Miercoles, 09 de julio de 2025

El nuevo Parlamento venezolano instala la comisión para examinar a los magistrados del Supremo

El Supremo declara nulos los actos del nuevo Parlamento venezolano

El TSJ ha emitido este lunes una resolución en la que declara en desacato a la cúpula de la nueva Asamblea Nacional por no cumplir la sentencia del 30 de diciembre en la que ordenó la suspensión de tres de los 112 diputados de la MUD.

   En consecuencia, ha ordenado la "desincorporación inmediata" del Parlamento de los legisladores Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, "lo cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en sesión ordinaria".

   Además, el alto tribunal ha declarado "absolutamente nulos los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los tres ciudadanos" sujetos a dicho fallo.

   La MUD ya advirtió de que los tres diputados tomarían posesión del cargo pese a la decisión del TSJ, al considerar que se trata de "un golpe judicial" orquestado por el Gobierno de Nicolás Maduro para debilitar la 'súper mayoría' de la oposición en el hemiciclo.

   La pérdida de estos tres diputados dejaría a la MUD por debajo del umbral de los 110 escaños, lo que convertiría su mayoría reforzada de dos tercios en una mayoría absoluta que limita los poderes legislativos de la coalición opositora.

EL PAPEL DEL TSJ

   Precisamente, la Asamblea Nacional ha instalado este lunes la comisión que se encargará de revisar el nombramiento de los 13 magistrados titulares y los 21 suplentes del TSJ realizado por el 'chavismo' antes de ceder el gobierno de la cámara a la MUD.

   La designación de los magistrados del TSJ es especialmente importante en el actual contexto político venezolano, con una Asamblea Nacional en manos de la MUD --después de 16 años de hegemonía 'chavista'-- y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

   El TSJ será el responsable de dirimir los conflictos que se planteen entre Parlamento y Gobierno por la aprobación de leyes, decidiendo en qué casos prevalecerá el veto presidencial y en cuáles la decisión del Poder Legislativo.

El nuevo Parlamento venezolano instala la

comisión para examinar a los magistrados

del Supremo

   La nueva Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, ha instalado este lunes la comisión que se encargará de evaluar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron designados 'in extremis' por el anterior Parlamento, controlado por el 'chavismo'.

   "Hemos cumplido con la instalación formal de esta comisión con el mandato de la plenaria de analizar la forma en que fueron electo los 13 magistrados titulares y los 21 suplentes", ha dicho el presidente de este grupo de trabajo, Carlos Berrizbeitia.

   Berrizbeitia ha explicado en una rueda de prensa que ya han pedido "todos los archivos" de la comisión que se encargó de la designación de los 34 magistrados del alto tribunal para "hacer un estudio serio" sobre la legalidad del proceso.

   Como signo de transparencia, Berrizbeitia ha revelado que las sesiones de la comisión serán "a puerta abierta" por lo que a ellas podrán acudir "todos los medios de comunicación" que lo deseen, así como organizaciones internacionales, ONG y juristas.

   "No es una comisión para perseguir a nadie", ha aclarado, explicando que el objetivo es "decir la verdad al país" sobre las posibles irregularidades en el proceso de selección, si bien ha reconocido que aún no hay "ningún tipo de prueba o indicio".

   La Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- denunció que los magistrados titulares y suplentes fueron obligados a dimitir, a pesar de que su mandato vencía en diciembre de este año, para que el 'chavismo' pudiera condicionar la composición del TSJ.

   La designación de los magistrados del TSJ es especialmente importante en el actual contexto político venezolano, con una Asamblea Nacional en manos de la MUD --después de 16 años de hegemonía 'chavista'-- y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

   El TSJ será el responsable de dirimir los conflictos que se planteen entre Parlamento y Gobierno por la aprobación de leyes, decidiendo en qué casos prevalecerá el veto presidencial y en cuáles la decisión del Poder Legislativo.


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