El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha fallado este martes en contra de la reforma de la ley de educación superior en Hungría que forzó al cierre de la Universidad Centroeuropea (CEU) --fundada por el magnate estadounidense George Soros--, al concluir que las nuevas reglas son discriminatorias y violan la libertad académica y la libertad de establecimiento protegidas por el Derecho comunitario.

La reforma puso en cuestión la viabilidad de universidades privadas extranjeras al introducir nuevas exigencias para estos centros, incluidos para aquellos que ya obtuvieron en el pasado la autorización necesaria de las autoridades húngaras para instalarse en el país.

Entre las nuevas exigencias impuestas a las universidades de capital extranjero destaca la obligación de contar con acuerdos bilaterales entre el Budapest y el país de origen del centro en cuestión, así como la condición de desarrollar su actividad educativa también en el país de origen.

En este contexto, el Tribunal con sede en Luxemburgo considera que las condiciones introducidas por el Gobierno de Viktor Orban para permitir a instituciones extranjeras de educación superior tener actividad en Hungría son "incompatibles con el Derecho europeo".

El caso se remonta a 2017, cuando Hungría promulgó la ley en cuestión y la Comisión Europea le abrió un expediente sancionador al considerar que esta reforma suponía una violación de varias normas europeas, entre ellas la libertad de establecimiento, la libertad académica y el derecho a la libre circulación de servicios.

El TJUE da la razón a Bruselas en su fallo en cuanto a que ve una "discriminación injustificada" a la libertad de establecimiento y de circulación de servicios por parte de Budapest al exigir a los centros extranjeros condiciones que no impone a las instituciones húngaras.

Además, la Justicia europea recoge en su sentencia que la reforma puede "poner en peligro la actividad académica" de las universidades extranjeras afectadas por los cambios y lo interpreta como una "injerencia" contra libertades protegidas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, tales como la libertad académica.

BRUSELAS PIDE A ORBAN QUE CAMBIE LA LEY

Tras conocerse el fallo, la Comisión Europea ha tomado nota de la sentencia de Luxemburgo y subrayado que se trata de un fallo que "sigue la posición que ha defendido la Comisión desde el principio de todo", al tiempo que ha instado al Gobierno de Orban a cumplir con lo dictado por el Tribunal y modificar la polémica ley.

"Hungría tiene que tomar ahora medidas rápidas para cumplir y adaptar sus disposiciones nacionales en línea con el Derecho de la UE", ha expresado un portavoz comunitario consultado por Europa Press, quien ha añadido que el Ejecutivo comunitario "vigilará con atención" que se aplica la sentencia.

Bruselas ha querido también destacar que la libertad académica es un principio al que confiere "gran importancia" y que está protegido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, por lo que seguirá velando para que sea respetado.

Esta ha sido la única toma de posición por parte del Ejecutivo comunitario sobre el fallo, después de que el comisario húngaro, Oliver Varhelyi, haya eludido responder en rueda de prensa cuando se ha pedido su valoración. A preguntas de la prensa, el portavoz que acompañaba al comisario ha tomado la palabra para advertir de que ese tema no formaba parte de la agenda del Colegio de Comisarios de este miércoles y se ha limitado a repetir la posición oficial.

BUDAPEST DENUNCIA UN "DOBLE RASERO"

La ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, ha asegurado que esta sentencia obedece a un "doble rasero" por parte del TJUE y que es "inaceptable". "No puedes aprobar una ley que pone a la Universidad Soros en una posición más ventajosa que las universidades húngaras", ha alegado en declaraciones a la agencia de noticias MTI.

Varga ha asegurado que el Gobierno de Orban aplicará el fallo, aunque ha matizado que lo hará "conforme a los intereses del pueblo húngaro".

Por su parte, el presidente y rector de la CEU, Michael Ignatieff, ha celebrado en una rueda de prensa en Viena que la sentencia "restaura la libertad" del centro, en la medida en que invalida la polémica ley. La universidad tiene previsto seguir en Viena, ciudad a la que trasladó el grueso de sus actividades en 2019, pero no descarta también establecer ciertos programas en Budapest, según la agencia de noticias DPA.