Ello no ha impedido, sin embargo, que en esta primera jornada del juicio, celebrada este lunes, se sentase en el banquillo de los acusados.

   La sesión ha finalizado a las 22.00 tras más de diez horas, durante las cuales las partes han aportado nuevas pruebas y han dado a conocer sus propuestas. Justo al término de la jornada, la Sala ha informado a las partes de que será antes del 9 de febrero cuando se reanude el juicio con el interrogatorio de los acusados, cuando decida si atiende a la petición de la defensa de la Infanta y la Fiscalía Anticorrupción de que le sea aplicada la anterior doctrina.

   Durante su intervención, el fiscal Pedro Horrach ha subrayado que "la única respuesta judicial posible" para la Infanta es el archivo de su imputación, al aseverar que "la Fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen". Asimismo, ha subrayado que "no es posible orillar" la aplicación de la Ley en este sentido "amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'".

   Más en concreto, se ha referido al artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo solicitan Fiscalía y acusación particular. De hecho, tal y como ha abundado, el artículo 124 de la Constitución "otorga al Ministerio Fiscal la misión de defender la legalidad, y ello incluye el cumplimiento del artículo 782 de la LeCrim en sus estrictos términos".

   Para reforzar sus alegatos, el fiscal ha expuesto un caso "idéntico" al de la Infanta, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública.

   Por su parte, el abogado Jesús María Silva, defensor de doña Cristina, ha solicitado en esta misma línea que le sea aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" del Tribunal Supremo en torno a la doctrina Botín, y ha solicitado la nulidad de la apertura del juicio oral contra la Infanta, dictado por el juez José Castro en diciembre de 2014, al aseverar que Manos Limpias "no puede sostener en solitario la acusación contra Doña Cristina".

   El letrado ha reclamado así que se dicte el archivo de la imputación de la mujer de Iñaki Urdangarin y, en esta línea, ha apuntado que, "para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS al respecto".

   "No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado", ha remarcado Horrach, quien ha aseverado tajante que el Derecho penal "no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes" puesto que "las apariencias sólo son poses y espejismos".

   Horrach ha aportado asimismo un nuevo informe que refuerza su tesis acerca de que no se puede trasladar al ámbito penal el papel de la Infanta al frente de la mercantil Aizoon, a través de la cual su marido, Iñaki Urdangarin, habría defraudado a Hacienda en 2007 y 2008.

   Tal y como ha expuesto el fiscal, el informe, elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, avala el hecho de que "no se puede trasladar al ámbito penal lo que no supone una infracción administrativa".

CALENDARIO ESTABLECIDO

   De acuerdo al calendario actualmente establecido, el primero de los acusados en declarar, el 9 de febrero, será el exdirector general de Deportes del Govern balear José Luis 'Pepote' Ballester -uno de los 'arrepentidos' en este proceso-, a quien seguirán el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel Àngel Bonet y Matas.

   Tras ellos, está previsto que durante los siguientes días comparezcan el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, el también exdirector José Manuel Aguilar, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres, éste y Urdangarin.

   Finalmente, y a propuesta de Manos Limpias, la lista la componen, por orden, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, Alfonso Grau, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet, y la propia Infanta, quien sería la última en declarar en caso de que se mantuviera este calendario y no se le aplicara la doctrina Botín.

El tribunal admite los informes presentados

por Horrach y la Infanta durante el juicio

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, encargado de juzgar a la Infanta Cristina y a los otros 17 acusados del caso Nóos, ha admitido como prueba en la vista oral el informe entregado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach para reforzar sus tesis sobre la hermana del Rey Felipe VI, así como el aportado por la defensa de ésta.

   La Sala ha reanudado el juicio, tras un receso de dos horas, a las 21.30 horas para decidir sobre las nuevas diligencias propuestas por las partes en esta primera jornada y, entre otras, ha declarado pertinente como prueba el dictamen entregado por Horrach y elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, sobre el papel de los socios no administradores de empresas utilizadas para defraudar, como habría sucedido en el caso de la Infanta con la sociedad Aizoon.

   De hecho, el dictamen señala que quienes no ostentan funciones de gestión no pueden incurrir en responsabilidades penales por el mero hecho de ser socios en la misma.

   Del mismo modo, el tribunal también ha admitido el informe aportado por el abogado de la Infanta, Jesús María Silva, que rebajaría en 50.000 euros el total de 587.413 que ya abonó la hermana del Rey a petición de Anticorrupción en concepto de participación en los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin.

   Según las acusaciones, Urdangarin utilizó Aizoon como "pantalla" para facturar a través de la misma retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que debía haber declarado en su IRPF.

   Se trata de unos ingresos que percibió de mercantiles como Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard (Francia), Havas Sports France y Seeliger y Conde que quería ocultar a la hora de pagar el IRPF y que, según Hacienda, deben imputarse a la persona física [en relación al marido de la Infanta] y no a la persona jurídica [Aizoon]. Mediante esta ardid, Urdangarin habría defraudado hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

   La pericia de la Infanta, cuya aportación a la causa ha sido informada favorablemente por Horrach, fue entregada el pasado 30 de diciembre a la defensa de Cristina de Borbón y vendría a solventar, aunque arrojando una diferencia económica mínima, las dudas que esta parte tenía sobre la "correcta magnitud de esta participación" de la infanta en el presunto fraude.

   La defensa de la doña Cristina consignó los 587.413 euros que le reclama la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2014. Se trataría de la cantidad de la se habría beneficiado, en concreto, a través de Aizoon, empresa propiedad al 50 por ciento del matrimonio y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos. Con su sociedad, Urdangarin defraudó además hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.