El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el embargo preventivo de medio centenar de cuentas, propiedades, vehículos y empresas relacionadas con los responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

   El magistrado, que les investiga por la comisión de delitos de extorsión y amenazas, ha actuado de este modo para evitar que el entramado desarticulado en la operación 'Nelson' disponga de estos bienes y, de esta forma, asegurarlos frente a las futuras responsabilidades civiles derivadas de sus acciones.

   El juez ha reclamado un asiento registral dirigido a que conste en el Registro de la Propiedad que estas propiedades están sujetas a una investigación judicial y no pueden ser vendidas ni alquiladas o traspasadas.

   La Fiscalía de la Audiencia Nacional se encuentra a la espera de recibir los informes policiales sobre los efectos incautados en los registros realizados en la operación antes de decidir si pide al magistrado que adopte medidas cautelares contra ambas organizaciones.

   Pedraz ha tomado este martes declaración en calidad de investigados a la jefa de publicidad en Ausbanc Editorial Isabel Medrano; el director de publicaciones de Ausbanc Editorial, Luis Suárez; y la directora de servicios jurídicos María Mateos.

   Todos ellos han coincidido en que el poder de decisión estaba en manos del presidente de la asociación, Luis Pineda, y que se limitaban a cumplir sus órdenes en el marco de sus funciones. El fiscal Daniel Campos ha solicitado al juez que les retire el pasaporte y les imponga comparecencias quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio, según informaron fuentes jurídicas.

   El magistrado decidirá previsiblemente sobre las medidas cautelares reclamadas por el Ministerio Público, tras tomar declaración a los seis investigados que tiene pendiente de interrogar entre este miércoles y jueves y que se encuentran en libertad tras ser detenidos en la operación 'Nelson'.

   Se trata de la esposa de Pineda y delegada de Ausbanc en Madrid María Teresa Cuadrado --fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón--; la responsable de eventos de Ausbanc Rosa Isabel Aparicio Fernández; el delegado de Ausbanc en Sevilla José Marín Rodríguez; el director de Comunicación de Ausbanc Hermenegildo García; Ramón Perfecto Rodríguez, investigado por ser administrador de varias empresas de Pineda; y el abogado de Manos Limpias José María Gómez de León.

   En el marco de la operación Nelson, los agentes de la UDEF realizaron seis registros en Madrid: en la sede de Manos Limpias, en la sede de Ausbanc y en la oficina de Cálculo Empresarial, además de tres domicilios particulares, entre ellos el de Miguel Bernard y el de la familia Pineda.

   Pedraz investiga a Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye  estos tres últimos a Bernad, quien también se encuentra en prisión desde el pasado 18 de abril por la operación 'Nelson'.

CUBRIÉNDOSE EN LOS CONSUMIDORES

  El juez sospecha que Pineda aprovechó la "cobertura" de la defensa de los consumidores para "coaccionar" a entidades bancarias, alcanzar "acuerdos económicos enmascarados" en contratos publicitarios y conseguir un beneficio "personal" utilizando en su provecho a Manos Limpias.

   Dejó en libertad la pasada semana al responsable de comunicación de Manos Limpias Javier Castro Villacañas Pérez, el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay y el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé, a quienes impuso comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

   El dinero recaudado por Ausbanc procedía de "convenios publicitarios" así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señalaba el magistrado en el auto, en el que detallaba que la red contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. Los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.