El líder de la mayoría del Senado estadounidense, el demócrata Harry Reid, ha afirmado este domingo que continuará en negociaciones con el máximo representante republicano en la Cámara alta, Mitch McConnell, al tiempo que se ha mostrado "confiado" en que se podrá resolver la crisis que atraviesa el país tras el cierre del Gobierno.

   "Nuestras discusiones fueron sustanciales y vamos a continuar con ellas. Soy optimista sobre las perspectivas de una conclusión positiva", ha dicho Reid en declaraciones dadas en el Senado. "Estoy seguro de que los republicanos permitirán que el Gobierno reabra y se amplíe la capacidad de este país para pagar sus cuentas", ha agregado.

   Pese a que tanto republicanos como demócratas en ambas cámaras del Congreso parecen de acuerdo en que el techo de la deuda debe ser elevado y en la reapertura del Gobierno, continúan sin determinarse los términos que implicaría un pacto de estas características.

   El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, advirtió el sábado de que Estados Unidos estaba a "cinco días de un momento muy peligroso" a menos que los políticos elaboren un plan para evitar la suspensión de pagos. "Si esto llega a pasar, podría ser un evento desastroso para el mundo en desarrollo, lo que a su vez afectaría enormemente también a las economías desarrolladas", sostuvo.

CIERRE DE GOBIERNO

   Estaba previsto que este 1 de octubre el Tesoro de Estados Unidos superara irremediablemente el límite de endeudamiento público, fijado en 16,7 billones de dólares, cayendo así en una nueva crisis de liquidez que podía llevar al cierre de la administración pública.

   Para evitarlo era necesario que republicanos y demócratas se pusieran de acuerdo en el Congreso para ampliar el límite de endeudamiento público hasta los 988.000 millones de dólares, garantizando así el funcionamiento del Gobierno hasta la elaboración de los nuevos presupuestos generales.

   La oposición republicana había elaborado un plan según el cual se comprometía a apoyar una ampliación del límite de endeudamiento público a cambio de nuevos recortes en el gasto público, centrados en la reforma sanitaria del Gobierno, a la que se conoce popularmente como Obamacare.

   Con el objetivo de imponer su plan, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobó dos veces un proyecto de ley para aplazar un año la aplicación de la reforma sanitaria a cambio de entregar más fondos al Gobierno, pero el Senado, de mayoría demócrata, lo rechazó.

   En un último intento conciliador, la Cámara de Representantes propuso celebrar una "conferencia legislativa" para crear una comisión bicameral en la que resolver este asunto, pero el Senado se negó. "No iremos con una pistola apuntando a nuestras cabezas", dijo Reid.

EL PRIMERO DESDE 1995

   Se trata del 18º cierre de la administración pública estadounidense desde 1976. El último precedente se remonta a la Presidencia de Bill Clinton. Entonces, el bloqueo presupuestario se prolongó entre el 5 de diciembre de 1995 y el 6 de enero de 1996.

   Aunque, de momento, se desconoce la dimensión de las consecuencias del cierre del Gobierno, ha dejado en sus casas a 800.000 de los dos millones de funcionarios y la Casa Blanca calcula que costará unos 10.000 millones de dólares semanales a la economía estadounidense.

  Desde el Gobierno han garantizado que no afectará a los servicios públicos esenciales. Obama ya ha firmado un proyecto de ley para garantizar los pagos a los miembros de las Fuerzas Armadas y, con ello, la seguridad del país.