El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha calificado hoy de "perplejidad" la situación por la que atraviesa España como consecuencia de los últimos casos de corrupción, si bien ha subrayado la importancia de las instituciones públicas, pese a la supuesta implicación de algunos de sus representantes, y por ello ha defendido la necesidad de preservarlas desde su regeneración.

   "Las instituciones públicas son fundamentales para nosotros como sociedad y como Estado, sin ellas no podríamos vivir, y por ello no podemos colaborar a su destrucción, lo que hay que hacer es restaurar su buen nombre pero sin destruirlas", ha enfatizado Lesmes durante la ponencia pronunciada esta tarde en el III Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla bajo el título 'Los jueces y la regeneración democrática'.

   En su alocución, la mayor parte centrada en la corrupción, el magistrado ha reconocido que cuando España pasa por "tiempos turbulentos" y "la convivencia se siente perturbada por aquellos servidores públicos que tienen que imponer ese orden jurídico a los demás", la sociedad a vuelve la mirada hacia los jueces en busca de respuesta.

   Pese a reconocer la gravedad de la situación, el máximo representante de jueces y magistrados, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha realizado una encendida defensa de esas instituciones públicas afectadas por la corrupción y ha recordado que la situación no es nueva, pues ya hace veinte años otras del Estado sufrieron esas turbulencias, en alusión a los casos de los entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, "que se llevaba el dinero de los huérfanos del Cuerpo, y no por ello se destruyeron esas instituciones".

   En ese necesario proceso regenerador de las instituciones, Lesmes sitúa como herramientas fundamentales la "transparencia", como la Ley específica aprobada en diciembre de 2013 y que entrará en vigor en diciembre de este año y obligará a todas ellas a iniciar una forma de trabajo distinta a la actual", así como la "publicidad" de todos su actos.

   "La transparencia conduce al buen gobierno, a una mayor eficacia, participación y calidad, mientras que la publicidad es garantía del ejercicio del poder público", ha subrayado Lesmes, quien ha apostillado que ello se ve hoy facilitado por las nuevas aplicaciones tecnológicas. De hecho, ha recordado que el propio CGPJ que preside ha predicado con el ejemplo y que su compromiso de transparencia es hoy una realidad a través de su web, pues el objetivo es que "la luz del sol entre por las ventanas del edificio de la calle Marqués de la Ensenada como una contribución decisiva al buen gobierno".

   Lesmes sí ha reconocido que la lucha contra la actual corrupción, especialmente en casos de delitos económicos complejos, entre los que ha incluido el 'Gürtel' y los 'ERE' de Andalucía, con un millón y más de dos millones de documentos, respectivamente, plantean serias dificultades a la hora de que los instructores, Pablo Ruz y Mercedes Alaya, puedan atenderlos con la agilidad necesaria y cerrarlos en tiempos razonables.

   Así, tras destacar la "independencia" y "profesionalidad" de los dos instructores, el presidente del Supremo ha lamentado que el problema de fondo es estructural a causa de un sistema judicial con limitaciones, una Ley de Enjuiciamiento Criminal obsoleta y una proliferación de casos que está desbordando a los jueces, "a los que no se puede reprochar nada".

   Al respecto, Lesmes ha defendido el papel de los fiscales como impulsores de la investigación, siguiendo el modelo extendido en el resto del mundo, ya que supone contar con más efectivos, en lugar de un sólo instructor, y ello a pesar de la "desconfianza" que pueda generar entre los ciudadanos el papel de la acusación pública, fundamentalmente del Fiscal General del Estado, en aquellos casos que puedan afectar al partido que sustenta al citado cargo.

LA GRAN REFORMA DE LA JUSTICIA

   En cualquier caso, el magistrado ha demandado una "gran reforma de la Justicia", objetivo que, según entiende, no es posible alcanzar desde el "consenso necesario" en lo que queda de legislatura y que, además, plantea como principal obstáculo la excesiva atomización del sistema judicial español, con un Ministerio del ramo, un CGPJy trece comunidades con competencias asumidas.

   "Es preciso una unidad de mando, y el problema es que ahora hay muchos centros de poder no subordinados entre sí y ninguno manda sobre otro", ha resumido Lesmes.

   Este último también se ha mostrado partidario de una reforma de la configuración actual de partidos judiciales, nacidos en 1834 pero que ciento ochenta años después siguen con una estructura y número similar y "quizá ello no sea idóneo para la Justicia española".