El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha concedido este viernes un plazo de quince días a la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para que sus peritos de parte elaboren una réplica a las conclusiones del último informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que cuestiona de forma rotunda el sistema de financiación elegido para dotar las ayudas socio-económicas presuntamente irregulares en Andalucía entre 2000 y 2010.

   A petición de la defensa de Griñán, que dirige el abogado José María Mohedano, el juez concede el plazo si bien advierte que en su último documento, ampliación del presentado en su día ante la juez de Sevilla Mercedes Alaya, el IGAE no aporta "datos ni argumentos sorpresivos  qu no se hubieran ya tratado en el primer informe y en la ratificación de Sevilla".

   La asignación de este plazo, unida al visto bueno por el magistrado de la aportación a la causa de nueva documentación a petición también de las defensas parece indicar que la decisión final de Jorge Barreiro sobre las imputaciones -sobre cuántos de los cinco aforados solicitará finalmente el suplicatorio a las Cortes- no será inminente.

   En su último escrito al tribunal, al que ha tenido acceso Europa Press, Griñán justificaba la necesidad de un contrainforme "en aras al derecho de defensa".

   Recordaba además que los peritos del IGAE tuvieron hasta tres meses para contestar el informe que él solicitó a dos catedráticos de Derecho Tributario de la Universidad Carlos III, ya que esta pericia fue solicitada en febrero y el trabajo no llegó al Supremo hasta el pasado 20 de mayo.

HURTO AL CONTROL, SEGÚN LA IGAE.

   En su último informe, los cuatro  los peritos de la Intervención General señalan, en relación con el instrumento empleado para dotar las ayudas -las denominadas transferencias de financiación- que su "primer y principal efecto fue hurtar su fiscalización a la Intervención Delegada en la Consejería de Empleo, posibilitando así el otorgamiento de subvenciones al margen del procedimiento legal establecido".

   Señalaban que sus conclusiones "en la práctica totalidad de los temas tratados", son "radicalmente contrarias" a las obtenidas por los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Lago, autores del informe pericial de parte presentado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán.

    "En contra de lo indebidamente afirmado" por el informe de los catedráticos de la Universidad Carlos III, según la IGAE, "la naturaleza, el destino, la clasificación presupuestaria" y otros extremos de las transferencias de financiación han venido siendo regulados durante los últimos años por un total de 45 normas que avalarían su tesis de que no conforman un instrumento adecuado para arbitrar ayudas como las cuestionadas en este procedimiento penal.

   Además, los peritos insisten en que la concesión de las ayudas tuvo su origen en la "fraudulenta elaboración por el Ejecutivo andaluz del anteproyecto y proyecto de presupuesto del organismo público denominado IFA (luego IDEA) y del de la Consejería de Empleo.

      Igualmente reiteran los peritos judiciales que el Parlamento de Andalucía fue inducido a error a la hora de elaborar las leyes de presupuestos.

   En este punto argumentan que el presupuesto del IFA-IDEA le llegó al Parlamento "fraudulentamente formulado, al contener gastos ficticios que permitían justificar la inclusión en la Consejería de Empleo de la transferencia de financiación indebidamente presupuestada con la que cubrirlos".

   Añaden que la documentación anexa al presupuesto "no permitía detectar con claridad cuál era el órgano concedente de las subvenciones y, en consecuencia, cuál era la partida presupuestaria adecuada a utilizar". A todos estos argumentos deberán contestar ahora, de nuevo, los peritos de parte de Griñán.