIOS EXISTENTES EN LOS JEFES DE LA TRAMA"

   El instructor ha comprobado que "afloraban los múltiples e inequívocos indicios que apuntan hacia Valcárcel, revelándose como el integrante de la trama que acordó el 'pactum scaeleris' con la alcaldesa Pilar Barreiro y Galea, antes de junio de 2013, pues era el único que podía asegurar el éxito de la misma".

   A su juicio, la misma Barreiro en una prueba que delata el pacto entre ella y Valcárcel dice textualmente en el proyecto se atribuye aprovechamiento urbanístico al espacio natural protegido considerándolo como Sistema General en el año 2003, cuando ello no fue posible en teoría hasta la Ley 2/2004 que entró en vigor el 15 de junio de 2004".

   "Y eso no lo podía garantizar una alcaldesa ni un promotor inmobiliario, sino solo el presidente de la Comunidad Autónoma que tenía mayoría para hacerlo y que citó al consejero Cerdá y al representante de Hansa Urbana a una reunión en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma en la que en habitación aparte estaban citados funcionarios que tenían que intervenir en el proceso de recalificación medioambiental".

El juez Velasco levanta el secreto sobre 19

tomos de la causa y prorroga el resto

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado el secreto sobre 19 tomos que forman parte de la causa en la que se investigan las actividades de la red de corrupción 'Púnica', que presuntamente lideraba el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, y ha prorrogado el del resto de las actuaciones, informaron fuentes jurídicas.

   Así consta en un auto dictado este viernes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que autoriza a las partes personadas en el procedimiento a acceder a una parte de las actuaciones y mantiene el secreto para el resto de la causa, que sólo podrá ser conocida por la Fiscalía Anticorrupción.

   La 'operación Púnica', que se desarrolló el pasado 27 de octubre, finalizó con el ingreso en prisión incondicional de siete personas, entre las que se encontraban, además de Granados, el empresario de la construcción David Marjaliza, el informático Alejandro de Pedro y el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez. Los dos últimos quedaron en libertad tras abonar sendas fianzas de 30.000 y 50.000 euros aunque la Sala de lo Penal ordenó devolvérsela a De Pedro.

REDES CLIENTELARES EN AYUNTAMIENTOS

   Según los autos de prisión de Velasco, las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Grandos se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

   Granados formaba parte de "una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada".

   La resolución judicial también apuntaba que las "autoridades municipales" detenidas --entre los que se encontraba el alcalde de Parla José María Fraile (PSOE)-- "se plegaron a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

   A los detenidos se les imputan once delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal, por formar "una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos".

   También se adjudicaban, según el juez, "aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo que, dependiendo de las autoridades públicas, actúan en beneficio de personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama".