Así consta en el sumario que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que recoge Europa Press, en el que se investiga la creación de estructuras de Estado por parte de la Generalitat de Cataluña así como los preparativos y la celebración del referéndum ilegal de independencia.

La Guardia Civil preguntó al juez si podía destruir el material de votación incautado --conservando ejemplares de toda la documentación intervenida el pasado 20 de septiembre-- durante la 'operación Anubis', en una nave industrial del municipio de Bigues Riells, en Barcelona, debido al enorme espacio que ocupa.

De hecho, tras el registro de la nave, que duró varias, horas, salieron de ella siete furgones de la Guardia Civil de gran tamaño cargadas con la documentación entre la que se encontraban, además de los casi 10 millones de papeletas impresas con el "sí" y el "no" para el 1-O, diversa cartelería que llevaba inscrito el anuncio de "local electoral", así como actas con listas numeradas de votantes, actas para el recuento del escrutinio y de constitución de las mesas electorales.

Aquel día fue detenido, para ser interrogado, el propietario de la citada nave, el abogado y empresario Pau Furriol Fornells, también militante de ERC y accionista de una conocida cervecera.

Tras la petición de la Guardia Civil, el juez que la Benemérita requiriera al propietario de la citada nave si tenía alguna alegación que realizar en relación con la petición de destrucción del material incautado y daba a éste cinco días para que respondiera.

Para tal fin, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil citó a Pau Furriol Fornells, quien compareció el pasado 9 de noviembre y manifestó que él no es el propietario del material electoral y que no conoce a quién puede pertenecer dicho material incautado en la nave de su propiedad.

Por este motivo, dijo no tener "nada que alegar" sobre la destrucción de ese material "sin necesidad de esperar los cinco días de plazo" que había dado el Juzgado.

Con la respuesta incorporada a las diligencias, el juez decidió dar traslado la petición al resto de las partes personadas, incluidos los investigados, para que se pronuncien sobre la petición de destrucción del material electoral incautado. No obstante, en la parte del sumario de la que ya está levantado el secreto, no aparecen aún las alegaciones de las partes, ni tampoco la decisión final del juez. Sí consta la posición favorable de la Fiscalía.

La Guardia Civil considera y así consta en el sumario, que la mano derecha de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep María Jové Lladó fue quien organizó el "aparato logístico" que permitió adquirir el material, tanto papeletas como sobres y documentación electoral, necesaria para el referéndum y que fue incautada en la operación del pasado 20 de septiembre.

De hecho, los agentes aseguraban en un informe remitido al Juzgado antes del referéndum ilegal que, a pesar de haber requisado las papeletas y sobres con la documentación electoral, la posición de Jové como su "ya demostrada capacidad de organización logística" permitía pensar que podía "ser capaz de volver a organizar la compra o cualquier otra actividad organizativa para el 1 de octubre de 2017, fecha del referéndum".