El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a raíz de la denuncia presentada contra él por la Agencia Tributaria, descarta por el momento la existencia del delito de alzamiento de bienes que la Fiscalía procedió contra él junto con otros cinco contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales. Por el momento únicamente ve "perfilado" el delito fiscal y no se pronuncia sobre éste último.

   Así señala en un auto de fecha 1 de julio en el que desestima el recurso presentado por la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) contra la decisión inicial del juez de no permitirles personarse en la causa como acusación popular.

   En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda a ADADE que la propia Audiencia Provincial de Madrid descartó la existencia del alzamiento de bienes cuando atribuyó la competencia a su juzgado, y que éste sería el único delito que podría justificar la personación de este colectivo por una "genérica relación con 'los casos más importantes de corrupción'" que según ellos mismos son objeto de sus actividades.

   De lo ahora investigado, señala el juez, "el único delito que empieza a aparecer perfilado" es el cometido contra la Hacienda Pública. Añade que esta es una conducta "sin relación por ahora con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción" y cuyo concreto perjudicado es el Estado, al que representa la Abogacía del Estado ya personada en la causa.

SIGNIFICACIÓN MEDIÁTICA DE RATO

   La única "especial relevancia" del caso por el momento, continúa Serrano-Artal en su auto, "no es otra que la significación social y por ello mediática del denunciado, "lo que resulta a todas luces insuficiente" para fundamentar la personación de ADADE en la causa.

   Precisamente este martes, el juez ha citado en calidad de testigo el próximo 20 de julio a la inspector jefe de la Oficina nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.

   La citación se produce en coincidencia con el levantamiento del secreto de la pieza documental del caso, que estalló el pasado 16 de abril cuando el exmandatario fue detenido por unas horas y su domicilio y su oficina personal registradas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en cumplimiento de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria.

   En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid la  Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales según el Miniserio Público.

El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por  alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cinco delitos contra la Hacienda Pública ha citado para declarar en calidad de testigo el próximo 20 de julio a la inspector jefe de la Oficina nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.

   La citación se produce en coincidencia con el levantamiento del secreto de la pieza documental del caso, que estalló el pasado 16 de abril cuando el exmandatario fue detenido por unas horas y su domicilio y su oficina personal registradas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en cumplimiento de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria.

    El magistrado ya levantó parcialmente el secreto que pesaba sobre las actuaciones el pasado 27 de mayo salvo en la pieza separada que contenía la información intervenida en los registros. Esta es la parte que se pondrá ahora en conocimiento de las partes.

   En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid, procedente de una investigación de la ONIF, Haciando pidió la detención del el exministro de Economía y expresidente de Bankia  ante las sospechas de que estaba cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de presuntas operaciones de despatrimonialización entre 2014 y 2015 y reclamó el registro de su domicilio "incluso con la autorización de la fuerza".

   En su informe, sobre el que se preguntará el próximo lunes a García Valdecasas, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales.

DESPATRIMONIALIZACIÓN

   La inspectora de la ONIF deberá también ratificar lo señalado en su informe sobre  presuntas operaciones de despatrimonialización que se vienen realizando "con mucha intensidad" en 2014 y 2015 y que podrían derivarse de las posibles responsabilidades pecuniarias relacionadas con la imputación del exministro en el caso Bankia.

   La Agencia Tributaria denunció que  Rato tiene "un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales", algo que choca con una actividad empresarial y profesional "básicamente nacional y escasamente internacional", según rezaba la denuncia.

   También sospecha que Rato utilizaba "territorios de riesgo" (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía "una elevada facturación interna" en su entramado societario que "hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.

   Por otra parte, sospecha que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI "hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA".

   De todo esto, la Agencia Tributaria presume en la conducta del expresidente de Bankia "el ánimo de defraudación tributaria", razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas y por la actitud de despatrimonialización de Rato.

   Asimismo, solicitó la entrada y registro en las fincas ubicadas en las calles Ramón de la Cruz, Castelló, Sotogrande y Almagro, el bloqueo y embargo de las cuentas de Rato y que se procediera a su detención "al menos por el tiempo necesario" para asegurar la obtención de pruebas y la materialización de las medidas cautelares propuestas.