"Lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y 'res sacra' católicas, le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica", reza la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así lo ha indicado Cantera en una carta enviada este miércoles 9 de octubre en respuesta a la misiva que le envió la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la que le daba un plazo de cinco días para comunicar su posición con respecto a la exhumación.

El prior explica que se siguen manteniendo las razones por las que denegaban su autorización al Gobierno para entrar en el templo y exhumar los restos del dictador. En concreto, precisa que "no existe el consentimiento de la familia" y que "se mantienen los principios religiosos y morales afectados".

Según han indicado a Europa Press fuentes de la Abadía, la carta de Carmen Calvo llegó al email de la Abadía del Valle de los Caídos el 3 de octubre, una vía diferente a la utilizada en el pasado cuando el Gobierno enviaba sus cartas por correo certificado e incluso las entregaba en mano.

Carmen Calvo informaba al prior en su carta de que el Gobierno va a proceder a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo y le pedía que comunicara su posición sobre la misma en el plazo de cinco días.

Ahora, Cantera ha respondido a la vicepresidenta que la sentencia del Supremo no se refiere al recurso presentado por la comunidad benedictina sino al de la familia Franco. "La sentencia que me anexa se refiere a un procedimiento en el que esta Abadía no ha sido parte y, por tanto, no resuelve alegaciones esenciales planteadas en nuestro recurso", subraya el prior.

En concreto, se refiere a "la vulneración de la libertad religiosa" de su comunidad al pretender actuar en un lugar sagrado, la basílica, y sobre una "res sacra" (sepultura), "sin la preceptiva autorización eclesiástica".

Además, precisa que en su demanda, los monjes alegaban en su mayor parte vulneraciones de derechos fundamentales "cuya última palabra no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".

Por ello, aunque la vicepresidenta recordaba en su carta al prior que este había dicho en su día que estaban sujetos a lo que decidieran las autoridades competentes, Santiago Cantera puntualiza que "el sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el Ordenamiento ofrece ante una violación de derechos fundamentales".

Además, el prior añade que no solo se mantienen las razones que alegaron en su momento para negar el acceso a la Abadía sino que "se han agravado" en el transcurso del procedimiento administrativo y judicial ante el hecho de que, según la tesis del Gobierno "la inviolabilidad de los lugares de culto, y las cosas sagradas, depende de lo que decida una ley nacional", lo que, a su juicio, es "inadmisible".

"Si autorizáramos ahora la exhumación, no solo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán, sino que careceríamos de justificación para oponernos, como nos opondremos a la exhumación de los 20 monjes de la Abadía que yacen en el cementerio de la Abadía", añade.

Finalmente, el prior y su comunidad se ponen a disposición del Gobierno "para tratar de encontrar una solución a esta situación" algo que consideran, "sin duda, posible", siempre que se "respete" su "libertad religiosa y demás derechos implicados".

En una nota de prensa posterior a la publicación de la carta, el prior del Valle de los Caídos ha aclarado que con su posición la Abadía "no ha desacatado, en modo alguno, ninguna sentencia del Tribunal Supremo", en primer lugar, porque indica que su recurso aún no ha sido resuelto y, en segundo lugar, porque "el Acuerdo del Consejo de Ministros reconoce expresamente necesitar de la autorización eclesiástica".

"Utilizar los posibles recursos contra resoluciones judiciales no es desacato sino ejercicio legítimo de derechos fundamentales. En consonancia con ello, la Abadía benedictina defenderá sus derechos y, en especial, el concepto de inviolabilidad de los lugares de culto en todas las instancias nacionales e internacionales a las que tenga acceso", zanja.