El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso su plan de trabajo para la nueva comisión para la reforma del modelo territorial, que busca que tenga un carácter "abierto a la sociedad" y, para ello, pretende citar a expertos constitucionalistas, historiadores, periodistas, filósofos, sociólogos y economistas, entre otros.

Los socialistas han solicitado un bloque de comparecencias institucionales que consideran que deberían de acordarse entre los distintos grupos y que incluye a los 'padres' de la Constitución --Miguel Roca, Miguel Rodríguez Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca--, a miembros del actual Gobierno y de ejecutivos anteriores y a presidentes autonómicos, pero no especifica a quiénes en la nota de prensa que ha difundido.

En concreto, el PP ha sugerido llamar a tres expresidentes del Gobierno, incluyendo junto a Felipe González tanto a José María Aznar como al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien está excluido, sin embargo, del listado registrado por Ciudadanos.

Asimismo, el PSOE quiere citar a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a las principales organizaciones sindicales y empresariales, a las Academias de las Lenguas y al Instituto Cervantes.

"CAUCE" DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS

Pero, además, también busca que la comisión sea un "cauce" de las nuevas demandas ciudadanas y, en aras de ese fin, ha optado por reclamar la presencia en sede parlamentaria de expertos constitucionalistas, como Javier García Roca; filósofos, como Adela Cortina; historiadores, como Santo Juliá; sociólogos, como Belén Barreiro, expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS); y politólogos, como Pablo Simón.

También quiere llamar a economistas, como Antón Costas; representantes de diferentes organizaciones sociales, como Intermón-Oxfam; personas del ámbito de la cultura, como Joan Manuel Serrat; periodistas, como Iñaki Gabilondo; así como directores de los principales periódicos y diarios digitales.

El listado se completa con los embajadores en España de países como Alemania, Austria, Estados Unidos o Canadá, ya que en el PSOE consideran que es fundamental la exposición de los principios de organización, funcionamiento y equilibrio que rigen en otros Estados de estructura política y administrativa descentralizada.

En su plan de trabajo, el grupo que capitanea Margarita Robles señala que la fase de comparecencias debe culminar en un plazo de seis meses, para lo cual ve necesario poder trabajar en el mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios, y celebrar una media de entre cuatro y seis comparecencias semanales.

Los socialistas pretenden que esta nueva comisión, de la que son impulsores, haga un balance de la experiencia autonómica que, a su juicio, ha sido un "éxito" y un "motor de progreso" del conjunto de comunidades autónomas, pese a identificarse también "disfunciones".

EXAMEN ESPECÍFICO DE LA CRISIS CATALANA

Han dividido el trabajo en tres grandes bloques: Evaluación global del Estado autonómico, incluido un examen específico de la situación de Cataluña; examen de la perspectiva de las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y Entidades Locales; y examen de la perspectiva de las organizaciones empresariales y sindicales.

Los socialistas juzgan necesario identificar las necesidades de reforma y proponer, de acuerdo con los procedimientos previstos y desde el máximo consenso posible, respuestas que puedan ser compartidas por la mayoría de los españoles y de las instituciones.

Según defienden, "hay respuestas que pueden ofrecerse dentro del actual marco legal, otras que requerirán la modificación de distintas leyes del Estado, y otras que deberían alcanzarse mediante una determinada reforma constitucional".

Entre otras cuestiones, plantean examinar las exigencias del principio de igualdad de los españoles; el reconocimiento y consecuencias efectivas de las llamadas "singularidades"; la ordenación de las competencias; la capacidad del Senado para facilitar la participación de las comunidades en la toma de decisiones en el ámbito estatal y como instrumento de cooperación, interconexión e integración de políticas territoriales; la constitucionalización de los principios del modelo de financiación autonómica; y la ampliación del reconocimiento de la autonomía local.

Además, apuntan que la situación política catalana exige que la comisión sea "un espacio útil e inmediato" para desarrollar un diálogo entre las fuerzas políticas dirigido a ofrecer un marco de convivencia para Cataluña "dentro de la Constitución y la Ley".

Ante el "grave deterioro de la normalidad constitucional y estatutaria, el abandono del diálogo y de la negociación política, las violaciones de la legalidad y la fuerte fractura social" que se ha producido, esta comisión "abre un espacio formal de diálogo imprescindible para acometer y dar salida a la actual situación", señalan.

EL DICTAMEN, BASE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El PSOE propone en el plan de trabajo presentado que, concluidas las comparecencias, deberá nombrarse una ponencia que elabore el dictamen de la comisión, que contendrá un informe sobre el contenido de las intervenciones y también propuestas de resolución, incluidas las que supongan modificaciones de textos legales tanto en relación con la Constitución como con el resto del ordenamiento jurídico.

Una vez que la comisión apruebe el dictamen, plantea que éste sea remitido, junto con los votos particulares, para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno. Aprobado por el Pleno, el dictamen se remitirá a la Comisión Constitucional para que sus conclusiones formen parte de él, y sirvan de base para, la anunciada reforma constitucional.

Desde el PP, su portavoz, Rafael Hernando, ha remarcado que si las conclusiones apuntan a una reforma constitucional, su partido no pondrá "ningún problema", pero ha defendido que existen "otras vías de cambio" que se van a ir viendo en la comisión y que, en su opinión, "seguramente son más eficaces y atractivas que una reforma genérica de la Constitución".