El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Tribunal Supremo que interrogue al senador de EH Bildu Iñaki Goioaga como imputado por un delito de integración en organización terrorista en el marco de la causa en la que se investiga el frente de cárceles de ETA.

   Así consta en una exposición razonada en la que el magistrado señala que el parlamentario también podría haber participado en hechos que podrían ser constitutivos de delitos tributario y de fraude a la Seguridad Social, de financiación del terrorismo y de blanqueo de capitales.

   El magistrado destaca que Goioaga estaba integrado, "con  especial relevancia", en una estructura del frente de cárceles formada por abogados que, "aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada, ejerce sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista".

   Según el juez, el Colectivo de Abogados-BL se encuadra junto a Herrira (organización de apoyo a los presos) y Jaiki Hadi (asistencia sanitaria) en el denominado frente de cárceles de ETA (KT), que se ha encargado de mantener el control del Colectivo de Presos Etarras (EPKK en sus siglas en euskera) tras el "nuevo panorama estratégico de la izquierda abertzale" abierto con el alto el fuego permanente decretado en 2011.

ADOCTRINAMIENTO DE LOS PRESOS

   Los abogados, entre ellos Goioaga y otros 44 imputados como Arantza Zulueta, Kepa Mancisidor, Ainhoa Baglietto y Alfonso Zenon, se encargaban de la defensa legal de los presos "anteponiendo los intereses de ETA" a los de carácter personal, participaban en su adoctrinamiento político, facilitaban información sobre su situación a la dirección de la banda y les trasladaban sus directrices.

   De acuerdo con la documentación que obra en la causa, Goioaga habría participado en reuniones del Colectivo de Abogados y visitas a las cárceles o "rondas" en las que se trasladaba a los presos las líneas de actuación que debían seguir y qué "líneas rojas" no podían sobrepasar en relación con su situación penitenciaria.

   Entre ellas estaban las de no colaborar con la justicia ni pedir perdón por sus crímenes o solicitar beneficios penitenciarios de forma individual.

SEIS DE CADA DIEZ, CONTACTADOS

   En relación con estas "rondas", la exposición motivada hace referencia a un documento sobre la planificación de las mismas en 2013 en el que se detalla que solían realizarse por dos componentes del BL durante dos o tres días consecutivos y varias veces al año. Este grupo contactó ese año con el 65 por ciento de los miembros de ETA en prisión y llegó a más del 95 por ciento de los centros penitenciarios en los que hay etarras.

   En este sentido, destaca la ausencia de visitas a la prisión de Nanclares de Oca, donde se encuentran los internos que han abandonado la disciplina de la banda terrorista. "El preso que decide abandonar la disciplina de ETA, además del aislamiento al que se le sometía en el interior de las cárceles por parte del resto de presos del EPKK, paralelamente perdía en el exterior todo el apoyo social, afectivo, económico, jurídico y en su caso sanitario que le proporcionaban hasta ese momento", señala la resolución.

   La estructura del Colectivo de Abogados estaría integrada por alrededor de 15 letrados "liberados", así como por una red de apoyo formada también por abogados que, "sin integrarse orgánicamente en su estructura, colaborarían con las funciones de asistencia a los presos de ETA integrados en el EPPK".

MÁS DE 700.000 EUROS AL AÑO

   La organización Herrira, suspendida en sus actividades por dos años desde octubre de 2013, se encargaba de la financiación del colectivo de abogados llegando a destinar 766.112,76 euros en 2012 y 792.200 euros en 2013. Estas cantidades no fueron declaradas a Hacienda, por lo que la estructura habría defraudado un total de 270.336,074 euros en concepto de IVA.

   En relación con el delito de blanqueo de capitales, Velasco lo justifica porque los imputados habrían "adquirido, poseído, utilizado y convertido las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública a sabiendas de que las mismas procedían de un delito contra la misma".

LISTA DE INVESTIGADOS

   En el marco de esta causa, Velasco investiga a los considerados dirigentes de Herrira-Guipúzcoa Amaia Esnal Martiarena, Nagore García Bohollo, Eneko Ibarguren Aguirre, Jesús María Aldumberri Urquizu, Ekain Zubizarreta Iribecamopos y José Manuel Ugatemendia Isasa.

   Al frente de la dirección en Vizcaya de esta organización de apoyo a los presos de ETA estarían Roberto Noval Arostegui, Beñat Zarrabeitia Asensio, Ibon Meñika Orue-Echevarría --quien actuó como portavoz del grupo ante los medios de comunicación--, José Antonio Fernández Hernando y Óscar Sánchez Setién.

   Completan la relación Gorka González González y Ane Celaya Viguera, a quienes se atribuye el mando de Herrira-Álava, y Jon Garay Vales, Francisco Javier Balda Araña, Sergio Labayen Alonso, Imanol Carrera Turrillo y Eneko Villegas Amezqueta, quienes fueron detenidos por dirigir la organización en Navarra en la operación desplegada en octubre de 2013 por la Guardia Civil.

   Además, la causa se sigue contra los etarras Jon Mintegiaga Oyarbide, José Miguel Almandoz Erviti, Asier Aranguren Urroz, Aintzane Orkolaga Etxaniz y Aitziber Sagarminaga Abad, el sobrino del histórico dirigente 'Mobutu' Egoitz López de la Calle Uribarri y Javier Carballido Ezquerra y Nagore San Martín Monton, estos dos últimos investigados por sustentar el entramado financiero. También se investiga a los supuestos miembros del llamado Núcleo de Coordinación Nagore Lopez de Luzuriaga, Fernando Arburua Iparraguirre, Oihana Barrios Salinas e Izaskun Abaigar García de Acilu.

   Los abogados investigados son Arantza Zulueta, Ainhoa Baglietto Gabilondo, Kepa Mancisidor, Alfonso Zenon, José Luis Campos Barandiaran, Atxarte Salvador Navarro, Anne Ituño Pérez, Jaione Carrera Ciriza, Amaia Izco, Haizea Ziloaga Larreategui, Eukene Jauregui Lejona, Arantxa Aparicio Lopetegui, Onintza Ostolaza Arruabarrena, Aiert Larrarte Aldasoro, Jaione Karrera y Jon Enparantza Aguirre, a quien la Audiencia condenó hace un año a 5.670 euros por acusar a la Guardia Civil de matar al etarra Jon Anza.