Los 'populares' han presentado su candidato ante el registro de la Cámara Baja.

    Sánchez, hasta ahora director general de Telemadrid, se convertirá, tras la aprobación de las Cortes, en el decimonoveno presidente de RTVE de la democracia y en el cuarto que accederá al cargo con el respaldo del Congreso, tras sus predecesores Luis Fernández, Albert Oliart y Leopoldo González-Echenique.

   Cada grupo parlamentario ha podido presentar desde el pasado miércoles un solo nombre para dirigir la corporación, cuya votación se realizará en el Pleno del Congreso. Durante el periodo de interinidad, el consejero a propuesta del PP José Manuel Peñalosa, ha ocupado la presidencia en funciones.

   Una vez seleccionado el candidato, debe recibir el visto bueno de la comisión de nombramientos de la Cámara Baja. Después, los candidatos serán sometidos a votación en el Pleno del Congreso. Falta por conocer si el nombramiento de Sánchez se alcanzará con el apoyo de la oposición, algo que no ocurrió con Echenique.

   En una primera ronda, se buscará aprobar los nombres por mayoría de dos tercios. En caso de no conseguirse, 24 horas después se podrá celebrar una nueva votación, en la que la aprobación se conseguiría con mayoría absoluta, por lo que el PP podrá sacar adelante sus propuestas en solitario.

   El anterior presidente accedió al puesto con la luz verde del Congreso en segunda vuelta, con 194 votos a favor (de PP y CiU) de los 279 votos emitidos, 74 en blanco y 4 nulos.

   Esta designación es posible tras aprobar el Gobierno un decreto ley en el año 2011 por el cual modificaba la forma de elección del consejo de administración de la radiotelevisión pública, que exigía desde 2006 (año en que se aprobó la ley de reforma de RTVE) el consenso de dos tercios de la Cámara de los Diputados.

   Este Real Decreto reformaba el anterior sistema de renovación de RTVE y fue aprobado por el Gobierno con el objetivo de "desbloquear" una negociación entre los partidos políticos que no permitía acordar un nuevo presidente. Esta situación se prolongaba en el tiempo casi cerca de un año tras la dimisión del anterior dirigente, Albert Oliart.

   Antes de la aprobación del Real Decreto, el dirigente de la corporación debía ser elegido por dos tercios del Congreso de los Diputados, es decir, contar con el respaldo de al menos 248 diputados, según mandataba la Ley de Radiotelevisión pública estatal de 2006, lo que hacía necesario un acuerdo entre PP y PSOE.

   Esta medida suscitó las críticas de los partidos de la oposición, que se mostraron contrarios al método de elección. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya aclaró que no se trataba "de un golpe institucional", pues aplicaba una fórmula ya contemplada en el año 2006.

   Así, la propia Ley de Radio y Televisión Pública, aprobada en 2006, incluía una disposición transitoria similar a la cláusula introducida por el Real Decreto, para el caso de que no se llegara a un consenso sobre el primer presidente de RTVE. No obstante, esta disposición sólo era aplicable para elegir al primer presidente de RTVE y a los miembros del primero Consejo de Administración, pero no para el resto de directivas.

   En cuanto a las elecciones anteriores, el primer presidente de la Corporación pública, Luis Fernández, fue elegido en 2006 de entre los miembros del Consejo de Administración. Tras su cese, su sustituto Oliart fue designado por acuerdo de la Cámara baja entre PP y PSOE en noviembre de 2009. Echenique, por su parte, accedió con el respaldo de la mayoría absoluta en el Congreso con el apoyo de los votos de PP y CiU.

SIN RENOVACIÓN DEL CONSEJO

    Por otro lado, los grupos parlamentarios no han alcanzado un acuerdo para la renovación del consejo de administración, con cuatro de sus miembros, en concreto, de dos consejeros propuestos por el PP, uno por el PSOE y otro por IU, que agotaron su mandato hace más de un año.

   Los cuatro consejeros que agotaron su mandato en diciembre de 2012 son: Andrés Martín Velasco y Rosario López Miralles (PP), Miguel Ángel Sacaluga (PSOE) y Teresa Aranguren (IU).

   Todos ellos fueron nombrados por el Congreso y el Senado el 19 de diciembre de 2006. Juraron su cargo el 15 de enero de 2007. Además, según la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, su mandato es de seis años contados desde su nombramiento.

   Una vez finalizado ese plazo, la ley prevé que los consejeros salientes continuarán en sus funciones hasta el nombramiento de los nuevos, que tienen que se aprobados con al menos un acuerdo de la mayoría absoluta del Congreso y el Senado, si transcurridas 24 horas desde la primera votación en cada Cámara no se consigue una mayoría de dos tercios.

   La falta de acuerdo entre el PP y el PSOE provocó que la última renovación del Consejo de Administración de RTVE, prevista para 2010, se retrasara dos años, hasta junio de 2012, tras la reforma de la Ley impulsada por el Gobierno que cambió el proceso de elección y redujo el número de miembros, de doce a nueve consejeros.

LAS CUENTAS DE RTVE, EL PRINCIPAL RETO

   Las cuentas de RTVE serán el principal reto al que se enfrentará Sánchez. Las pérdidas de RTVE se cifran en 716 millones de euros desde el año 2007, cuando nació la corporación, hasta el año 2013.

   Asimismo, el organismo arrastra desde los últimos dos años un déficit estructural en torno a los 100 millones de euros. Es por ello que desde sus últimas comparecencias en el Congreso, Echenique reiteró en numerosas ocasiones la necesidad de llevar a cabo "ajustes técnicos" en el modelo de financiación, sin cambiar totalmente el modelo y descartando en todo caso la posibilidad de hacer recortes de empleo.

   Precisamente, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, descartó la semana pasada que RTVE volviese a emitir publicidad, si bien adelantaba que la corporación contará con financiación "complementaria" al presupuesto de 1.200 millones de euros contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

   Preguntado sobre si esa financiación sería aparte de los 1.200 millones de euros, Montoro explicó que "se completaría". "Se trata de una financiación complementaria que vaya destinada a una actividad para que los servicios públicos hagan lo que no hacen los privados", apuntó.