El Parlamento catalán ha acordado este miércoles la propuesta de nuevo pacto fiscal que hace Cataluña al Estado y su punto más emblemático, la creación de una hacienda propia catalana.

   La propuesta nace con el apoyo de CiU, ICV-EUiA, ERC, el diputado no adscrito Joan Laporta y el diputado del PSC y exconsejero de Educación durante el segundo tripartito Ernest Maragall, mientras que el resto de diputados del PSC se han abstenido y el PP, SI y Ciudadanos han votado en contra.

   El pacto fiscal tiene como objetivo que Cataluña cuente con un modelo de financiación propio, al margen del resto de comunidades autónomas, pero a diferencia del concierto vasco y navarro, destina fondos a la solidaridad interterritorial.  

  Ahora, el Gobierno catalán deberá negociar con el Ejecutivo de Mariano Rajoy cómo materializar el pacto fiscal, que en cualquier caso no entraría en vigor hasta 2014, cuando vence el actual sistema de financiación autonómica.

"COLABORAR ADMINISTRATIVAMENTE"  

  Tras semanas de intensas negociaciones, finalmente no ha habido acuerdo sobre la hacienda propia, ya que CiU, ERC e ICV-EUiA, que suman mayoría, defendían que una agencia tributaria catalana se ocupase de la gestión, recaudación e inspección de todos los impuestos, mientras que el PSC defendía que lo hiciese un consorcio participado por Cataluña y el Estado, presidido por la Generalitat.

   El texto que se ha aprobado este miércoles asegura que la Agencia Tributaria Catalana tendrá "plena capacidad" en la gestión tributaria.  

  También añade que "debería colaborar administrativamente con otras administraciones de carácter local, estatal y europeo, especialmente en la lucha contra el fraude fiscal", pero este redactado no ha contentado a los socialistas.

   En palabras del portavoz del grupo socialista, Miquel Iceta, la forma en la que se ha hecho la votación ha puesto de manifiesto que no ha habido voluntad para integrar al PSC en el acuerdo final.

SOLIDARIDAD CON ESPAÑA  

  Tras la hacienda propia, el segundo punto más emblemático del acuerdo es la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas.

   El documento concreta que los recursos a la solidaridad interterritorial "deben destinarse a los servicios básicos del estado del bienestar teniendo en cuenta el esfuerzo fiscal", lo que se ha aprobado con el voto de PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA.

    El modelo vigente, que se cerró tras duras negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno del PSOE, incorporó una novedad: que tras realizar la solidaridad territorial, Cataluña no quedaría por debajo de la media de recursos públicos por habitante.   

 El texto que se ha aprobado va un paso más allá e indica que antes y después de ejercer la solidaridad, "Cataluña no puede perder posiciones".  

  Por tanto, si antes de hacer la solidaridad, Cataluña fue la tercera autonomía con más recursos por cápita, debe seguir ocupando esta posición, cuando ese año ocupó la décima, según los últimos datos oficiales disponibles, los de 2010.  

  Lo que el PSC no ha apoyado es que el establecimiento de lo que debe aportar Cataluña se establezca de forma "bilateral" con el Estado y se revise cada cinco años.   

 El PSC sí que ha aprobado junto con CiU, ICV-EUiA y ERC que la Agencia Tributaria de Cataluña se ocupa de la "gestión, recaudación, liquidación, revisión, sanción e inspección de todos los tributos", y que todo ello se baje bajo el principio de la progresividad fiscal.